Back

¿Dónde quedaron los testigos protegidos?

Sin inteligencia, investigación e información no sólo es imposible desmantelar grupos del crimen organizado y detener a sus líderes, sino también armar expedientes contundentes con pruebas, para dictar sentencias.

 

Esa información se obtiene, en muchas ocasiones, por medio de testigos protegidos.

La manera más eficaz que han utilizado las Fiscalías de Estados Unidos para armar los expedientes ha sido con información por medio del programa de testigos protegidos. A partir de esas declaraciones se han realizado investigaciones importantes que han llevado a la captura y, posteriormente, a la sentencia de los personajes más buscados. 

Aquí, en México, hemos visto
reiteradamente que la mayor parte de los casos se hace con acusaciones muy fuertes, que luego no se pueden sustentar. Por ejemplo, muchos de los asuntos de lavado de dinero. Esas acusaciones se pueden sustentar con información de testigos protegidos y de ahí iniciar una investigación sólida. 

Esos testigos hoy están prácticamente abandonados.

Hemos platicado con fuentes estadounidenses acerca de los programas de testigos protegidos. “Estados Unidos sólo negocia con delincuentes una vez que están en nuestro territorio y ellos no conocen los beneficios que obtendrán a cambio de esa información, hasta que se lleve a cabo su juicio”, indican.

Una vez que cualquier extraditado llega a EU, se puede acoger al programa Plea Bargaining, en el cual los detenidos brindan información. Para entrar a este programa, el detenido o su defensa lo deben solicitar. No se puede obligar a nadie que no lo desee. Hay muchos extraditados que quieren entrar al plan, pero los datos que pueden brindar ya no son útiles; a ellos no se les otorga este beneficio.

Las reglas son claras para empezar a colaborar con las autoridades. La primera es firmar un contrato con los compromisos a seguir. El más difícil, quizá, es no volver a hablar con familiares cercanos, como con la madre. Muchos no lo aceptan. El detenido se tiene que declarar culpable, sin saber cuál va a ser la sentencia. Después viene un proceso para verificar la información y ver si como resultado se arman investigaciones de otras personas. En Estados Unidos, sobre todo les interesa saber quiénes son los socios o las redes de los narcotraficantes mexicanos en aquel país.

El juez toma en cuenta la cooperación para dictar sentencia, pero antes se corrobora todo lo dicho.

Pero ¿por qué muchas veces las condenas son menores en Estados Unidos? Las autoridades afirman que prefieren armar casos mucho más sólidos con toda la información que se tenga, aunque sea por delitos con penas menores, e irlos ampliando, que juzgar a alguien sin tener los expedientes completos, en los cuales puedan perder los casos.

El caso más reciente en Estados Unidos se dio en el llamado “Juicio del Siglo” contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. En tres meses testificaron más de 55 testigos de la Fiscalía, entre agentes estadounidenses, antiguos operadores del Cártel de Sinaloa y hasta la amante de El Chapo.

Fueron 13 testigos cooperantes los que incriminaron al capo; entre ellos, Jesús El ReyZambada, Juan Carlos Chupeta Ramírez Abadía, Tirso El Futbolista Martínez, Vicente El Vicentillo Zambada Niebla y Dámaso López, El Licenciado. Y no lo hicieron desde el anonimato.

 

Aquí, en México, no se tienen reglas claras. Los que han declarado hoy son personas vulnerables y, además, muchas veces lo hacen desde el anonimato.

Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, la apuesta fue enorme a la investigación para enfrentar a grupos criminales poderosos. El resultado fue exitoso y para esas investigaciones se contó con el apoyo de testigos protegidos. 

El programa de testigos protegidos y la llamada “Operación Limpieza” fueron puestos en marcha para desarticular a los servidores públicos que fungían como enlaces con los grupos criminales.

Pero la persecución contra los capos de la droga para llevarlos tras las rejas sufrió varios tropiezos. El 1 de diciembre de 2009, Édgar Enrique Bayardo del Villar, excomandante de la Policía Federal Preventiva, y testigo protegido de la entonces PGR, fue asesinado en un establecimiento de la Ciudad de México. 

Fue entonces que, a mediados de 2012, el Gobierno federal anunció un nuevo programa de protección para cualquier persona que pudiera verse en riesgo por participar en un proceso penal relacionado con crimen organizado o delitos graves.

El decreto que expedía la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal puso en marcha un inédito plan a favor de los testigos.

A este programa de protección podían acogerse víctimas, testigos, peritos, policías, jueces e incluso familiares de una persona que hubiera colaborado o participado en un proceso penal y que pudieran verse en riesgo.

Año y medio más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el uso de testigos protegidos en las acusaciones contra presuntos responsables de delitos del crimen organizado.

Esta decisión se dio luego de resolver un juicio de amparo interpuesto por el entonces jefe de plaza de La Familia Michoacana en Apatzingán, José Arcos Martínez, El Toñón.

Los ministros resolvieron que la figura de testigo colaborador no violenta los derechos humanos de las personas acusadas de delincuencia organizada.

Así se fueron sumando decenas de testigos, en quienes el sistema de procuración de justicia basaba sus acusaciones contras los criminales.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, la PGR llegó a tener 379 testigos colaboradores a quienes pagaba 26 mil pesos mensuales. En ese periodo, la Procuraduría destinó 101 millones 332 mil pesos para el programa.

Pero conforme pasó el tiempo, el uso de testigos colaboradores disminuyó notablemente. En los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron 41 millones de pesos para mantener a 98 testigos; tiempo después se llegó a tener sólo 11 testigos.

Y así, poco a poco, los testigos protegidos fueron olvidados, dejados a su suerte.

 

Pero incluso después de este “olvido”, la Fiscalía General de la República (FGR) aún depende de estos personajes para sustentar las imputaciones contra varios integrantes del crimen organizado.