Lorena no quiere olvidar

Les voy a hablar de Lorena González Hernández, una agente de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), quien estuvo en prisión casi siete años, acusada de participar en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí.

En el libro Justicia Inútil (Taurus, 2010) que publicamos junto con Jorge Fernández Menéndez en ese año, investigamos a detalle la desastrosa indagatoria del Gobierno de la Ciudad de México que mantuvo injustamente en la cárcel a Lorena. Así lo contamos hace nueve años.

Entre las 7:00 y las 7:15 horas del 4 de junio de 2008, Fernando Martí se dirigía a su escuela, la British American School. El auto en el que viajaba era conducido por Jorge Palma Lemus, chofer de la familia por casi 14 años, y lo acompañaba el escolta Christian Salmones, quien acababa de incorporarse a ese servicio. Frente al Estadio Olímpico México 68, en Ciudad Universitaria, un falso retén policial le indicó al chofer que detuviera el vehículo para realizar una revisión. Los guardaespaldas fueron reducidos y Fernando, junto con ellos, secuestrados.

Al día siguiente, fueron hallados Palma y Salmones dentro de un auto Corsa robado en la colonia Centinela. El cuerpo del chofer estaba en la cajuela, estrangulado, y en el asiento trasero se encontraba el escolta Salmones, dado por muerto por los delincuentes, pero seguía con vida.

La familia Martí pagó el rescate, pero no pasó nada, y en la noche del 31 de julio de 2008, fue encontrado, también en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, el cuerpo de Fernando, de apenas 14 años. Allí comenzó una investigación que contrapuso a autoridades, instituciones, funcionarios, que arrojó detenidos, como presuntos responsables del secuestro, a dos bandas que no tienen nada que ver entre sí y una investigación que, en el fondo, está marcada por aquella frase de Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”.

Hoy se sabe que ese crimen, y por lo menos 22 secuestros más, así como ocho asesinatos, fue perpetrado por un grupo de delincuentes cobijado por un manto de impunidad y que tenía a sus servicios la participación y protección de integrantes de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía Judicial del otrora DF; pero para llegar a esa banda se tuvo que recorrer un largo camino, que incluyó la detención de otro grupo, cuyos presuntos integrantes en la mayoría de los casos siguen detenidos como responsables de ese mismo crimen.

Salmones, único sobreviviente del secuestro, se convirtió en el principal testigo de la Procuraduría General de Justicia del D (PGJDF). El 5 de junio, cuando fue hallado, fue llevado al hospital de Xoco y al día siguiente ofreció a la Procuraduría una versión de los hechos. Públicamente, se dijo que éste había muerto.

En su primera declaración ministerial, Salmones dijo que tenía dos días trabajando para la familia Martí y carecía de arma y conocimientos para usarla; y relató cómo había sido el secuestro: “me percaté de un retén de aproximadamente 35 sujetos que vestían uniforme azul, que presentaban una edad aproximada de entre 35 y 40 años, ya que no eran muy jóvenes, que portaban chalecos de la AFI, de los cuales varios portaban armas largas. Nos marcó el alto una mujer que vestía pantalón de mezclilla deslavado con un chaleco con las siglas AFI, con lentes oscuros y gorra, que tenía el cabello güero, corto y peinado hacia atrás”. El testimonio, de la mujer de cabello güero, corto y peinado hacia atrás, es clave, porque es el que deslegitimará buena parte de la investigación posterior de la Procuraduría.

Siete años después, usted perdone…

Pero 14 días después, Salmones ofreció otra versión: “percatándome de la presencia de entre 10 y 15 sujetos (…) marcándonos el alto uno de esos sujetos, de complexión mediana, de 1.70 metros de estatura, de tez blanca, utilizaba una gorra azul sin logotipos (…) sin que me hubiese percatado que tuviera siglas de alguna corporación policiaca (…) dicho sujeto tenía medio crecida la barba, sin ninguna seña particular”. En esta versión, el retén ya no era dirigido por una mujer güera, sino por un hombre barbado.

Poco después de que se encontró el cadáver de Fernando, comenzaron las detenciones: el comandante de la Policía Judicial, José Luis Romero Ángel; el agente judicial Fernando Hernández y el civil Marco Antonio Moreno Jiménez fueron arraigados acusados de pertenecer a la banda de La Flor, el grupo que la PGJDF señalaba como responsable del secuestro.  

Salmones no reconoció a ninguno como participante de los hechos. El mismo día en que se realizaba la reunión del Consejo de Seguridad donde Alejandro Martí dijo aquello de “si no pueden renuncien”, Sergio Ortiz, exagente de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, sufrió un atentado cerca de Villa Coapa. Quedó al borde de la muerte, en estado de coma, por un disparo en el cuello. Días después y cuando Ortiz estaba hospitalizado, fue identificado como líder de la banda de La Flor. Se le acusaba de ser el responsable del secuestro del joven Martí. Dijeron que le llamaban El Apá y que era el jefe de la banda de La Flor.

Inmediatamente después, autoridades locales dieron a conocer que una agente federal de la AFI, Lorena González Hernández, a quien identificaron como La comandante Lore, era la presunta encargada de la logística del retén en el que se levantó a Fernando Martí. Por medio de una fotografía que le presentaron las autoridades, Salmones identificó a Lorena, chaparrita, de tez aceitunada y cabello oscuro, como la encargada del retén con que se cometió el secuestro, a pesar de que él mismo había dicho primero que era una mujer güera y luego un hombre de barba quien les había marcado el alto.

Al mismo tiempo que La Lore, fueron detenidas otras tres personas acusadas de pertenecer a La Flor. No se llegó más allá. La investigación de la PGJDF sostuvo que a ese grupo se le imputan 13 secuestros y cuatro homicidios. No hubo más pruebas.

Un año después, la Policía Federal rompió con su propia investigación toda esa trama. La desarticulación del grupo criminal Los Petriciolet comenzó en julio de 2009 con la captura de Noé Robles, de 31 años de edad, y de José Antonio Montiel, de 34 años, en una casa de seguridad ubicada en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, en donde tenían secuestradas a dos personas, una mujer y su chofer, quienes narraron que fueron plagiadas bajo el mismo modus operandi del secuestro del joven Martí, con un falso retén policiaco.

Robles declaró ser el responsable del asesinato de Fernando Martí, a quien habría matado por órdenes del líder de la banda, Abel Silva Petriciolet, debido, dijo, a que no se había pagado el rescate. Noé cuidaba a las víctimas, además de asesinarlas cuando recibía esa orden, y Montiel custodiaba a los rehenes.

En la presentación de los presuntos autores materiales del asesinato de Fernando Martí, la SSP mostró un video en el cual Robles Hernández confesó haber secuestrado y matado al hijo del empresario y decía no conocer a El Apá (que seguía con vida y negaba cualquier participación en el hecho) ni a Lorena.

En septiembre de 2009, la Policía Federal detuvo a Abel Silva Petriciolet, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quien también aceptó haber participado en el secuestro de Martí. Era una de las bandas de secuestradores más estructuradas, mejor organizadas y, sobre todo, más violentas y sanguinarias en el país. Al mando de Abel Silva, ésta comenzó una escalada de ejecuciones no sólo del plagiado, sino de sus choferes o custodios.

En abril del 2010, la Policía Federal capturó a María Elena Ontiveros, La Güera, exelemento de la PGR, y a Jorge Manuel Rico, Johny, por su relación con la organización Los Petriciolet. La Güera reconoció que había sido ella quien estuvo en el retén del secuestro y quien marcó el alto al automóvil donde iba Fernando.

Lorena siempre negó su participación y tenía una prueba contundente: el día del secuestro no estaba en la ciudad. Sus abogados consiguieron de Capufe las imágenes de las cámaras de seguridad de las casetas de la Autopista del Sol que mostraban desde su salida hasta su regreso de Acapulco a la Ciudad de México.

Fue hasta el 18 de julio de 2015, cuando Lorena fue puesta en libertad y cuatro años después, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia le ofrecieron una disculpa pública por mantenerla en prisión de manera injusta por casi 7 años. Lorena dijo que aceptaba las disculpas, “pero no olvido, acabaron con mi proyecto de vida”.