¿Por qué no se han podido reducir sueldos?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Fue a inicios de septiembre cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados revivió la minuta de la ley que había llegado del Senado en noviembre de 2011.
En ese año, el proyecto de ley, que fue impulsado por el PRD y promovido por Pablo Gómez, establecía regular las percepciones de los funcionarios de los tres Poderes de la Unión y de todos los entes públicos federales, incluidos los organismos de autonomía constitucional.
Finalmente, el 13 septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pese a que la oposición quería revisar 17 reservas a la minuta, al Código Penal y a los transitorios; Morena lo impidió.
Y es que esta ley era clave para sustentar la reducción de salarios en el sector público; es decir, la austeridad republicana prometida por el Presidente López Obrador.
En ese entonces, el mandatario había anunciado que ganaría 108 mil pesos mensuales, lo que afectaría en automático el ingreso de más de mil 400 jueces y magistrados.
Sueldos que no son de 600 mil pesos como se dijo.
La prohibición para que los funcionarios públicos ganaran más que el Presidente de la República está en el Artículo 127 de la Constitución; sin embargo, un transitorio exentó del tope a ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura, magistrados del TEPJF y consejeros del INE, aunque estos últimos eran los únicos que no percibían ingresos mayores a los del Ejecutivo federal.
En los primeros minutos del miércoles 31 de octubre, el presidente del Senado, Martí Batres, ordenó la publicación de la llamada Ley de Salarios Máximos para su entrada en vigor.
Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron el lunes 5 de noviembre las reformas legales para que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República y, además, se eliminaban las pensiones a los exmandatarios.
La nueva legislación entraría en vigor una vez aprobado el Presupuesto 2019.
Sin embargo, el lunes 26 de noviembre la SCJN admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley Federal de Remuneraciones.
La CNDH pedía a los integrantes de la SCJN que declararan la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La CNDH asegura que la ley viola diez derechos humanos, principios legales y garantías, entre ellos los de igualdad, no discriminación y remuneración anual irrenunciable y proporcional a las responsabilidades, así como principios de legalidad, debido proceso en materia de responsabilidades de los servidores públicos, progresividad de los derechos y seguridad jurídica.
Pero no fue todo. A principios de diciembre, las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC en el Senado, además del independiente Emilio Álvarez Icaza y legisladores del Verde y PT, presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Eran 55 senadores los que firmaron el documento y que representan más del 33 por ciento que pide la ley para poder presentar el recurso.
El punto central de la controversia, de acuerdo con los legisladores, es el artículo 94, que tiene que ver con el Poder Judicial, que es un poder autónomo, y el Ejecutivo no puede tasarles un salario a ellos.
Fue así como el pasado viernes el ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán ordenó la suspensión de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al aceptar a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la república.
“Procede conceder la suspensión para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes y todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la ley reclamada”, ordenó el ministro Pérez Dayán.
Los salarios tendrán que ser fijados con base exclusivamente en lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que fijó el sueldo del Presidente como tope.
Por lo tanto, los diputados no podrán bajar los salarios de los ministros, jueces y magistrados federales y locales, consejeros de la Judicatura, y consejeros del INE, cuyas percepciones están protegidos por la Carta Magna.
Ahora, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar la suspensión mediante una reclamación que resolvería una de las Salas o el Pleno de la Corte, pero ésta tendrá que esperar hasta 2019, cuando ya estará vigente el Presupuesto de Egresos, debido a que la SCJN no tendrá sesiones en lo que resta del año.
Estas resoluciones han provocado una sana distancia entre el Gobierno federal y el Poder Judicial. Y está bien que, aunque sean pocos, México todavía tenga contrapesos, sobre todo con un gobierno que tiene tanto poder, con mayorías en ambas cámaras y el control del Gobierno federal.
Crece el conflicto
Luego de que el viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a tribunales colegiados de todo el país aplazar la resolución de amparos promovidos por impartidores de justicia en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, ayer la bancada de Morena en el Senado de la República anunció que impugnarán ante el alto tribunal esta determinación.
“La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el artículo 64 de la ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN. Demostraremos que se violó la ley”, tuiteó Ricardo Monreal, líder de los legisladores de ese partido.
Ayer se dio a conocer que ya suman 862 demandas de amparo contra dicha norma, tramitados por cuatro mil 74 personas, de las cuales 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 externos, pertenecientes a funcionarios de diversas dependencias federales, órganos autónomos y paraestatales, como PGR, Cofece, Pemex, IPN, CFE, Cisen, INE y SAT.
Ayer, en un hecho sin precedentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., se manifestaron en 30 entidades del país y lanzaron un posicionamiento público ante lo que calificaron como “el falso discurso” de que los juzgadores del país son privilegiados y viven del abuso al erario, con salarios de más de 600 mil pesos; también la SCJN rechazó estos dichos.
