81 millones de pesos a la basura
El presupuesto de seguridad pública de este año para el ayuntamiento de Iguala fue de 81 millones 365 mil pesos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2014, recibió 68 millones 865 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
En mayo, en recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), el gobierno federal le entregó otros 10 millones de pesos. Se trata de recursos que llegan etiquetados y los municipios son responsables de distribuirlos y administrarlos.
Hubo una época en la cual, si no cumplían con normas estrictas, como el control de confianza de sus elementos, se congelaba la inversión para el año siguiente. Y hubo muchos municipios que, con tal de no cumplir con esos requisitos, preferían quedarse sin ese dinero.
Luego las normas cambiaron a favor de los alcaldes. Aunque los resultados no han mejorado.
Cuando en 2013 se distribuyó este subsidio se tomaron en cuenta dos factores principales: el nivel de población y la incidencia delictiva.
En el primer año de la administración del presidente Peña Nieto, Guerrero ocupó el primer lugar de homicidios en el país y seguramente ese estado cerrará el 2014 también en el primer lugar de la lista.
Hay que recordar que, según el Consejo Ciudadano, Acapulco es considerada la tercera metrópoli más violenta del mundo.
Cuando se distribuyen los recursos del Subsemun, se tienen objetivos generales que el municipio debe cumplir: Fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública y con ello salvaguardar los derechos y la integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública.
Fortalecer y equipar a los cuerpos de seguridad. Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad. Promover una política preventiva que incida sobre contextos socioculturales. Alinear las capacidades del Estado para la prevención social del delito. Todo es muy importante, pero casi todo es subjetivo.
En Iguala no se logró ni uno solo de estos puntos. No sólo no se encontró la paz pública, sino que los propios policías fueron los que trabajaron con el grupo criminal Guerreros Unidos para desaparecer a los 43 normalistas, en las mismas patrullas de la policía. Con armas y equipo financiado con los impuestos de los ciudadanos.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Iguala 2012-2015, el municipio contaba en el 2012 con 381 policías y para octubre de este año la cifra había disminuido a 318.
Hace unos días aquí nos preguntábamos ¿dónde están los policías? Y es que después del pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas, más de 200 policías ya no volvieron a sus puestos de trabajo.
Ahora la pregunta es: ¿dónde está el dinero? Y lo grave es que lo que sucedió en Iguala está pasando en muchas zonas del país. La policía municipal está al servicio del crimen organizado.
La situación es compleja, y es en estos momentos cuando se debería instaurar un mando único que pueda controlar la seguridad de una manera más eficaz. El problema no se puede solucionar retirando los subsidios en rubros de seguridad, porque hay muchos otros municipios y estados que sí están cumpliendo con los objetivos y necesitan ese dinero para poder combatir la delincuencia. Pero el control debe estar centralizado y quien no cumpla debe irse.
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