Esta estrategia de hacer cambios sin tocar la Carta Magna ya la implementó cuando hubo negativa de la oposición para negociar reformas al sistema eléctrico y a la Guardia Nacional, para que ésta formara parte de las fuerzas castrenses exactamente en los términos en que el Presidente quería.

Con el tema electoral, Morena busca hacer modificaciones que podría realizar por la vía de las leyes secundarias, entre ellas está la reducción en la estructura del INE a nivel nacional, bajar el gasto operativo del organismo, así como el establecimiento de órganos desconcentrados, llamados consejos estatales no permanentes.

Por lo pronto, la reducción al presupuesto del INE ha sido ya de millones de pesos. Reducirá el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes con 35% y no el 40% que actualmente tiene, así como obligar a la instalación del mismo número de casillas que en un proceso ordinario. Busca quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales.

Conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, el nuevo dictamen deberá circular cinco días antes de sesionar. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral, se estima, volverán a ser citadas el martes 29 de noviembre para la aprobación del dictamen y su envío a la mesa directiva, con la finalidad de programar su presentación al pleno, que se estima podría ser el miércoles 30 de noviembre o jueves 1 de diciembre. Después pasará al Senado de la República, para su análisis y aprobación.

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que, de aprobarse el plan “B”, tanto los diputados como los senadores de oposición, promoverán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarlo. Incluso llamó a los ciudadanos a realizar la misma acción, en caso de que vean vulnerados sus derechos constitucionales en materia electoral.

Recordemos que la propuesta original del mandatario consiste en reducir el número de consejeros a siete de los 11 que actualmente hay, y que tengan menos tiempo en el cargo de los nueve años que actualmente tienen, pasarlos a seis, además disminuir la asignación de los recursos al organismo, cambiar el nombre para pasar a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaría las acciones de desincorporación y transferencia de activos del INE al INEC, desaparecerían los organismos públicos locales electorales de los estados y los tribunales locales conocidos como Oples.

También buscaba la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes, quienes serán electos mediante listas estatales. Asimismo, el Senado pasaría de 28 a 96 integrantes, de tres por entidad federativa, bajo el mismo esquema de listas. Los congresos locales tendrían como tope hasta 45 diputados y en las alcaldías hasta 9 regidores.

Actualmente, el proceso para renovar a los consejeros consta de un registro abierto, que debe iniciar el 15 de diciembre y termina en enero de 2023, para que cualquier ciudadano que aspire a ser consejero se inscriba.

Después, se constituye un Comité Técnico de Evaluación (CTE), designado por los organismos autónomos, el cual enviará cuatro quintetas a la Cámara de Diputados.

Serán elegidos aquellos que sean votados por dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, de no haber consenso, se recurriría a una insaculación, es decir, una tómbola.

Este último paso es el que Morena quiere dejar como único método para elegir a los nuevos consejeros, propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los nuevos consejeros y magistrados electorales, pese a no tener experiencia en la materia, y que se adelante para febrero del 2023.  ¿Usted tiene alguna duda que en caso de pasar esta propuesta, estos “ciudadanos” serán afines a Morena?

Imagine la propuesta que busca que los candidatos salgan de una lista de 20 postulados por el Ejecutivo federal, 20 por el Congreso de la Unión, que actualmente lidera Morena, y otros 20 por el Poder Judicial, los elegidos sustituirían al actual Consejo General del INE y a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Y así están las cosas, pero de lo que sí se tiene certeza es que en abril cambiarán los equilibrios del INE.