Venganzas políticas: dentro y fuera de Morena
El pasado lunes, Sandra Cuevas fue notificada para que dejara el cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Un juez de control capitalino ordenó la separación inmediata del puesto.
Además de suspenderlos, a ella y coacusados les impusieron otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y acudir a firmar cada dos meses.
Estas medidas cautelares permanecerán vigentes hasta en tanto se defina la situación jurídica de los imputados, lo cual ocurrirá el 17 de marzo.
Sandra es acusada de los delitos de robo calificado, discriminación y abuso de autoridad.
Estos señalamientos se basan en la imputación que hicieron en su contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), quienes acusan a Cuevas de agresiones físicas y verbales, así como privación ilegal de la libertad, al final, este último ilícito no se le imputó a la funcionaria.
Los agentes indicaron que estos delitos se cometieron durante una reunión a la que los convocó la funcionaria, en la que les reprochó su actuación y les profirió insultos.
En caso de que el juez determine vincular a proceso a Sandra Cuevas y demás funcionarios, la suspensión del cargo podría extenderse al tiempo que dure el proceso penal en su contra.
El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no fabrica culpables y que el caso de Cuevas no es una persecución política.
La funcionaria fue abanderada del PAN, PRD Y PRI en las elecciones del pasado 6 de junio para buscar la alcaldía Cuauhtémoc, la cual ganó y arrebató al partido Morena, que gobernaba desde 2015.
Esa elección la manejaron los Bejarano-Padierna para Morena y perdieron. Dolores Padierna fue la candidata de Morena y Sandra Cuevas por la alianza. Ganó Cuevas. Pero hay otro dato, quien la impulsó fue Ricardo Monreal, distanciado con los Bejarano-Padierna.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseveró que la suspensión temporal de la alcaldesa de Cuauhtémoc fue una decisión política, no democrática, en la que el Poder Judicial local se ha visto reducido a un órgano de consigna.
Aseveró que no hay un precedente de este tipo en la Ciudad de México, por lo que dijo que es preocupante la situación del Estado de derecho en la capital y el uso de un “golpe judicial” para un “desplazamiento no democrático”.
Cuevas asegura que las acusaciones son porque no quiso competir por el partido de Morena en las pasadas elecciones, pero la realidad es que ella busco ir por el guinda y no se lo permitieron.
Por su parte, Lía Limón García, alcaldesa de la Álvaro Obregón, escribió en su Twitter: “la suspensión de Sandra Cuevas del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc evidencia una persecución política sin precedente. Quieren recuperar a la mala lo que el voto de la gente no les dio, violando el principio de presunción de inocencia. Mi respaldo total a Sandra Cuevas”.
Pero éste no es el único caso de acusaciones que parecieran tener tintes políticos. Este martes 15 de marzo se dio a conocer la detención de Jaime Rodríguez, El Bronco, exgobernador de Nuevo León, quien dejó su cargo en octubre de 2021.
El actual gobernador, Samuel García, informó sobre la detención del exmandatario estatal. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, apuntó que “quien la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, o a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel”.
La detención derivó por los presuntos delitos de desvío de recursos para la recolección de firmas para su campaña electoral para la presidencia en 2018, hecho conocido como las llamadas “Broncofirmas”. De acuerdo con la información, el 20 de diciembre del 2017, Jaime Rodríguez solicitó licencia para separarse del cargo, a fin de arrancar con una campaña para juntar firmas que le permitieran una candidatura independiente por la Presidencia de México.
Durante el proceso de juntar las rúbricas, Rodríguez Calderón desvió recursos públicos de Nuevo León, en ese entonces con Manuel González como gobernador interino, según afirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Tras su detención, Jaime Rodríguez fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Apodaca, donde permanecerá hasta resolverse su situación jurídica. En 2015, se convirtió en el primer gobernador de una entidad en México que llegó al cargo por la vía independiente. Sin embargo, su gestión dividió opiniones porque su desempeño fue pobre y en sus cuatro años al frente de Nuevo León la violencia no se detuvo, por el contrario, hubo un alza de homicidios.
Desde 2019 a la fecha, otros personajes políticos han sido acusados de diversos delitos. Uno de esos casos es el de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Peña Nieto. Desde agosto de 2019 permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha.
Lleva una lucha legal para que le permitan la prisión domiciliaria, misma que le han negado en más de dos ocasiones. Robles no tendría por qué estar en la cárcel, el delito por el cual se le acusa no lo amerita, incluso la prueba para meterla a prisión fue una licencia apócrifa. Pero hay que recordar que quien sentenció precisamente a Robles Berlanga, fue el sobrino de Dolores Padierna.
Robles está acusada del desvío de recursos públicos por la llamada Estafa Maestra. El delito en su contra es por la “omisión” de informar a su superior jerárquico del desvío de cinco mil 73 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Sedesol ,cuando ella fue titular en estas dependencias.
Son decenas de funcionarios vinculados a este caso, pero ella es la única detenida.
Mientras que a Ricardo Anaya lo vinculan con los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, junto con decenas de personas más. Según Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Anaya acordó recibir dinero a cambio de aprobar la reforma energética de 2014, cuando estaba Enrique Peña Nieto. Hoy, los propios directivos de Oderbrech aseguran que el dinero otorgado fue directamente para Emilio Lozoya, y lo más claro es que ese dinero está en la cuenta de Lozoya y sus familiares. Ricardo Anaya ha sido citado a comparecer ante la FGR. Los delitos que se le imputan suman alrededor de 30 años de cárcel, por lo que decidió irse de México.
Personalidades que no son de la política también enfrentan cargos. Es el caso de Chumel Torres, conductor de televisión y de la red social YouTube.
La FGR informó a la legisladora Bertha Caraveo que abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel, acusado por los delitos de “apología del delito o de algún vicio”.
La investigación y las acusaciones las realiza la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres, luego de que la senadora morenista Caraveo presentó la denuncia el 8 de marzo pasado, en la que acusa que el youtuber la calificó de “estúpida, tarada, babosa, lambiscona, arrastrada”.
Hace unas semanas, el presentador insultó a la senadora en su programa de YouTube, luego de que compartió la participación de la morenista en la tribuna del Senado, en la que defendió a José Ramón López Beltrán, tras la publicación sobre la casa en Houston que rentaba junto a su esposa.
Todos los días se abren carpetas de investigación, y todo parece ser que muchas están vinculadas con temas meramente políticos, hoy hasta José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, tienen investigaciones pendientes. Las venganzas políticas están dentro y fuera de Morena.
