Bonilla: la burla
Lo que está pasando con la duración del mandato de Jaime Bonilla como gobernador electo de Baja California es gravísimo, y sentará precedentes de cómo será la democracia de nuestro país. Un mandatario que fue votado para gobernar su estado por dos años está tratando de hacer una maniobra a base de comprar legisladores, para quedarse por un periodo de cinco años.
Pero hay más violaciones a la ley. El gobernador electo de Baja California es ciudadano estadounidense, e incluso trabajó para el Partido Republicano en Estados Unidos.
Él sabe que es ilegal lo que está haciendo, pero aun así se siente impune y poderoso y camina por las calles de su estado con una sonrisa en la cara.
Para Pamela San Martín, consejera electoral del INE, el Congreso de Baja California violó el Estado de derecho: “Es anticonstitucional. Suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio, donde los electores votaron por un gobernador para dos años, no para cinco”.
La consejera señaló que los legisladores no pueden aprobar algo que modifique una circunstancia anterior; es decir, no se pueden alterar las reglas con las que fuimos a la elección del 2 de junio.
Declaró que la implicación que tiene esta resolución de los diputados de Baja California es que “los ciudadanos voten algo en las urnas y sea un órgano ajeno, el Congreso, el que cambie el sentido de la decisión de los ciudadanos, que fue una gubernatura de dos años, no de cinco”.
Lo cierto es que no era la primera vez que se intentaba modificar la Constitución para ampliar el periodo de gobierno en Baja California.
En septiembre de 2018, con el proceso electoral ya en curso, se intentó ampliar el periodo del próximo gobernador por seis años; en esa ocasión fue la morenista Blanca Estela Fabela.
La propuesta de reforma no avanzó porque en el Congreso local se reconoció que lo impedía el artículo 105 de la Constitución Federal, que prohíbe modificar las normas electorales fundamentales 90 días antes del inicio del proceso electoral y durante éste.
Sin embargo, cuatro partidos políticos reclamaron esta determinación y fue entonces que procedió un juicio de revisión constitucional electoral, y el Tribunal Federal resolvió, de manera definitiva, dejar la gubernatura de dos años.
Cabe señalar que la reforma con la que se pretende ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años es contraria a los artículos 13, 14 y 105 de la Constitución Federal, que prohíben las leyes privativas, la aplicación retroactiva de las normas y la modificación de las reglas electorales durante el proceso electoral.
Mientras que los artículos 41 y 116 constitucionales establecen los principios electorales de certeza y legalidad y la definitividad de las etapas de los procesos electorales.
Durante el proceso electoral continuaron los intentos; en dos ocasiones se impugnaron las normas, pero no prosperaron.
A principios de 2019, el Tribunal Electoral local recibió recursos de inconformidad por la duración del periodo y determinó extenderlo a cinco años, pero en marzo se presentaron impugnaciones a nivel federal que terminaron por revocar la sentencia del tribunal local.
Un mes después, el entonces candidato Jaime Bonilla, interpuso otro recurso en contra del lapso de dos años, y nuevamente, el tribunal local ordenó que ampliara a un plazo de seis años.
Fue así como 21 de los 25 diputados que conforman la XXII Legislatura, que concluirá el 31 de julio, decidieron reformar de nuevo la constitución para ampliar el periodo del gobierno, que a partir del 1 de noviembre encabezará Bonilla.
Un ingrediente más de esta insólita situación es que usted podría pensar que fueron los diputados morenistas quienes confabularon contra las leyes, pero no, la XXII Legislatura fue electa en 2016, cuando Acción Nacional era el partido dominante en la entidad, y está conformada por 12 panistas, cinco priistas, tres morenistas y un legislador de cada uno de estos partidos: PRD, PT, MC, PBC y Transformemos.
El único voto en contra lo emitió el panista Miguel Antonio Osuna Millán.
Lo cierto es que la llamada “Ley Bonilla” está cimbrando la democracia no sólo en Baja California, sino en todo el país.
Vulnera no únicamente los derechos político-electorales de los bajacalifornianos al restringir sus derechos a votar y ser votados en la elección de gobernador de 2021, con lo que viola el artículo 35 constitucional, sino el de todos los mexicanos.
Bajo el argumento que se utilizó en el Congreso local para ampliar la gubernatura de Bonilla alegando que hacer un proceso electoral en dos años es más costoso que hacerlo en cinco años y que el pueblo así lo pidió; bueno, eso es lo que dicen, imagínese usted: de hoy en adelante podrán argumentar que es más económico hacer elecciones presidenciales cada doce o dieciocho años en vez de lo establecido en las leyes y la Constitución, que es cada sexenio.
