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La legalidad de la Guardia Nacional

Comenzó el despliegue de la Guardia Nacional. Ha entrado en operaciones en Veracruz, particularmente en el área de Minatitlán y Coatzacoalcos, en la zona fronteriza con Oaxaca, y también en algunas alcaldías de la Ciudad de México, sobre todo en la Gustavo A. Madero y las limítrofes con el Estado de México; todas esas zonas azotadas por altos grados de violencia.

 

Su entrada en operación antes de que estén aprobadas las leyes secundarias que deben regir su accionar son la más palpable demostración del grado de violencia e inseguridad existente y de la urgencia por tratar de recomponer la situación en varios puntos del país. Es verdad que la Guardia Nacional, ya aprobada su conformación en términos constitucionales, puede comenzar a actuar sin apartarse de la legalidad, pero hacerlo sin que estén aprobadas las leyes secundarias no deja de ser un riesgo, sobre todo para sus propios integrantes, ya que no cuentan con la norma legal con base en la cual tendrán que regir su accionar.

También es verdad que en los hechos, los que se han desplegado, ya con el logro “GN” en sus uniformes, siguen siendo los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que se están integrando a la Guardia Nacional y que, en última instancia, se regirán por las normas que tienen hoy en esos cuerpos militares.

 

El tema de las leyes secundarias no es menor porque existe la tentación en algunos grupos políticos de dar marcha atrás en la concepción aprobada constitucionalmente de la Guardia Nacional, a través de sus leyes operativas. Dicho grupo es un cuerpo civil, eso queda claro a todo el mundo, pero sus principales mandos provienen, lo mismo que sus integrantes, del ámbito militar, y deben tener una disciplina y unas normas coherentes con ese origen.

Legalmente se le ha otorgado al Presidente de la república, durante un plazo de cinco años, la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, para garantizar la seguridad interior.

Al mismo tiempo, se ha establecido que la Guardia Nacional tenga una suerte de Estado Mayor, integrado por representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar), la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Existen grupos que quieren minimizar el papel de esa instancia, colocada en lo más alto de la cadena de mando de la Guardia Nacional, para convertirla en una suerte de instancia de coordinación y asesoría sin responsabilidades operativas, para que la GN no tenga ninguna característica que se pudiera identificar como una institución militar.

Es un error y algo que no tiene sentido: como decíamos, la Guardia Nacional es un organismo civil porque depende de instancias civiles, pero su conformación surge de instancias militares, su disciplina y capacidad de operación dependen de ese origen y sus mandos también deben tener esa misma formación.

De otra manera, simplemente se volvería a hacer lo mismo que antes y, siguiendo a Einstein, si siempre se hacen las mismas cosas de la misma forma, siempre se obtendrán los mismos resultados.

La Guardia Nacional comienza en el sur de Veracruz y en algunas alcaldías de la Ciudad de México, porque son zonas donde se ha perdido el control de la seguridad. Lo sucedido en la fiesta de Viernes Santo en Minatitlán es imposible verlo como una exageración de los medios, como sostuvo una tristemente célebre legisladora de Morena. Es la máxima expresión de la violencia que sufre ese estado y que las autoridades locales no aciertan siquiera a controlar. La sucesión de asesinatos, incluso en forma destacada de niños y mujeres, en los últimos días, no hace más que confirmar la urgencia.

En la Ciudad de México también se ha perdido el control de la seguridad en varios puntos de su geografía, en forma destacada en la Gustavo A, Madero. Uno tras otro se dan los ajustes de cuentas en esa demarcación, convertida en el centro de muchas actividades de narcomenudeo que trascienden hacia otros puntos de la capital del país.

La situación se torna políticamente más compleja porque tanto Veracruz como la Ciudad de México son territorios gobernados por Morena, por el nuevo oficialismo, que ganó las elecciones con una firme promesa de garantizar la seguridad. En los dos estados los índices de inseguridad se han disparado y esos números han sido fundamentales para que, en el país, la administración de Andrés Manuel López Obrador haya tenido el peor trimestre en términos de seguridad de toda la historia reciente.

¿Alcanzará con la Guardia Nacional para revertir esta situación? No lo creo; hace falta mucho más, comenzando por una intensa colaboración de las propias autoridades locales, particularmente endebles en Veracruz y con muchos problemas en la Ciudad de México.

Pero se tenía que dar el primer paso y comenzar a operar. El Congreso no ha estado a la altura de las exigencias en términos legislativos o, según como se mire, está abrumado por la cantidad de reformas y cambios de todo tipo, exigidos por el Ejecutivo federal, que incluyen desde cambios constitucionales trascendentales hasta reformas intrascendentes que tienen como único objetivo cambiar todo lo anterior, aunque sea por algo poco claro e ineficiente.

Las leyes secundarias de la Guardia Nacional ya tendrían que haberse aprobado, pero no ha sido así por dos razones. Primero, porque, como decíamos, el Congreso no se da abasto ni tampoco parece tener la capacidad legislativa como para hacerlo. Segundo, porque con la dilación algunos grupos esperaban, esperan aún, distorsionar el proyecto aprobado en la reforma constitucional. Es por eso también que fue necesario que la guardia comenzara a operar y a mostrar músculo, aunque para ello se tengan que correr riesgos políticos y legales.

Primer golpe al crimen…

Un día después de que fuera desplegada de manera oficial, la Guardia Nacional dio su primer golpe al crimen en Veracruz al rescatar a un menor de edad secuestrado en Coatzacoalcos, sin que hubiera detenidos. Otro punto donde se prevé que empiece a operar esta corporación es la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, donde operan al menos una decena de organizaciones criminales y se han disparado los homicidios dolosos.