Mujeres, mulas y extorsión

Los narcotraficantes siempre buscan a las personas más vulnerables, con menos recursos y a quienes les urge el dinero para traficar la droga.

Uno de los miles de casos que han sucedido en nuestro país es el de Alma, llamada así por su seguridad.

Ella es una mujer hondureña, que llegó a México de manera ilegal. Tuvo a su bebé, una niña, en nuestro país.

Las autoridades migratorias la deportaron, ella contó que tenía una hija mexicana, pero no le creyeron. Esa chiquita no tenía papeles y no la pudo registrar al nacer por su situación migratoria.

El crimen organizado se apoderó de su hija y sacaron el acta de nacimiento con otro nombre y se quedaron con la menor para chantajearla.

Fue detenida mientras introducía droga al país. Fue deportada y regresó a Honduras. Con la angustia de estar separada de su hija, aceptó trasladar droga. En el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) llevaron este caso.

Netzai Sandoval, titular del IFDP, llevó personalmente este caso: “Tratando de recuperar a su hija, cae víctima de trata, una situación terrible, porque justamente utilizan a su hija como un chantaje para explotarla”.

Sandoval cuenta que se trata de una situación muy dolorosa, porque las propias autoridades del DIF no sabían cómo resolver este asunto.

“Hay un operativo, detienen a los tratantes y encuentran a esta niña, y la envían al DIF, que es una situación muy dura. Yo conozco ese DIF en Tapachula, en Chiapas, es un lugar donde la gente hace todo lo que puede y los servidores públicos tratan de dar un buen servicio, pero, por ejemplo, no tienen camas”.

Este caso estaba en manos de distintas autoridades porque no sólo era una cuestión penal, sino que involucraba a las autoridades migratorias, para obtener una visa humanitaria y que pudiera permanecer en México, como víctima de un delito: trata de personas.

Sandoval me explica: “recurrimos al juicio de amparo, primero logramos reunificarlas, que las dos estuvieran en la Ciudad de México, luego logramos que anularan el acta falsa, logramos demostrarlo con pruebas de ADN”.

Para el titular de la Defensoría Pública, es necesario modernizar la justicia en nuestro país y tiene que haber una reforma de justicia local, porque ésta sigue siendo un problema muy grande, ya que nueve de cada 10 delitos que se cometen en el país son locales, es decir: robo y homicidio.

Los delitos contra la salud o en los que están involucrados redes de traficantes son casos difíciles.

Otro caso: Gisela, estuvo tres años y 10 meses en el penal de Santa Martha Acatitla. Cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, traía decenas de dosis de droga encima. Había caído en manos de un grupo criminal y, para poder saldar su deuda, fue forzada a trasladar droga de Perú a la Ciudad de México.

Se aprovechan de los vulnerables

Gisela nos dio su testimonio, es su historia contada de propia voz para La Razón: “En mi ignorancia, yo me imaginé que limas eran las frutas, normalmente la lima, y yo agarré y le dije: ‘sí’, y me dijo: ‘¿segura?’, y le dije: ‘sí’, porque no lo pensé dos veces y le dije que sí. Y yo me imaginé cargando las cajas de las limas, pues subiéndolas a un camión.

“Entonces él me dice: ‘déjame hacer el trámite para el pasaporte, lo del vuelo y todo eso’. Me dijo: ‘te van a enseñar a tragarte las limas’, y yo no entendía: ‘¿Cómo?, ¿limas no es la fruta de la lima?’.

“Él empezó a hacer el trámite del pasaporte, del vuelo y todo, hasta que me dicen: ‘ve a que te enseñen cómo tragarte las limas’. Yo voy con esta chica y me dice: ‘sabes qué, así se tragan unas limas’. Eran unos condones con agua, después ya te ensañan a tragarte unos con droga.

“Cuando me cae el veinte, yo le mando un mensaje y le digo: ‘sabes qué, ya no voy a ir a Perú’, y me dice: ‘¿No vas a ir?, si no vas, me pagas todo el procedimiento, son 16 mil pesos del vuelo, más lo del pasaporte, y ya en cuanto tengas el dinero, me avisas, me lo das. Te doy una semana para que me lo consigas’.

“Llego yo a Perú, me instalo en el hotel, me la paso dos días allá, iba a la playa y comía. Ya cuando me dan la bolsa para que yo, pues me pueda acomodar todo, practico varias ocasiones hasta que ya me queda, me acomodo yo bien la droga y todo, traía dos toallas, se puede decir que son vaginales, una de seis y una de siete, traía 63 globos en el estómago, en una faja y traía otros 63, se puede decir que era como un calzón, donde podías meterlos ahí y se te veía más pompa, entonces ahí traía 63. Y traía 29 tragados”.

Su caso fue llevado por el IFDP. Iván David González Chávez, integrante de la Unidad de Defensa Penal, fue uno de los servidores públicos que revisó la situación de Gisela.

Entrevistamos a David González Chávez y esto fue lo que nos contó:

“Vivía en un domicilio donde estaban su papá, sus dos hermanos, sus hijos menores, en un departamento de dos habitaciones, se dedicaba a vender cosas de cremería, realmente los recursos que obtenía por ese trabajo eran muy mínimos.

“Ésta era la primera vez que Gisela cometía un delito contra la salud, por ello su caso fue revisado bajo la nueva Ley de Amnistía, que entró en vigor en abril de 2020; para el 10 de mayo de este año, salió de prisión a la una de la mañana con 30 minutos, el momento en que pudo abrazar a su familia”.

Para que una persona pueda recibir este beneficio debe cumplir con ciertos criterios que Iván David González Chávez nos dio a detalle.

“Exclusivamente tienen que ser personas que hayan sido sentenciadas en un proceso de jurisdicción en materia federal. Tienen que ser personas que no hayan sido reincidentes por el mismo hecho delictivo por el cual estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas, y que los hechos que se llevaron a cabo para que fueran sentenciadas, hayan ocurrido antes de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía”.

¿Y quiénes pueden tener derecho a esta amnistía? “Por ejemplo, una situación de vulnerabilidad es la pobreza extrema, también una persona que, por su condición indígena, no haya podido acceder a la justicia del Estado. Tenemos hasta ahora 93 libertades por amnistía, 41 de mujeres y 52 de hombres”.

El caso de Gisela y de la joven migrante originaria de Honduras tuvieron seguimiento gracias a que hoy está fortalecida la Defensoría Pública, y que cuenta con un área de ciencias forenses, peritos, genetistas, que permiten brindar apoyo a mujeres, indígenas y de la comunidad LGBT.

Pero todavía hay cientos detenidos que están en la cárcel por no contar con una defensa adecuada, muchos han sido cooptados por el crimen organizado y obligados a cometer delitos, otros por firmar documentos que no entienden porque no hablan español o no saben leer.

Y siempre son los más vulnerables, que no saben que pueden tener acceso a una defensa pública.