La 4T se olvidó del medio ambiente
Sin estudios ambientales concluidos, el pasado domingo iniciaron los trabajos de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas, Tabasco.
En el marco de inicios de obra, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que la producción de combustible es un gran negocio en todo el mundo y que la refinación otorga “cuantiosas ganancias” en otros países.
Pero también tocó un tema que había sido crucial para el inicio de la obra. Dijo que el estudio técnico justificativo de la refinería para el cambio de uso de suelo ya está preaprobado y que esta semana se entregará el resolutivo final.
Después del trámite y de un periodo de 17 días, presentarán en ventanilla el estudio de riesgo ambiental y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional.
Es decir, se dio el inicio formal de la construcción sin tener la autorización de impacto ambiental requerida por las leyes de Equilibrio Ecológico y Desarrollo Forestal Sustentable en sus manos.
Tal vez por eso se modificó la sede del evento a la terminal marítima, aunque oficialmente se dijo que fue debido al pronóstico de lluvias en la región. ¿Será?
Lo cierto es que de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace, hasta un día antes de que formalmente se diera el banderazo de inicio a Dos Bocas, la Sener no había presentado los documentos a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Tampoco habían tramitado el ingreso de la MIA del proyecto, que debe ponerse a consideración de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el cual debe publicarse en la Gaceta Ecológica de la Semarnat para conocimiento de la sociedad.
Dos Bocas cuenta hasta la fecha con una autorización para realizar obras de dragado para la ampliación del puerto, pero no para la construcción y equipamiento de una refinería.
El pasado 15 de mayo, el director general de la ASEA, Luis Vera, señaló que incluso si el Gobierno federal llegara a presentar la MIA en estos días, el plazo mínimo para dictaminar es de 60 días hábiles.
Además, dejó claro que sin una autorización de impacto ambiental no pueden empezar a construir la refinería. En su caso, el Gobierno federal será acreedor a multas que van desde los cinco a los 60 millones de pesos, según lo marca la ley de la agencia, dependiendo de la disposición que violen.
Por lo pronto, el director del Cemda, Gustavo Alanís, adelantó que se alistan una serie de demandas ante las instancias ambientales, pero también en tribunales.
Y mientras esto ocurre para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, en Santa Lucía, los trabajos para construir el nuevo Aeropuerto no lucen mejor.
El gobierno también está a la espera de obtener la autorización de la MIA antes del 11 de julio, para poder expropiar los terrenos que no estén constituidos como ejidos, en el caso de que los dueños rechacen vender sus tierras para el área de amortiguamiento acústico y de seguridad, de mil 284 hectáreas, que requiere el aeropuerto.
Para tratar de mediar el problema, se han llevado a cabo audiencias públicas convocadas por la Semarnat, sobre la Manifestación de Impacto Ambiental que entregaron la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en abril.
En estas reuniones, los vecinos han manifestado de manera unánime su desacuerdo con la construcción del aeropuerto, principalmente por sus efectos ambientales.
De acuerdo con la MIA, el agua para el aeropuerto será suministrada mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea. En caso de que sean requeridas otras fuentes de suministro, serán determinadas en conjunto con la Conagua.
Mientras que los representantes de 12 pueblos de la zona aseguran que no es posible suplantar el proceso de inyección de agua mediante pozos, sin generar resultados adversos.
Además, señalan que según datos de la Conagua, en los acuíferos de la zona son extraídos 750 mil litros de agua al día para abastecer al Estado de México, Hidalgo y parte de la Ciudad de México; cantidad mucho menor frente a los seis millones de litros de agua al día que requerirá, según el estudio, la operación del aeropuerto.
Mientras tanto, el proyecto del Tren Transístmico, que busca conectar los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, también enfrenta sus problemas.
De acuerdo con el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, Miguel Ángel García, el plan interoceánico propiciará la destrucción del medio ambiente, violará los derechos de los pueblos indígenas y entregará la soberanía nacional a los intereses extranjeros.
En cuanto al Tren Maya, integrantes de la dirigencia nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) consideraron que el proyecto para el sureste del país debe garantizar el respeto al medio ambiente y la inclusión de los pueblos originarios.
Consideran que el Tren Maya debe poner en el centro a las personas, con un desarrollo equitativo y no para unos cuantos, y que conserve el medio ambiente, por lo que es necesario valorar el costo que tendrá “destrozar la selva”.
Y es que el proyecto del Tren Maya, cuya ruta comprende mil 525 kilómetros y atravesará cinco estados del país, afectará las áreas protegidas de Calakmul, Yum Balam, Sian Ka’an, Balam Kú y Balam Kin, además de que amenaza especies endémicas como jaguares, pumas, tapires, pecaris de labios blancos, saraguatos de manto, monos araña y águilas elegante, entre otras.
Un país necesita desarrollo, pero hay que hacerlo cuidando las medias ambientales, para que este desarrollo a la larga no cause más perjuicio que beneficio.
Hoy estamos ante graves problemas a nivel mundial por el cambio climático, y las cosas pueden complicarse aún más.
Que hagan estos proyectos si van a beneficiar el desarrollo del país, pero es fundamental que se realicen cuidando el medio ambiente; de lo contrario, las consecuencias a futuro pueden ser gravísimas para todos los habitantes sin excepción alguna.
