Notarios: ¿desechados a los 75 años?

¿Se imagina que, a los 75 años, estando en perfecto estado de salud, física y mental, siendo usted un notario público reconocido y confiable, le quiten su licencia para trabajar? ¿Que por esa razón tenga que cambiar a su notario de confianza?

 Pues el pasado 19 de enero, en medio de una agenda mediática convulsa, la senadora Olga Sánchez Cordero planteó en tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, incorporar bases generales para la función notarial en el artículo 121 de la Constitución, así como fijar como única manera para acceder a esa labor, un examen público de oposición. La propuesta incluye que se retire la licencia, a cualquier notario, al llegar a los 75 años de edad.

Es verdad que en algunos casos conocemos, sobre todo en los estados, que se “regalan” notarías. Pero no es la norma, es la excepción. En la gran mayoría de los casos, ser notario es un trabajo que cuesta años lograr y consolidar, con estudios, exámenes, certificaciones y la edad no impide en absoluto que puedan cumplir con esa responsabilidad.

Misma que, además, se tiene que hacer de forma muy estricta y apegada a la ley. Ir con tu notario es como acudir con tu médico de confianza, es el que te apoya a hacer desde un testamento, hasta proteger tu patrimonio.

Es un sinsentido que los notarios públicos, que ya llevan un largo camino, que tienen más de 75 años, deban ser liquidados para dar paso a una nueva generación. Si llega a pasar este cambio constitucional, decenas de notarios con amplia experiencia deberán dejar el trabajo al que le dedicaron su vida.

La función de un notario público es clave, para llegar a esa posición se pasan muchos exámenes, una práctica con notarios de la ciudad o de la entidad, luego un primer examen para ser aspirantes al ejercicio del notariado, y con la patente de aspirante, ya se pueden presentar al examen de oposición, normalmente en promedio llegan a ser titulares de la notaría a los cuarenta años.

En otras profesiones, como arquitectos, doctores o ingenieros, no son obligados a dejar sus cargos o retirarse por tener 75 años, ni siquiera los ministros de la Corte o el Presidente de la República, tienen un límite de edad. Buena parte del gabinete supera con holgura esa edad. Lo mismo que muchos legisladores, la propia Olga Sánchez Cordero, con varios notarios en su familia, tiene 76 años. El fiscal Gertz Manero tiene 82 años. Debemos recordar que el notario público no es una carga para el Estado, no recibe pensión o jubilación que dependan de recursos federales o estatales.

De aprobarse la propuesta, las entidades tendrían 180 días para modificar sus propias constituciones y 360 días para emitir leyes secundarias para establecer los regímenes de responsabilidad, vigilancia y sanciones. Este proceso apenas comienza, pues antes de llegar a los congresos, deberá ser turnada a comisiones y debe atravesar un debate que puede generar divisiones en el Congreso.

No todos son buenos

Olga Sánchez Cordero asegura que lo que busca son candados para el acceso a las funciones de notariado, límites a su ejercicio y un régimen de vigilancia y sanciones, que busca evitar la proliferación de casos en los que notarías públicas han facilitado la creación de empresas fantasma o participado en esquemas de defraudación, como dicen que ocurrió con la llamada Estafa Maestra. Pero una vez más, para erradicar malas prácticas lo que se propone es arrasar con instituciones y personajes, en la mayoría de los casos, incuestionables profesionalmente.

Lo cierto es que, para evitar estos actos ilegales, la edad de los notarios no tiene nada que ver, porque jóvenes o adultos mayores, cualquiera puede ser parte de una red de corrupción. Eliminar por edad a los notarios no va a prevenir que haya casos de corrupción, lo que se debe exigir es que sí se presenten los exámenes de evaluación y que los notarios se actualicen constantemente, como lo hace, por ejemplo, un médico.

Actualmente, de acuerdo con especialistas, no hay exámenes de actualización para los notarios, pese a que es una obligación. Se deben de establecer cursos para actualizarse, por ejemplo, con las nuevas leyes fiscales, porque los notarios participan en temas administrativos, fiscales, locales y federales, de lavado de dinero, inversión extranjera, economía, en acciones de tipo corporativo.

En ocasiones, funcionan como auxiliares del Estado, informando de las operaciones a la UIF y el SAT, retienen impuestos del SAT y del fisco local, sin costo alguno para el Estado mexicano.

Hay que revisar que, en efecto, los notarios estén actualizados y preparados. Es una profesión para la cual se debe de estudiar, actualizar y de ninguna manera se debe heredar una notaría, como muchos lo hacen, dejando encargados del despacho a algún hijo o familiar.

Pero no olvidemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el examen de oposición para los notarios se practica desde hace 60 años, es decir, las notarías se compiten y se otorgan a quien pasa el trámite establecido. El examen de oposición en la capital del país es considerado el más difícil para ejercer la profesión.

No es así en todo el país. En distintos estados de la república, las notarías se entregan con una importante intervención del gobernador. Si, muchas veces los gobernadores “regalan notarías”. Que se hagan exámenes, que la gente se actualice, que se sancione a quien incumpla con la ley, pero que no sea ésta una estrategia para dejar vacantes más de 50 notarías para, ahora sí, repartir entre amigos… del nuevo gobierno.

La propuesta se da en un contexto en el que en Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Puebla, entre otras entidades, han sido detectados múltiples casos de notarios que dieron fe de identidades y capacidad económica falsas, para con ello permitir la creación de empresas de papel usadas en esquemas de desvío de miles de millones de pesos.

Pero también, a unos meses de que se realicen elecciones intermedias en seis estados. Recordemos que en las elecciones los notarios tienen la obligación de acudir y de dar fe de cualquier irregularidad que se denuncie en alguna casilla. Todo el notariado tiene que estar de guardia en elecciones, para cualquier llamado del órgano electoral o de ciudadanos que los requieran para dar fe pública de alteraciones que se presenten.

La propuesta de la senadora Sánchez Cordero dice, además, que busca hacer cambios en la Constitución para que la mitad de las notarías se asignen a mujeres. Está muy bien que se busque dar igualdad de oportunidades a las mujeres, pero, primero, deben establecerse, de la mano con ellas, competencias y capacidades, pero retirar por edad a notarios en plena capacidad, también es discriminatorio.

Por supuesto, se debe castigar a cualquier notario que cometa actos ilícitos, que las notarías no se puedan heredar, no son un negocio familiar, y quien sea notario debe tener todas las credenciales para hacerlo. Eso debe garantizarse. Imponer un límite de edad a los notarios, impedirles seguir con su trabajo simplemente porque sobrepasaron una edad, cuando aún están en condiciones físicas, profesionales y mentales adecuadas es, simplemente, una violación a los derechos individuales.