El racismo de buenas intenciones

Ahora que está de moda en México echar porras al exmandatario de Bolivia Evo Morales, que hizo de la polarización social y racial una bandera (a tal nivel que la crisis que lo sacó del poder terminó siendo un enfrentamiento entre campesinos, sobre todo indígenas y productores de hoja de coca contra obreros, mineros y clases medias), el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha rescatado una mala idea que había pasado desapercibida, colocándola en el centro del debate.

Resulta que la pensión para adultos mayores, confirmó el Presidente desde el fin de semana, en una gira por regiones indígenas nayaritas, se entregará a los que tengan más de 68 años si son “mestizos”, pero a los 65 años si son indígenas. Será la primera vez que una política del Estado mexicano se establece con normas específicas de acuerdo a la raza de la persona que la recibe.

Es una forma de discriminación difícil de explicar en una sociedad moderna, y será particularmente interesante ver cómo se establece la pureza racial de los beneficiarios de esa pensión. ¿Cuál es el grado de ADN indígena que hay que tener para gozar de la pensión a los 65 años?, ¿quiénes estarán condenados a esperar hasta los 68 años por ser mestizos?, ¿cómo se podrá medir la pureza racial?, ¿será por el lugar de residencia, por los apellidos que la gente tendrá que esclarecer cuál es su raza?, ¿hablar náhuatl o maya? Nunca en la época moderna de México habíamos tenido que ocuparnos de este tipo de dilemas.

Ayer, el Presidente López Obrador decía que si era racista hacer esa diferenciación, que lo anotaran en la lista. Pero lo que no entiende es que está mal; que es otra vez una forma de polarizar y romper el tejido social. El apoyo a los indígenas debe transitar por otros caminos, debe pasar por la integración, no por la discriminación (positiva o no). 

En Bolivia, la política “indigenista” de Evo Morales provocó daños tan profundos en la sociedad que ahora, con su salida, han quedado exhibidos en todo su dramatismo y se reflejan en una brutal violencia en las calles. No tiene sentido impulsar la diferenciación racial desde el gobierno porque después esa diferenciación, esa discriminación, positiva o no, se transforma en su contrario. Las medidas, como la anunciada por el Presidente López Obrador, lo que generan son resentimientos en los otros grupos sociales (“raciales”) y terminan ahondando la diferencia, la distancia.

Rezago social

Nadie puede estar en contra del establecimiento de políticas específicas para apoyar a los pueblos indígenas. Hay muchas formas de hacer y se basan, todas ellas, en los respaldos o apoyos a las comunidades más que en las personas en particular, porque entonces es muy complejo (e incluso injusto) establecer las diferencias. Insisto, cuando lleguen a una comunidad que puede estar en Ecatepec o en medio de Oaxaca ¿cómo sabrán que una persona es indígena pura o mestiza?, sumado al hecho de que después de cinco siglos de entrecruzamientos raciales, las razas “puras” son prácticamente inexistentes.

Es un error, pero resulta imposible pedirle al Presidente una rectificación porque parece profundizar el error. La discriminación entre los pueblos originarios se da en muchos ámbitos, pero, sobre todo, hay que trabajar en dos aspectos: la educación y  la vía de integración. La elevada proporción de indígenas que no habla español no corresponde a las personas de mayor edad, que no tuvieron acceso a los programas de educación implementados en las últimas décadas. De acuerdo con el censo de 2000, más de un millón de indígenas eran monolingües, de los cuales sólo 10 por ciento era mayor de 65 años, y casi 20 por ciento tenía de 45 a 64 años, y 70 por ciento son menores.

Un 15 por ciento de la población es indígena o vive en comunidades indígenas. Si nos basamos en los que hablan lenguas indígenas, existen concentraciones muy amplias, como los mayas, en la península de Yucatán; los tarahumaras, en Chihuahua; los zapotecas, en Oaxaca; los tzeltales y tzotziles, en Chiapas; los huicholes y coras, en Nayarit, y los tepehuanos, al Sur de Durango y Norte de Nayarit. También pueden observarse lenguas muy importantes en cuanto al número de hablantes, pero que se encuentran dispersos en el territorio nacional; tal es el caso de los nahuas, grupo distribuido en 31 de las 32 entidades federativas del país y que concentra 80 por ciento de sus localidades en cinco estados.

Según datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante los últimos 55 años la población de habla indígena ha crecido en términos absolutos, pero en relación con la población total de nuestro país presenta una disminución de alrededor de cuatro puntos porcentuales en ese periodo. También se ha incrementado el uso del español, reflejado en el porcentaje de la población indígena bilingüe, acompañado de una disminución de la población indígena monolingüe. 

¿Qué queremos decir con todo esto? Que la vía de integración no puede ser la discriminación, así sea positiva; que la diferenciación por razas será al final dañina para los propios indígenas porque crecerá la discriminación negativa. Que la vía  integradora y el apoyo a los pueblos indígenas tiene que partir de la educación especial y, sobre todo, de acabar con el monolingüismo en esas comunidades. La diferencia no la hacen tres años más o menos de pensión, para lo cual se obliga a realizar algún tipo de definición racial, sino una apuesta y recursos destinados de lleno a la integración, no a la segregación. Eso sí es racista. De buenas intenciones, dicen, está empedrado el camino al infierno.