Verdadera justicia para los 43 normalistas
Han pasado poco menos de 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.
Desde un inicio, esta terrible tragedia se polarizó y fue tomada como lema de campaña del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometía esclarecer los hechos.
Bajo la consigna de que fue un crimen de Estado, el Gobierno de López Obrador no ha podido dar resultados en este caso. Faltan cinco meses para que AMLO termine su sexenio y no se han dado las respuestas esperadas.
En el camino, y con tal de apoyar lo que habían prometido en campaña, se culparon a militares y a otras personas, como al exprocurador Jesús Murillo Karam, sin pruebas, bueno algunas sí se presentaron, pero resultaron apócrifas. A los que sí dejaron en libertad fue a los autores materiales y confesos de haber participado en este crimen.
Hace seis días, a ocho militares acusados de delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa les dieron prisión domiciliaria, luego de que un juez decidió cambiar la medida cautelar. Los militares no fueron exonerados y siguen bajo proceso, mientras se intentan recabar las pruebas que se necesitan para poderlos inculpar.
Y como todo en este momento está muy polarizado en el país, a partir de que se anunció esta medida, un grupo de encapuchados, que dicen ser estudiantes normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Palacio Nacional, golpearon policías y lanzaron explosivos, palos, piedras y tubos.
Como casi siempre sucede en este tipo de situaciones, el Presidente aseguró que no los iban a reprimir y estas personas pudieron llegar hasta la puerta de Palacio Nacional.
¿Se imagina usted qué le pasaría si llega a la puerta de Palacio Nacional, lanza petardos y golpes a los policías? Le aseguro que por lo menos lo detienen.
Y en este tema, de lo más grave es que fueron heridos 26 policías que custodiaban la sede del Poder Ejecutivo, fueron trasladados a hospitales y no se les permitió ni siquiera oponer resistencia. Han pasado tres días y por estos hechos violentos no hay un sólo detenido, mientras los uniformados heridos continúan recuperándose.
Un día después, estos mismos desmanes se hicieron en la puerta de la Secretaría de Gobernación.
Se han colocaron vallas metálicas blindando ambos inmuebles, la realidad es que las autoridades se estaban preparando para las manifestaciones del Día del Maestro y todo indica que no las quitarán hasta pasar el proceso electoral.
Alejandro Encinas, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue a quien se le encargó el caso.
Presentó unas copias de fotos de comunicaciones, supuestamente donde se culpaban a los militares y a otros funcionarios de la administración anterior, resultaron falsas.
Al mismo tiempo que se intentó llegar a un acuerdo con un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto para que declarara y se encontraran culpables, aunque fueran chivos expiatorios.
La consigna desde Palacio Nacional era resolver este caso de una manera acorde a lo que habían manejado desde años atrás: “Fue un crimen de Estado”, y además perpetuado por militares.
En 2022, una nota de The New York Times reveló un audio de la reunión que sostuvieron Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Segob en materia de derechos humanos, con Tomas Zerón, a quien habría ofrecido protección a cambio de testificar en el caso Ayotzinapa.
El diario estadounidense aseguró que Encinas viajó a Israel para encontrarse con Zerón y buscar el acuerdo, que no aceptó el exfuncionario.
Tiempo después presentaron un informe que está mucho más cercano a lo que hemos venido diciendo en estas páginas tantos años y que además está escrito en el libro La Noche de Iguala, del periodista Jorge Fernández Menéndez.
En efecto, sí fue un crimen de Estado, pero perpetrado desde el poder municipal de Iguala.
La desaparición de los 43 normalistas fue perpetrada por el crimen organizado cuando miembros de Guerreros Unidos pensaron que los jóvenes pertenecían a su grupo rival Los Rojos.
Guerreros Unidos trabajaban para el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, y los hermanos de Pineda, fueron señalados por las autoridades de ser parte de este grupo criminal.
Hasta el momento permanecen detenidos José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa; no están procesados por el caso Ayotzinapa, sino por otros delitos.
En cuanto al grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes que confesaron el crimen, están casi todos en libertad.
La realidad es que fue un error entre grupos criminales lo que causó la desaparición de los jóvenes. Los confundieron con el grupo rival. Fueron detenidos por policías municipales, quienes se los entregaron a los sicarios.
También en esta administración fueron liberados 21 policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Hay que tener en cuenta que Iguala es un punto estratégico para el trasiego de la droga, ya que es paso obligado entre Tierra Caliente, Acapulco, Taxco, Cuernavaca y el Estado de México.
Iguala, donde operan Los Guerreros Unidos, está ubicada al norte del estado y a la entrada de Tierra Caliente y desde ahí se desplazan para trabajar en otros sitios.
En esta zona de Iguala, se han encantado hasta 60 fosas clandestinas. Hoy sabemos que hay más de 300 desaparecidos en cifras oficiales, pero el número es mucho mayor y muchos casos no se denuncian.
¿Cómo estamos tan seguros de que algunos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa fueron asesinados y por lo menos 17 de ellos incinerados en el basurero de Cocula?: porque están los testimonios en video de las pruebas psicológicas, en los cuales los asesinos materiales platican con lujo de detalle cómo mataron y se deshicieron de los estudiantes. Estos testimonios los hemos presentado en Todo Personal, de ADN 40.
Pero además se hicieron los estudios correspondientes, unos se mandaron a Innsbruk en Austria y se determinó que pertenecían a por lo menos dos de los jóvenes.
Estos 43 normalistas merecen que se haga justicia con su desaparición y la única manera de que se logre es dejando de politizar el tema y castigando a los verdaderos culpables, aquellos que han narrado con lujo de detalle cómo levantaron y asesinaron a los estudiantes.
Pero a cinco meses de la elección presidencial, muchos se van a aprovechar del tema Ayotzinapa, muchos que no tienen nada que ver, ni con los jóvenes o sus familiares.
