Utilizando la salud con fines electorales
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para septiembre estará listo el nuevo sistema de salud federal, con el cual, dice, garantizará la atención médica para toda la población.
El mandatario indicó: “Queremos terminar, incluso vamos a empezar a izar la bandera blanca en salud desde el día 2 de septiembre, por estado, el 2, 3, 4 hasta el 14 que vamos a concluir en Chiapas, porque son los 200 años de la incorporación de Chiapas a México, ya para entonces tienen que estar funcionando los centros de salud, hospitales”.
La realidad es que este nuevo sistema de salud, en donde se han tratado de centralizar todos los presupuestos, distribución de medicinas y hasta la forma de dirigir y operar los centros de salud desde la Federación, es una verdadera tragedia.
Hasta el momento, 23 de 32 entidades se han adherido al nuevo sistema de salud federal, es decir, que 53.2 millones de mexicanos serán atendidos con el nuevo sistema de salud para no derechohabientes integrado en el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.
El Presidente también realizó cambios, como la desincorporación de seis Hospitales Regionales de Alta Especialidad ubicados en Oaxaca, Yucatán, Bajío, Ciudad Victoria, Ixtapaluca y Chiapas, los cuales pasaron a formar parte del control del OPD IMSS-Bienestar; con ello, se les quitó la independencia presupuestal a esos hospitales y se agregaron más de 8 mil 500 millones de pesos al presupuesto del nuevo organismo sanitario.
Lo que se busca desde la Federación es quedarse con todo el presupuesto de salud y distribuirlo a su antojo. Los que han firmado el acuerdo son entidades donde gobierna Morena y dos más, como Morelos y San Luis Potosí, donde gobiernan partidos aliados a Morena: Encuentro Social y el Partido Verde, respectivamente.
A diferencia de la gran polarización que hay en el país, la realidad es que las distintas dependencias estatales de salud hacen un gran esfuerzo para coordinarse con las de otros estados, sin importar el color o el partido para, con mucho esfuerzo, brindar los servicios que se requieren.
Por ejemplo, si la Federación decide enviar cientos de un tipo de medicamento a un estado donde no se requiere esa cantidad, están haciendo una especie de trueque con otras entidades para poder suplir las carencias y para que los medicamentos, además, no caduquen, porque muchas veces están comprando y enviando desde la Federación medicinas próximas a expirar porque salen más baratas.
La realidad en temas de salud, si bien es cierto que tienen un eje central en la Federación, no es lo mismo el tipo de medicamento y atención que se requiere en un lugar como Chiapas, a lo que se necesita en Nuevo León o Chihuahua.
Pero, además, como sucedió con la megafarmacia, que no ha cumplido nada de lo prometido, las medicinas tienen que estar en donde se requieren. ¿Se imagina que necesite un medicamento y que pasen 48 horas antes de tenerlo, si es que tiene la suerte de conseguirlo?
Hay otro tema gravísimo. Por ejemplo, desde la Federación no se dan los permisos a los estados que no están afiliados al nuevo sistema de salud para comprar medicamentos como los oncológicos. Se está tratando de presionar a los estados que no se han querido afiliar para que, sino lo hacen, no tengan autorización para comprar medicamentos.
La salud en México se ha convertido en un tema de control partidario, y más ahora en épocas electorales. Se quiere centralizar todo el control para quitarle el presupuesto a los estados y que desde la Federación se controlen las nóminas de los maestros, la atención médica, la infraestructura sanitaria y los insumos de las entidades donde se ha firmado el convenio.
En los estados donde no han cedido a firmar estos acuerdos, les están controlando todo para tratar de que se afilien, como lo han hecho los partidos aliados al poder.
Hay estados como Chihuahua que ha logrado armar con presupuestos estatales el programa de Medi Chihuahua para brindar atención médica. Pero reitero, porque me parece gravísimo, muchas veces no les dan los permisos para que compren los medicamentos.
Controlar el sistema de salud con fines electorales es criminal. Si todavía desde la Federación tuvieran un sistema de salud que funcionara, tendría sentido. Pero lo que pasa en estados como Tabasco, que ya está afiliado, es un desastre. Apenas esta semana en Paraíso, un chiquito de 11 años murió en un hospital por la falta de insumos médicos. Habían tratado de secuestrar a su mamá y, por defenderla, los agresores le dispararon en varias ocasiones.
Mientras llegaba el servicio de emergencia, el menor gritaba que no se quería morir pues tenía una herida de bala en el estómago. Fue trasladado a una clínica donde perdió la vida porque faltaban instrumentos médicos para brindarle la atención.
En anteriores ocasiones, López Obrador insistió en que México tendrá un sistema de salud mejor que en Dinamarca. Y más de tres veces ha postergado la inauguración de su nuevo sistema de salud; primero indicó que sería en diciembre de 2023, luego dijo que sería en marzo de este año y ahora lo deja para el cierre de su sexenio.
La realidad y los datos duros lo demuestran, hoy son millones los mexicanos que han perdido la posibilidad de tener lo mínimo requerido en servicios de salud y son los más pobres.
El Coneval muestra que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, se observa un aumento significativo en el número de personas que enfrentan carencia de acceso a servicios de salud, al pasar de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022, lo que equivale a un total de 50.4 millones de personas sin acceso a instituciones de salud.
Esta administración destruyó el Seguro Popular, implementó el Insabi, que evidentemente no funcionó, e implementó el IMSS-Bienestar, que es prácticamente lo que se tuvo en los años 80 en México.
Pero el IMSS-Bienestar todavía no está dando los resultados que se necesitan. Estamos hablando de la salud de los mexicanos que menos recursos tienen y son los abandonados.
México es uno de los cuatro países de la OCDE que menos recursos asigna a la atención médica pública, junto con Colombia, Turquía y Costa Rica: destina 5.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a salud; la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 9% como porcentaje del PIB.
Mientras tanto, a los estados que no están afiliados a este nuevo sistema de salud y que buscan la manera de obtener recursos para la compra de medicamentos, sobre todo oncológicos, para salvar vidas, desde el Gobierno federal no les dan los permisos para adquirirlos. Se trata de castigarlos por no dejar la salud de sus estados en manos del Gobierno federal.
