La consulta patito de Bonilla
Desde hace meses, el cuestionado gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha hecho todo, lo permitido y no por la ley, para quedarse al frente del estado, además de los dos años para los que fue electo, otros tres.
Y como última oportunidad hizo una encuesta este domingo, por supuesto ilegal, para quedarse un periodo total de cinco años como gobernador del estado. Es así como el pasado fin de semana se llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir si se amplía el mandato del gobernador electo de Baja California. Se aplicó con preguntas sesgadas y a sólo una parte de la población, a los suyos.
Se hicieron dos preguntas:
Proyecto 5: Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno.
Proyecto 2: Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a 2 años.
Por supuesto que la ganó por amplio margen. La pregunta tendría que haber sido: ¿a pesar de que Jaime Bonilla fue electo para un periodo de 2 años, usted quiere que se quede 5?
Y así fue como el lunes, el presidente del Congreso estatal, Catalino Zavala, envió los resultados de la consulta, junto con la reforma, para que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid la publique en el Periódico Oficial del Estado.
Por supuesto, los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama criticaron la forma en que se realizó esta encuesta. Aseguran que carece de base legal, con preguntas amañadas que inducen al voto. Y es que la llamada “Ley Bonilla” ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 9 de julio, cuando fue presentada ante el Congreso de Baja California una reforma a la Constitución local para que el gobernador electo pudiera permanecer en el cargo tres años más a lo establecido desde 2014.
Lo que está pasando con la duración del mandato de Jaime Bonilla como gobernador electo de Baja California es gravísimo y sentará precedentes de cómo será la democracia de nuestro país.
Pero hay más violaciones a la ley. El gobernador electo de Baja California es ciudadano estadounidense e incluso trabajó para el Partido Republicano en Estados Unidos.
La historia para ampliar el mandato de Bonilla ha sido larga y repleta de atropellos.
En octubre de ese año se reformó la Constitución de Baja California para homologar su gubernatura con las elecciones intermedias federales. “Para efecto de la concurrencia de la elección de gobernador del estado con el proceso electoral federal 2021, el gobernador electo con el proceso electoral 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”, señala un artículo transitorio de aquella reforma.
Acuden a la cita
El entonces senador con licencia lo sabía y así aceptó contender por la gubernatura del estado bajo la coalición Juntos Haremos Historia, elección que ganó con 50.38 por ciento de los votos.
Pero poco les importó la Constitución a los legisladores de este estado y en una maniobra política, por decirlo decentemente, el Congreso de BC operó para que el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez extendiera su mandato de dos a cinco años.
Fue así como 21 de los 25 diputados que conformaban la XXII Legislatura, que concluyó el 31 de julio, decidieron reformar de nuevo la Constitución para ampliar el periodo del gobierno que a partir del 1 de noviembre encabezará Bonilla.
Pese al descontento de la clase política y de la población, quienes expresaron su rechazo con varias marchas, el Congreso emitió la declaración de ampliación de mandato el 23 de julio.
Fue entonces que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron a recibir varias impugnaciones.
El 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Bonilla sí ganó la elección, pero ésta fue validada por un periodo de dos años y no de cinco.
Una semana después, la SCJN desechó por notoria improcedencia, la controversia con la que el gobierno de Baja California buscaba publicar la “Ley Bonilla”, y es que para que pueda ser impugnada, primero debe ser promulgada.
Cabe señalar que la reforma con la que se pretende ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años es contraria a los artículos 13, 14 y 105 de la Constitución Federal, que prohíben las leyes privativas, la aplicación retroactiva de las normas y la modificación de las reglas electorales durante el proceso electoral.
Lo cierto es que la llamada “Ley Bonilla” está cimbrando la democracia no sólo en Baja California, sino en todo el país.
Vulnera no sólo los derechos político-electorales de los bajacalifornianos, al restringir sus derechos a votar y ser votados en la elección de gobernador de 2021, con lo que viola el artículo 35 constitucional, sino el de todos los mexicanos.
Bajo el argumento que se utilizó en el Congreso local para ampliar la gubernatura de Bonilla, alegando que hacer un proceso electoral en dos años es más costoso que hacerlo en cinco años, y que el pueblo así lo pidió; bueno, eso es lo que dicen.
Imagínese usted: de hoy en adelante podrán argumentar que es más económico hacer elecciones presidenciales cada doce o dieciocho años, en vez de lo establecido en las leyes y la Constitución, que es cada sexenio.
Ahora la cancha está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, declaró que esta consulta se podrá impugnar ante la SCJN, una vez que se publique y promulgue la reforma constitucional que aprobó el Congreso local.
Yo soy de las que están convencidas que la SCJN no puede permitir este atropello a la democracia. Es ilegal y sentaría un precedente muy grave en un país en el que nos ha costado mucho tener la democracia que hoy vivimos.
