El verdadero enemigo de los taxis en regla
Manifestarse es un derecho, pero bloquear una ciudad es un delito. Más allá de la justicia o no de sus demandas, el lunes pasado, el llamado Movimiento Nacional de Taxistas bloqueó durante horas la Ciudad de México sin que nadie hiciera nada, con total impunidad.
No tienen derecho a hacerlo y las autoridades tienen la obligación de permitir la libre circulación de la ciudadanía. No fue así, y durante el paro de taxistas todos nos convertimos por unas horas en rehenes.
El paro de los taxistas fue para manifestar su inconformidad por la operación de las empresas que funcionan por medio de aplicaciones en teléfonos inteligentes para brindar servicio de transporte.
Insistieron en que esos corporativos, que brindan el servicio con automóviles de lujo y pago mediante tarjeta de crédito para brindar mayor seguridad a los clientes, cometen un delito, ya que no cuentan con una concesión o, dicen, no pagan impuestos.
Y es que la presión de este gremio no sólo ha puesto en jaque a los ciudadanos, sino a las empresas que ofrecen el servicio a través de las aplicaciones.
Apenas el pasado 20 de mayo, la Secretaría de Hacienda anunció un programa de retención de impuestos para las plataformas digitales de transporte y reparto de comida, como Uber, Cabify, DiDi, Easy Taxi y Rappi.
En el nuevo esquema, que se supone entró en vigor el 1 de junio, las plataformas retendrían de sus conductores y repartidores entre 3 y 9 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA. A través de un comunicado, Uber dijo que la medida no modificará la tasa de servicio.
Pero cabe aclarar que estas aplicaciones, o al menos Uber, ya pagaba impuestos. El 15 de julio de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un convenio que establece que las empresas que otorguen el servicio de transporte privado con chofer en la capital deberían entregar 1.5% del monto cobrado al usuario en cada viaje. Lo recaudado se iría al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.
Dos años y medio después, en enero de 2018, se desconocía el destino de los 182 millones 288 mil 669 pesos recaudados hasta ese momento. En octubre de 2018 la cantidad ascendía a 455 millones de pesos, de acuerdo con Uber. El destino sigue sin estar claro.
Además de este problema, los taxis que han pagado sus placas, permisos y más tienen otro problema mucho más grave: los taxis tolerados.
El tema de los taxis es complejo en la capital del país. Para entender cómo funcionan las concesiones y los permisos nos tenemos que remontar a varios años atrás.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, se otorgaron muchas licencias “toleradas”, para no llamarlas apócrifas, a personas afines a su movimiento político.
En ese entonces se estimaba que había más de 25 mil taxis que circulaban de manera ilegal con amparos hechizos. Los dueños de estas unidades pagaban aproximadamente tres mil 500 pesos por adherirse a esos recursos y estaban obligados a brindar apoyos políticos.
Las casualidades no existen, ¿usted se acuerda de las movilizaciones que se dieron en 2004 para apoyar a López Obrador tras su desafuero? Ahí participaron más de 500 taxistas beneficiados por su gobierno: bloquearon algunos puntos estratégicos de la ciudad por esa causa.
La gran mayoría de esos vehículos eran los llamados Taxis Pantera, unidades pirata que circulan con placas particulares de otros estados y con duplicados de amparos que han perdido una y otra vez.
Durante los años de mayor operación, los Pantera tuvieron ingresos netos anuales por más de 60 millones de pesos. Y es sabido que burlan la verificación vehicular.
Estos mismos grupos apoyaron luego el movimiento poselectoral del excandidato presidencial cuando éste cerró Paseo de la Reforma.
Años después se sacaron de circulación a varios de estos taxis sin permisos, pero todavía son muchos los que transitan irregularmente.
En octubre de 2014 taxistas concesionados denunciaron pérdidas de hasta 24 millones de pesos diarios por la competencia desleal que significan los más de 20 mil taxis ilegales que operan en la capital, que incluyen a los piratas y, dijeron, a los servicios a través de aplicaciones en el teléfono.
Es absolutamente justificable que los taxistas que pagaban mucho dinero para estar en regla estén molestos con la competencia desleal. Sin embargo, ésta no es únicamente la de los automóviles de Uber y Cabify.
Éstas, siendo empresas legalmente establecidas, pagan impuestos y todos los seguros correspondientes. El verdadero enemigo está en estos taxis pirata que circulan por la Ciudad de México.
Porque, además de que no pagan ni permisos ni seguros, en muchos casos se ven involucrados en delitos graves y han provocado que los ciudadanos no tengan la confianza de abordarlos en la calle. Le han dado mala fama a los taxis serios que pagan mucho por tener sus papeles en regla.
