Niños enjaulados, como agujas en un pajar
La presión mediática y política que se desató luego de ver las imágenes de los niños “enjaulados” llorando desconsolados en los centros de detención, el pasado miércoles 20 de junio, obligó a Donald Trump a dar marcha atrás y firmar una orden ejecutiva, para poner fin a la separación de familias que llegan a Estados Unidos de manera ilegal.
Esto no quiere decir que Trump haya recapacitado con respecto a la tragedia que viven cientos de niños en los centros de detención. Al contrario, busca darle la vuelta a su favor. Es por eso que sigue defendiendo sus políticas migratorias con argumentos como el de que su único fin es proteger a las familias de Estados Unidos.
Incluso, ha invitado a familias estadounidenses, cuyos hijos fueron presuntamente asesinados por indocumentados. Trump ejemplifica y dice que esos ciudadanos estadounidenses sí fueron separados permanentemente de sus seres queridos, “no están separados por un día o dos días, están permanentemente separados”.
A partir de la fecha en que se firmó la orden ejecutiva, los menores siguen siendo encerrados (“enjaulados”), pero ahora junto a sus padres.
Estas jaulas existen ya desde hace mucho tiempo, no han sido construidas para las detenciones actuales en donde se están separando familias. Se hicieron para detener ahí a los migrantes y deportarlos uno o dos días después, no para largas temporadas como las están utilizando en la administración Trump.
Pero en el caso de los más de dos mil 300 niños que están detenidos, muchos separados de sus padres y otros que cruzaron la frontera solos, es una verdadera pesadilla.
No se tiene un registro de cada niño y de cada padre. No se sabe en cuál de todos los centros de detención están, ni en qué estado de la Unión Americana.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de la custodia de los menores, ha tenido contratiempos para implementar las directrices de la orden ejecutiva de Trump.
Es por eso que abogados migratorios se quejan de que el gobierno estadounidense no cuenta con las directrices para la reunificación de las familias, y que además, ellos tienen que trabajar como “detectives privados” para localizar y unir a los padres con sus hijos, es como “hallar una aguja en un pajar”, aseguran.
De acuerdo con la directora de derechos de los inmigrantes en la Comisión de Mujeres Refugiadas, Michelle Brané, las dificultades radican en que, en algunos casos, no se cuentan con los datos correctos de las familias; incluso, algunos de los padres ya fueron deportados sin los menores.
Por ejemplo, relata el caso de una niña registrada como una menor de dos años y que usaba pañales. Ella hablaba quiché (una lengua maya) y nadie entendía lo que decía. Tras el trabajo de investigación se encontró que en realidad tenía cuatro años, su nombre era otro y su tía estaba “en el mismo centro, encerrada en otra jaula”.
Existen otros casos de niños que fueron registrados como menores no acompañados, cuando en realidad sí cruzaron la frontera con al menos uno de sus padres.
Para Wendy Young, presidenta de Kids In Need of Defense (KIND), el trabajo que están realizando para ayudar a los padres que buscan frenéticamente a sus hijos es caótico, “los integrantes de mi equipo legal se han convertido en detectives privados”.
Los esfuerzos para unir a las familias separadas han sido titánicos, pero los resultados son mínimos. La organización Texas Civil Rights Project, que representa a más de 300 padres separados de sus hijos, ha informado que hasta hace unos días, sólo había podido localizar a dos.
La que ya fue localizada e identificada es la niña cuyo llanto fue grabado al ser separada de su madre en la frontera. Recuerda usted que el audio divulgado por ProPublica fue escuchado por millones de personas y provocó una indignación generalizada. Se trata de Alison Jimena Valencia Madrid, de seis años; ella está en Phoenix, Arizona, mientras que su madre está detenida en Port Isabel, Texas. Tras un viaje de 17 días desde El Salvador a la frontera entre México y Estados Unidos, aún no sabe cuándo la podrá volver a ver.
Para muchos de los menores que ya fueron separados de sus padres, la reunificación depende del resultado del proceso de deportación. Es decir, si un juez determina que el padre tiene derecho a pedir asilo, las autoridades deben entregarle a su hijo, pero si el juez decide que los padres deben ser deportados, entonces sólo podrá acceder a la custodia de su hijo cuando esté a punto de ser expulsado. El problema es el tiempo que tardan estos juicios.
Casi 500 mil personas han donado 18.5 millones de dólares para ofrecer servicios legales a las víctimas de las políticas antiinmigrantes de la administración Trump. Aun con estos esfuerzos muchos niños nunca volverán a ver a sus padres, ya sea por que están perdidos en el sistema o porque muchos han cruzado la frontera solos.
Sin duda una verdadera crisis humanitaria.
Crecen protestas
La política separatista de Donald Trump ha generado polarización entre los estadounidenses. Los actos de repudio contra el magnate crecen en aquella nación. El sábado, manifestantes dejaron un letrero afuera del restaurante The Red Hen, ubicado en Lexington, Virginia en el que se lee: “la democracia requiere de un gobierno con principios. Gracias Red Hen”. Lo anterior, luego de que el establecimiento negara servicio a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
Tras lo anterior Sanders pidió en conferencia, ayer, un debate saludable al afirmar que se puede dialogar libremente y sin hacer daño. Por su parte, Trump, fiel a su estilo, atacó al comercio y aseguró: “Siempre tuve una regla, si un restaurante está sucio por fuera, está sucio por dentro”.
Estos ataques los sufrieron también Stephen Miller, asesor del magnate, a quien le gritaron “fascista” en un local de comida; y Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguriadad Interior, quien fue abucheada en un restaurante de Texas el jueves pasado.
Ayer, Trump renunció a su política de “tolerancia cero”. Dio la orden de no entregar a la justicia penal a indocumentados que son detenidos acompañados de algún menor, a menos de que tengan antecedentes penales o sean sospechosos de abuso o maltrato. Su portavoz, Sanders, asegura que no están cambiando de línea, sino que lo hacen porque no hay recursos suficientes para mantener instalaciones adecuadas para albergar a los menores.
