Asesinadas por sus parejas

Cada dos días una mujer es asesinada por su pareja en la Ciudad de México.
Un informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México.

 

Las estadísticas lo demuestran, las delegaciones con mayor número de mujeres asesinadas por sus parejas en la Ciudad de México son: Gustavo A Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.  En su mayoría se trata de mujeres entre 20 y 39 años, a quienes sus parejas les quitan la vida.

En 2017, según este mismo estudio, en tan sólo 13 estados se contabilizaron casi 800 asesinatos de mujeres entre enero y julio. En más de la mitad de los casos no se presentó denuncia. La mayor incidencia se encontró en Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato.

Cuando una mujer es golpeada y abusada física y psicológicamente por su pareja se encuentra en una situación de absoluta vulnerabilidad. Y como nos demuestran los datos duros no es exageración: pueden perder la vida.

Por eso sorprendió tanto que la semana pasada, la Secretaría de Salud anunciara la suspensión de los subsidios para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que operan refugios para mujeres y niños víctimas de violencia extrema; acatando así la decisión del Gobierno federal de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano.

Son albergues que personalmente he visto cómo funcionan. Están en lugares que no se dice abiertamente donde están, precisamente para resguardar a las víctimas. Y son fortalezas para proteger a mujeres y niños de la violencia intrafamiliar, no sólo para resguardarlas, sino para apoyarlas y que comprendan que este tipo de violencia de parte de sus parejas no es aceptable.

Días después se matizó el tema, pero la realidad es que estos albergues pueden dejar de recibir recursos. Con base en lo que se ha informado, el Gobierno federal podría dejar de destinar 346 millones 482 mil pesos a los refugios que operan en el país.

De inmediato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la suspensión de los recursos para refugios de mujeres y sus hijos víctimas de la violencia los dejaba en un estado de vulnerabilidad e indefensión, por lo que exigió a las autoridades tomar las acciones necesarias para que se evite poner en riesgo físico y psicológico a las mujeres y sus hijas e hijos.

Además, la CNDH advirtió que las personas beneficiarias de este programa quedarían expuestos a situaciones de riesgo para su seguridad, dignidad e integridad.

Para entender la repercusión de esta decisión basta con observar estas estadísticas; de acuerdo con el Inegi (2017), de las mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento ha enfrentado violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida, mientras que 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y el 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de un agresor distinto a su pareja.

Además, el Inegi señaló que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 fueron asesinadas tres mil 580 mujeres; es decir, en México casi siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y durante el año pasado fueron asesinadas en promedio casi 10 mujeres por día.

De los 72 refugios y 60 Centros de Atención Externos que existen en México, 70 por ciento son operados por Organizaciones de la Sociedad Civil, y sólo 30 por ciento por instituciones públicas. Se estima que todos los días llegan en promedio 54 mujeres a los refugios operados por las organizaciones civiles.

Entre 2015 y 2018, el presupuesto para este programa aumentó de 250 millones de pesos a 350 millones; sin embargo, para este año se redujo a poco más de 346 millones.

Pero el Presidente López Obrador mantiene su decisión de no canalizar recursos a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales, dijo, recibían en el pasado alrededor de 30 mil millones de pesos: “Si el mexicano no es menor de edad, para qué la tutela, para qué el intermediarismo, por qué no de manera directa y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían”, acusó.

Y dos personajes muy cercanos al Presidente López Obrador cuestionaron la medida de cancelar recursos para los albergues.

En su Twitter Martha Lucía Mícher escribió: “Comparto la preocupación sobre esta decisión, ya que se pone en riesgo la vida y la seguridad de mujeres y niñas víctimas de la violencia”, mientras que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, alertó sobre el riesgo que corren las mujeres: “Es importante revisar la decisión de cortar el apoyo a los Refugios para mujeres e infantes víctimas de la violencia extrema. Sin alternativa concreta del Estado quedarían sin protección personas que están en grave vulnerabilidad”.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ha declarado que buscan definir una estrategia “más conveniente” para garantizar los derechos de mujeres, niñas y niños, en particular de quienes son víctimas de violencia extrema: “Vamos a ver cómo se optimiza más ese dinero e, inclusive, si es necesario, a través de otros programas, otras acciones, consolidar esta necesidad, esta obligación humana que se requiere para esta población”, afirmó.

Cancelar los recursos para estos albergues es un tema literal de vida o muerte en muchos casos.

Reciben doble golpe

Los ajustes que el Gobierno federal busca en la actual administración para evitar los gastos “superfluos” afectaron doblemente a las mujeres en las últimas semanas, al anunciar que ya no se darán recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

El más reciente fue el recorte a los refugios de mujeres víctimas de la violencia, lugares seguros para quienes escaparon solas o con sus hijos de su pareja y familia, para detener la agresión a la que eran sometidas día a día.

Luego de que se informara la medida, como oleada surgieron relatos de quienes se llenaron de valor para dejar atrás a la pareja que las golpeaba y humillaba y quienes lograron escapar de un feminicidio seguro, casos por los que decenas de mujeres alzan la voz y han salido a manifestarse.

Pero el primer impacto fue cuando dijo que se recortarían los fondos a las estancias infantiles, pues en éstas también existe corrupción y por ello ya no darían recursos a las organizaciones que encabezan los centros de apoyo para mujeres trabajadoras.

 

Muchas de ellas recriminaron el ajuste que las afecta, pues no tienen con quién dejar a sus hijos y para atenderlos deberán renunciar a su trabajo y se quedarán sin ingresos.

Por ello, demandaron una revisión exhaustiva de las más de nueve mil estancias en el país, para detectar a las que han cometido irregularidades y que sean éstas las que se queden sin recursos.

 

 

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