Lozoya, el único que recibió sobornos
El caso de Emilio Lozoya, de culpar a casi 80 personas con tal de acogerse al criterio de oportunidad, y librar las acusaciones de haber recibido millones de dólares de la empresa Odebrecht para sobornos, se desmorona.
Según la investigación de la propia Fiscalía General de la República (FGR), el exdirector de Petróleos Mexicanos y su familia, fueron los únicos beneficiarios de los sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.
En la acusación final, la FGR cuenta con 59 pruebas y afirma que los más de 10 millones de dólares, transferidos a México, fueron recibidos por el exfuncionario y transferidos a las empresas ligadas a su familia, depósitos realizados entre 2012 y 2014.
Sobornos que recibió Lozoya a cambio de contratos en Pemex y filiales, para la constructora brasileña. Pero, además, lo que trató de decir el exfuncionario de que el dinero se había ido para financiar campañas electorales no se ha podido probar, por que él siguió recibiendo dinero después de los comicios, mismo que fue detectado en sus cuentas bancarias y de sus familiares.
El dinero que dio Odebrecht a Lozoya y, según lo han declarado los propios directivos de la empresa brasileña, eran para que se adjudicara a la constructora un contrato para la realización de obras en la refinería de Tula, en Hidalgo.
Emilio Lozoya trató de culpar a quien fuera, delató a sus amigos, conocidos y enemigos, inventó que tenía pruebas contra todos y finalmente no ha podido presentar documentos que acrediten sus dichos.
Ahora, con esta resolución quedan desestimadas las acusaciones realizadas por el exdirector de Pemex, quien pretendía adoptar la figura de testigo colaborador protegido tras ser detenido en Málaga, España, en febrero del 2020.
Lozoya denunció a Enrique Peña Nieto, a otros exfuncionarios de ese sexenio y legisladores a quienes supuestamente sobornaron para aprobar la Reforma Energética en 2014.
Todo sin prueba alguna. Por cierto, por este caso está preso el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado de haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética, con la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, donde se asegura que los sobornos fueran directamente a Lozoya y su familia, se tiene que revisar el caso de Jorge Luis Lavalle.
Emilio Lozoya no presentó pruebas, se le dieron muchas oportunidades con ampliaciones en los términos y no pudo darlas porque no las tiene.
Tras presentar la acusación final, la FGR solicitó la pena máxima que es de 46 años y 6 meses de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Y que pague una multa de 87 millones de pesos, así como un monto por reparación de daño de 6 millones de dólares.
Además, que pierda cualquier derecho sobre la casa de Ixtapa-Zihuatanejo, pues se trató de un inmueble obtenido a través de los sobornos.
Hoy, quien fuera el todo poderoso director de Pemex, enfrenta los cargos de asociación delictuosa, por el que se piden 10 años de prisión y 300 días de multa; cohecho con 14 años de cárcel y 150 días de multa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una sanción de 22 años de prisión y 7 mil 500 días de multa.
Pero además, metió a su propia madre en este problema. A Gilda Susana Austin se le imputaron los cargos de asociación delictuosa, con 10 años de cárcel y 300 días de multa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una sanción de 11 años y 3 meses de cárcel y el pago de 3 mil 750 días de multa.
Que el dinero de sobornos fue para Lozoya, lo dijo el propio Luis Alberto de Meneses Weyll, exjefe de la división de México de la constructora, desde diciembre de 2016.
Meneses se presentó, en su momento, de forma voluntaria en la sede de la Procuraduría General de Brasil, Sao Paulo, junto con sus abogados, y declaró que el dinero se lo entregó directamente a Emilio Lozoya para que éste ayudara en los contratos de Pemex con la empresa.
De Meneses indicó que, en este caso, el de México, nunca transfirió recursos para financiar campañas electorales o para sobornar a legisladores con la finalidad de aprobar la reforma.
La FGR no hizo ningún señalamiento directo contra el expresidente Peña Nieto ni contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a quienes Lozoya busca imputar como líderes de una estructura criminal, que lo obligó a cometer los actos de corrupción.
Está documentado por la FGR, que los pagos se recibieron en lapsos comprendidos, en una primera etapa, entre el 20 de abril al 30 de noviembre de 2012 y, en una segunda, entre el 3 de diciembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014. Los depósitos fueron a cuentas bancarias en el país y en el extranjero y fueron utilizados, entre otras cosas, para la compra de propiedades.
Cada quien siembra lo que cosecha, los testigos que supuestamente eran gente cercana a él, al final desistieron y no cooperaron.
Uno de ellos fue Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera su secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, exjefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya, al ser señalados por él como los encargados de recibir y repartir el dinero, pero contradijeron la versión dada por el exfuncionario.
En las próximas semanas se llevará a cabo la audiencia intermedia por este caso de Odebrecht, la defensa de Lozoya espera confrontar a la FGR con 37 supuestas evidencias, mientras que por el caso Agro Nitrogenados, el 22 de enero pasado, un juez federal ordenó la liberación del exdirector de Pemex.
Pero la defensa de Emilio Lozoya ha dicho que presentará pruebas hace mucho tiempo y no las ha mostrado. Si lo hubiera hecho hoy, no estaría en la cárcel.
