Al diablo con las instituciones
En estos últimos 11 meses, hemos visto que han ido perdiendo fuerza las instituciones autónomas y muchos de los programas que venían de sexenios anteriores.
Como ejemplo destaca el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Seguro Popular; incluso, se han querido reconstruir los padrones de beneficiarios para los apoyos sociales y la base de datos para lo que ahora será el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Cambiar todo lo que se ha construido en años en poco tiempo es prácticamente imposible. Hoy la entrega de los apoyos se ha complicado y a muchos beneficiarios no les está llegando.
En este reacomodo de las cosas, hace unos días, el que se quiera tener control de todas las instituciones fue más que evidente cuando, de manera ilegal, Rosario Piedra fue nombrada al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Una Rosario Piedra, militante de Morena.
La CNDH ha costado años construir y, sin duda, ha tenido aciertos en la protección de los derechos humanos, pero los derechos humanos para esta administración sólo protegen a los suyos. Cabe recordar que el Presidente tuvo un episodio muy ríspido con el organismo hace unos meses cuando rechazó la recomendación de la CNDH, por el caso de las estancias infantiles.
El Presidente criticó que se siguiera subrogando el servicio de estancias infantiles cuando a su consideración carecían de instalaciones adecuadas para brindar el servicio.
Finalmente, en el contexto de la elección del titular de la CNDH, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prefería que la encomienda la tuviera una persona que haya padecido en carne propia “violaciones a los derechos humanos”, más que un profesional en la materia; así lo hizo, puso a una militante y miembro del Consejo Nacional de su partido.
También se canceló el Seguro Popular, un mecanismo de atención médica importantísimo para aquellos que no tienen seguridad social y otra posibilidad de atención, sobre todo con enfermedades largas y costosas, como el cáncer. Hemos visto manifestaciones de padres de hijos con este padecimiento, que sólo buscan que se les garantice tener sus medicamentos.
Y los embates contra los organismos reguladores independientes son constantes.
Uno de los casos ocurrió contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su presidente, Guillermo García Alcocer. Ahí, el Gobierno federal, junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comenzó a presionarlo con investigaciones por presunto conflicto de interés y posibles delitos, como lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y envío de recursos a paraísos fiscales.
Finalmente, en junio pasado, García Alcocer, tras defender a capa y espada la autonomía de la CRE, anunció su renuncia. No se le pudo comprobar ninguna de las acusaciones.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) también fue blanco de fuego federal. Lo señalaron de ser un organismo que sólo simulaba cumplir con su función y que, a su consideración, la corrupción creció a la par del organismo.
También se acusó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de ser un organismo creado para simular atender la pobreza en México y emprendió una cacería contra su titular, Gonzalo Hernández Licona, a quien acusó de llevar 13 años en el Coneval y que, además, tenía “una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno”.
Así, Hernández Licona fue removido del cargo cuatro días después de que denunciara las afectaciones al Coneval por los recortes a su presupuesto del Gobierno federal.
El nuevo objetivo de cambio es el Instituto Nacional Electoral.
Hay que recordar que, a finales de septiembre, el mandatario federal criticó a los consejeros del INE por “convertirse en paladines de la democracia”, y es que la Unidad Técnica de lo Contencioso citó a comparecer al Presidente, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y al coordinador general de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender el 16 de agosto pasado el uso del nombre del Presidente de la república en la indumentaria y accesorios, como chalecos, gorras, mochilas y gafetes que usan los llamados servidores de la nación.
Durante una sesión, los consejeros electorales coincidieron en que los servidores de la nación realizan una promoción personalizada del mandatario, por lo que violan el artículo 134 constitucional.
Ahora, tras el episodio, Morena presentó una iniciativa para modificar la Constitución con el objetivo de recortar de nueve a tres años la presidencia del INE, cargo que ocupa desde 2014 el consejero Lorenzo Córdova. Sería la Cámara de Diputados la encargada de determinar quién ocupará ese cargo.
Lorenzo Córdova consideró que la iniciativa es una forma de “minar la autonomía de la autoridad electoral, es claro que hay una intencionalidad de establecer un control político de la autoridad electoral”.
Éstas son sólo algunas de las acciones que se han emprendido para debilitar las instituciones, pero también está lo que pasa en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o con la llamada “Ley Bonilla”, donde el gobernador de Baja California, sin haber ganado una elección para un mandato de cinco años, podría quedarse ese tiempo en el poder.
