La justicia para Lydia, 14 años después
Casi catorce años han pasado desde que Lydia Cacho fuera virtualmente secuestrada por agentes judiciales del estado de Puebla en Quintana Roo, subida a un automóvil y llevada por carretera, en medio de acosos y apremios, hasta la ciudad de Puebla, para ser procesada por la publicación del libro Los demonios en el Edén, sobre las redes de pederastia controladas por el empresario Jean Succar Kuri.
La detención, a todas luces ilegal, fue organizada por el entonces gobernador, Mario Marín, con uno de los acusados, el empresario y socio de Succar Kuri, José Kamel Nacif. Todos supimos de esa conjura cuando se divulgó una conversación telefónica entre ambos. Ayer un tribunal federal libró orden de aprehensión en contra del exgobernador Marín Torres; de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la policía estatal; de Juan Sánchez Moreno, exdirector del desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales y del empresario Kamel Nacif Borge por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
El libro de Lydia Cacho tiene algunos errores y algunas acusaciones injustas, no sobre Succar Kuri, evidentemente culpable de esos delitos por los que cumple una larga condena en prisión, sino sobre otros personajes; pero fue un reportaje valiente y documentado, que sirvió para exhibir un negocio tan deleznable como criminal. Su ilegal detención fue una simple venganza. Las grabaciones difundidas sobre la forma en que se tramó y desarrolló la aprehensión de Lydia para trasladarla a Puebla, acusada de un delito de difamación del que nunca siquiera se le informó que se le había iniciado un proceso, exhibe la forma en que el poder del dinero puede llegar a tener una influencia decisoria en las relaciones con el poder político.
En la grabación, el estilo prepotente y perverso del empresario Kamel Nacif (su solicitud de que Lydia fuera violada, lo que afortunadamente no ocurrió; su exigencia de que fuera trasladada esposada y bajo todo tipo de apremios por carretera desde Cancún a Puebla; su propia forma de expresarse; su desprecio por las mujeres) lo exhiben plenamente. Kamel Nacif pudo actuar como actuó, manejar al Ministerio Público, los policías judiciales, los directivos del Cereso, hablar con una familiaridad casi grotesca con el gobernador Mario Marín (que se adaptó sin problemas al lenguaje y la lógica del empresario) por una sencilla razón: fue uno de los principales aportantes a la campaña electoral del mandatario. Le estaban pagando a este personaje los favores que le debían por el apoyo recibido en la campaña.
Son varios los acusados que ahora, 14 años después, reciben orden de aprehensión pero no son todos los involucrados. Cuando Guillermo Pacheco Pulido fue designado gobernador interino del estado de Puebla, luego de la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, mi compañero en Todo Personal, Jorge Fernández Menéndez, escribió que el ahora gobernador interino “se vio directamente involucrado en el caso de la periodista Lydia Cacho, cuando fue detenida ilegalmente en Cancún, en diciembre de 2005, para ser trasladada por tierra, mil 500 kilómetros, hasta Puebla, trayecto en el cual fue sometida a todo tipo de apremios ilegales. Pacheco Pulido fue quien ordenó la detención de la comunicadora”.
Lydia Cacho reprobó que Pacheco Pulido fuera contemplado como uno de los candidatos a gobernador interino, “ya que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo en sus manos su expediente y ordenó que la entonces jueza Rosa Celia Pérez le dictara un auto de formal prisión por la publicación del libro Los demonios del Edén, para complacer, dijo Cacho, al empresario Kamel Nacif y al exgobernador Mario Marín Torres.
En un texto agregado a la reedición de ese libro, “Lydia detalló que la juez Rosa Celia Pérez González recibió llamadas telefónicas del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pacheco Pulido, quien fue el que le ordenó, vía telefónica, que se le dictara el auto de formal prisión y, además, se le impusiera una fianza excesiva por el delito de calumnia y difamación de honor contra Nacif y el gobernador”. Apenas el 10 de enero pasado, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en las violaciones a los derechos de Lydia Cacho, por la detención arbitraria y agresiones en su contra, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a la periodista. Y ahora uno de los responsables de ese agravio es premiado con una gobernatura interina, mientras los demás corresponsables reciben una orden de aprehensión.
El caso Lydia Cacho tiene enormes repercusiones sociales, políticas y de todo tipo. Por eso la importancia de que no sea olvidado.
