¿Qué pasa en Nayarit?
Todos los días hay gente desaparecida. Del 2017 a 2022, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han documentado mil 200 personas desaparecidas en la entidad. La mayoría de los casos se concentran en los municipios de Tepic, Bahía de Banderas, Compostela y Xalisco.
Servidores públicos tampoco están a salvo, pues desde el 6 de abril de este año sigue en calidad de desaparecido Juan Carlos Tercero Aley, antropólogo forense, quien es experto en la localización de fosas clandestinas.
Apenas hace unos días, el pasado lunes 28 de agosto, familiares de una pareja de adultos mayores, de aproximadamente 70 años, reportaron su desaparición cuando salieron del municipio de La Yesca con rumbo a Tepic, Nayarit. El hijo de los señores Adrián Rivera Díaz y Rosalba Dena Ledezma denunció que perdió contacto con ellos, por lo que reportó su desaparición.
Desde hace años existen denuncias en contra de la Fiscalía de Nayarit por participar precisamente en la desaparición de personas, esto desde las épocas del entonces conocido como El Fiscal de Hierro, Edgar Veytia. El exfiscal fue detenido en 2020 cuando intentaba cruzar a San Diego, California. Hoy está detenido en Estados Unidos y tiene una pena de 20 años de prisión.
El exfiscal ha colaborado con las autoridades estadounidenses y ha declarado contra quien piden con tal de poder reducir su pena. Pero hay que recordar que la información que dan los testigos protegidos se debe de corroborar, y lo que ha dicho Veytia en su mayoría no es comprobable.
Pero regresemos a Nayarit, en esa fiscalía que dejó Veytia se asegura que mucha de su gente sigue trabajando y operando como él lo hacía.
Hace unos días, fue detenida Yayori Villasana Monroy, fiscal Especializada en Personas Desaparecidas en la entidad, y Dora Aimé Carranza Macías, agente del Ministerio Público. Con ellas, otros dos funcionarios fueron arrestados en Tepic, desde el pasado 7 de septiembre.
Estas dos mujeres han sido señaladas de estar involucradas en casos de personas desaparecidas. Desde el año 2020, organizaciones civiles y familiares denunciaron esos vínculos, manifestando su rechazo para que la funcionaria se hiciera cargo de la fiscalía especializada; sin embargo, en ese momento las autoridades estatales negaron las acusaciones y calificaron a Yayori como una servidora pública con un “historial intachable”.
De acuerdo con la fiscalía estatal, Villasana Monroy cuenta con una trayectoria de más de 20 años y desde el pasado 1 de febrero de 2019 estuvo al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas.
En Nayarit han incrementado las denuncias por desapariciones forzadas particularmente desde 2012 a 2017, años en que Veytia fue fiscal de la entidad y desde entonces hay denuncias que autoridades municipales y estatales presuntamente están coludidas con el encubrimiento de muchas desapariciones.
Recordemos el que fue muy sonado, el de José Antonio Ramírez. Tenía treinta años en septiembre del 2017, cuando un comando armado se lo llevó. A la fecha sus familiares lo están buscando.
Como José Antonio, otras 19 personas fueron desaparecidas en el mismo periodo, sin que hasta el momento se tengan avances en las investigaciones.
En cuatro meses, de junio a septiembre de 2017, hubo 150 denuncias de personas desaparecidas, una cifra mayor a lo reportado en el mismo periodo en años anteriores, esto provocó el surgimiento de colectivos de búsqueda en Nayarit, que incluso han ayudado a la recopilación de datos. Y de éstos, al menos 47 casos han sido ligados a una estructura que presuntamente llegaba hasta la fiscalía de Nayarit.
En un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización IDHEAS, que brinda acompañamiento a las familias de las víctimas de desaparición en el estado, se señala que entre el 2011 y 2017 el entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda y el fiscal Edgar Veytia establecieron alianzas con grupos de la delincuencia organizada como el Cártel de Sinaloa (2011); los Beltrán Leyva (2012-2016); y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (2017), alianzas criminales que dejarían diversas olas de violencia.
Este informe asegura que tanto Veytia como Sandoval crearon una estructura criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit, a través de la cual habrían cometido actos de homicidio, tortura, despojo, extorsión y desaparición forzada.
Distintos colectivos han logrado llevar algunos casos ante la justicia, pero para los que participan en estas denuncias a nivel federal es muy peligroso hacerlo.
Entre el 2020 a 2021, al menos 15 testigos que han participado en investigaciones que ha llevado la Fiscalía General de la República, como asesores jurídicos y líderes de colectivos han sufrido atentados.
Actualmente, no sólo Veytia está en prisión, desde junio de 2021 también lo está Sandoval, y pese a que los dos están tras las rejas, las desapariciones y homicidios se siguen dando en Nayarit.
Hay una cifra: en la media del país son encontrados el 40% de los desaparecidos, mientras que en Nayarit únicamente son localizados el 31%.
Hoy están detenidos nuevos funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, a ver qué se logra investigar con estas detenciones y ojalá se pueda llegar a descubrir quién realmente está detrás de muchas de estas desapariciones y si en verdad alguna autoridad está encubriendo a grupos criminales.
