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¿Quién garantiza nuestra seguridad?

¿En manos de quién estamos?, ¿quién garantiza nuestra seguridad?

A seis meses de haber iniciado su gestión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inseguridad en México no ha podido ser controlada, y tiene razón. Pero no sólo no ha podido ser controlada, sino que, además, hay un aumento real de la violencia. Sobre todo en los delitos que más lastiman a la sociedad: robo a transeúnte, a casa habitación con violencia, secuestro y extorsión. 

 

El pasado viernes se llevó a cabo un operativo al interior de las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde elementos del Grupo Especial de Operaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a cinco integrantes de la Policía Federal Ministerial por el probable delito de secuestro agravado. 

Fue así como detuvieron a Librado “N”, Karina “N”, Luis “N”, Iván “N”y Raúl “N”.

Se sabe que algunos de los detenidos estuvieron en un inicio adscritos en áreas de combate al narcomenudeo y posteriormente pasaron a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final.

La detención derivó de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal tras el secuestro de una persona, ocurrido en enero pasado en la alcaldía Miguel Hidalgo, a quien despojaron de un millón 300 mil pesos.

De acuerdo con la AIC, el modus operandi de los presuntos secuestradores consistía en simular la detención de una persona para privarla ilegalmente de su libertad. Utilizaban vehículos que circulaban en convoy y se identificaban como policías federales ministeriales para llevar a cabo la detención; después exigían fuertes sumas de dinero a cambio de dejar libre a su víctima.

Según las autoridades, es probable que el secuestro de enero no fuera el primero, pues el grupo de policías usaba como modo de operación la ejecución de cateos y operativos sin orden judicial, así como la detención y extorsión de sus víctimas.

Lo cierto es que este hecho no es extraordinario: sólo en estos últimos días, en Tamaulipas, tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado fueron detenidos por el secuestrado de una persona, por quien exigían a sus familiares 800 mil pesos a cambio de liberarla.

En el Estado de México se han registrado 15 denuncias contra policías o expolicías que usan patrullas clonadas para realizar secuestros exprés. Utilizan patrullas tipo pick up con torreta, al tiempo que hombres y mujeres vestidos de negro detienen autos en calles de Ciudad Satélite, especialmente viernes y sábado por las noches, cuando los automovilistas salen de antros ubicados en calles como Pafnuncio Padilla, Federico T de La Chica, Manuel E. Izaguirre y Circuito Centro Comercial. De acuerdo con el coordinador general de Combate al Secuestro mexiquense, Rodrigo Archundia Barrientos, lo mismo ha sido detectado en Coacalco y Ecatepec.

Este fin de semana fue difundido un video en redes sociales que muestra el momento en el que un presunto jefe de la Policía de Investigación aparentemente extorsiona a un comerciante de La Merced, en el Centro Histórico.

Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, señaló que unos 200 agentes y mandos fueron destituidos de la zona centro de la Ciudad de México por presuntos vínculos con grupos delictivos.

Y es que el cártel de La Unión Tepito ha recurrido a policías y expolicías capitalinos y del Estado de México para integrarlos a sus filas.

¿Qué está pasando con los exámenes de control de confianza de los agentes? Más allá de los polígrafos, que no siempre sirven, hay una prueba muy sencilla, que es ver dónde y cómo viven los elementos de seguridad para saber si son confiables, y eso no es difícil de hacer. Estas instituciones le tienen que dar prioridad al control de confianza de sus elementos. 

El hecho es que por este tipo de actos terminan pagando muchos de los policías, tanto de la AIC como policías federales. Los agentes que trabajan bien, que son confiables, que nos cuidan, y son muchos, la mayoría.

Hoy les han quitado casi todas las prestaciones que tenían. Hace años, en la época de Genaro García Luna dentro de la Policía Federal, se tomó la decisión de que los uniformados debían tener sentido de pertenencía y responsabilidad con la institución.  

Tenían un sueldo base bajo, pero se les compensaba con un bono de desempeño, que en realidad era lo fuerte del ingreso. Con eso lograron créditos para sus casas o becas para sus hijos. Sabían que tenían que ser disciplinados porque si no, la pérdida era grande. 

Hoy se les retiraron los bonos y muchos aún están pagando sus créditos. Esto quiere decir que hay elementos a los que les quedan unos mil 500 pesos quincenales. 

También se han acabado los viáticos. ¿Imagínese usted a un policía que es trasladado a otro estado y sin viáticos? Tiene que mantener su casa y a su familia en su lugar de origen y sufragar los gastos personales que tiene en donde está desplegado.

El crimen organizado está al tanto de esto y les envía mensajes para que se sumen a sus filas. 

No estoy diciendo que porque les quitaron las prestaciones a los elementos de seguridad, éstos tengan que delinquir; es gravísimo que delincan y las consecuencias deben ser durísimas para estos sujetos.

Pero sí estoy convencida de que los elementos buenos, confiables, los que se la están jugando por la seguridad de este país, deben sentirse tranquilos y seguros en lo más importante: en el sustento de sus familias, manteniendo mínimamente el nivel de vida que honradamente estaban acostumbrados a tener. 

En la Guardia Nacional se piensa adoptar un esquema de salarios y condiciones dignas para sus elementos. Pero no son los únicos; se debe ir más allá y avanzar al mismo tiempo en su profesionalización, preparación y dignificación social. 

Mientras tanto, se deben aplicar estrictos controles de confianza, y a aquellos policías que los pasen y hagan bien su trabajo, brindarles tranquilidad y seguridad laboral, porque son ellos los que nos van a proteger. 

Delincuencia, incontenible

En los primeros cuatro meses de este año se iniciaron 9 mil 843 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio, lo que convierte al cuatrimestre en el más violento en la historia de México. Estas cifras colocan a Guanajuato como el estado más violento, seguido por el Estado de México y Baja California.  

En cuanto a la Ciudad de México, la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, admitió que existe una crisis en materia de violencia, la cual se refleja todos los días en el número de homicidios, como el ocurrido el sábado, cuando un hombre murió por un enfrentamiento entre bandas rivales en la colonia Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Asociación Alto al Secuestro, de diciembre de 2018 a abril de 2019 se registraron 826 casos; sin embargo, especialistas aseguran que las cifras de este delito no reflejan la realidad.

 

La Encuesta Nacional de Victimización 2018, publicada por el Inegi, revela que 81 mil 291 mexicanos respondieron que ellos o algún familiar fueron secuestrados, lo que representaría que todos los días ocurrieron 200 secuestros en nuestro país. Y es que tan sólo el año pasado se reportó que nueve de cada 10 secuestros en México no fueron denunciados.