El peligro de la reforma judicial
Los días de mayor riesgo para México son a partir del próximo 1 de septiembre que se instale la nueva legislatura, en la que Morena y sus aliados tendrán “carro completo”, hasta el 1 de octubre que asuma Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República.
Lo que mayor incertidumbre genera es la posible nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Si algo tiene nerviosos a los ciudadanos, a los mercados y a los inversionistas en México es esta reforma que ha anunciado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para poder matizar un poco el temor, la virtual Presidenta electa aseguró que esta semana estarán listos los resultados de las tres encuestas nacionales que Morena mandó a hacer para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial.
Esta reforma busca que, así como el Ejecutivo y el Legislativo, los integrantes del Poder Judicial sean electos mediante el voto popular, como lo propuso el Presidente el pasado 5 de febrero. Sheinbaum Pardo consideró importante que se realicen parlamentos abiertos para perfeccionar la reforma, incluso con la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según expertos en el tema, y aunque reconocen que el sistema judicial es perfectible, escoger jueces y magistrados por voto popular sería de un riesgo enorme para la certeza jurídica del país. Para ser parte del Poder Judicial de la Federación se necesita una preparación adecuada. Para empezar, haber estudiado leyes.
Además, hay una ventana enorme para corromper la justicia. ¿Quién va a financiar esas campañas, que terminarían siendo algo muy similar a las campañas políticas? ¿Empresarios que tengan juicios pendientes? ¿Ciudadanos con más recursos que otros, quienes necesitan que la justicia falle a su favor? O incluso se corre el riesgo de tener dinero del crimen organizado en esta forma de elegir a los trabajadores del Poder Judicial.
La propuesta del Ejecutivo federal es que se elija a los ministros de la Suprema Corte, miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de circuito y jueces de distrito. En total serían más de mil 600 cargos y la primera elección para seleccionarlos sería en junio de 2025.
También se propone crear un órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituya al CJF, con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
Otra idea de la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador es reducir el número de ministros de la Suprema Corte, quiere restar dos miembros, es decir, quiere que de 11 ministros pasen a ser nueve.
Lo que es esta reforma es una clara confrontación de López Obrador con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y con los ministros que no han aprobado ciertas reformas del mandatario. La Corte ha sido de los muy pocos contrapesos con los que se ha topado el Presidente.
La Barra Mexicana y el Colegio de Abogados ha dicho ya que les gustaría participar en los foros de discusión de la Reforma Judicial, ya que consideran que dicha propuesta “no atiende a los problemas de justicia penal, familiar, civil o laboral, ni plantea soluciones a los problemas de creciente impunidad que vivimos en el país”.
Para todos estos cambios, el senador de Morena y actual coordinador de la bancada en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se tendrían que reformar 16 artículos de nuestra Constitución.
También indicó que trabajan en el procedimiento de la elección y están decidiendo qué organismo se encargará de los comicios judiciales. ¿Cuánto dinero se le piensa designar a cada juez o magistrado para que haga su campaña electoral?
El caso es que se daría a pesar de que el Poder Judicial ya está saturado. Jueces, magistrados y ministros no deberían de perder en tiempo en campañas electorales, más bien implementarlo en trabajar y sacar asuntos.
A nivel local, los cambios al artículo 116 constitucional plantean que las constituciones y las leyes orgánicas de los estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados.
Lo anterior lo podrán hacer en las entidades donde se tenga mayoría en el Congreso. No podrá ser una reforma federal en los tribunales estatales.
Lo cierto es que, sin importar el resultado de los foros parlamentarios que se tiene previsto realizar con expertos y de más personas involucradas, esta reforma al Poder Judicial sin duda será analizada en septiembre próximo, en la nueva legislatura con los diputados y senadores electos el 2 de junio.
Antes de los comicios, el peso mexicano se consideraba la divisa más estable frente al dólar estadounidense, pero luego del anuncio del contundente triunfo del Morena, el peso se cotizaba en 18.46 unidades, alcanzando un retroceso semanal de 0.45 por ciento.
Pese al nerviosismo en los mercados, el Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno no dará marcha atrás con la reforma al Poder Judicial. Argumentó que esta reforma es parte de su estrategia para combatir la corrupción en el país.
En tanto, la exigencia que viene por delante para la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbuam, no es fácil, son muchos los compromisos y programas sociales a los que se ha comprometido. Y hoy tiene que brindar certeza para que llegue inversión a México, para que los empresarios que están aquí sientan tranquilidad y que la clase media, que son los que más impuestos pagan, lo puedan seguir haciendo.
Sheinbaum Pardo se ha esforzado en dar certidumbre, como el mensaje enviado de que Rogelio Ramírez de la O continuará al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde su triunfo, la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se ha reunido con inversionistas y tiene un muy buen equipo de asesores en el tema económico y de inversión. ¿Qué podría suceder si se aprueba la reforma judicial como viene?
