Justicia selectiva
Hugo Alberto Wallace fue secuestrado y asesinado en el 2005. Sus restos se encontraron en un terreno en Xochimilco, años después.
Su madre, Isabel Miranda de Wallace, al no tener respuesta de las autoridades, empezó a trabajar para dar con los responsables, a recabar pruebas y a poner espectaculares para que la gente la apoyara a encontrar a los culpables.
El lunes pasado, a una de las implicadas en este secuestro y asesinato, Brenda Quevedo, se le otorgó la medida cautelar luego de una audiencia en la que un juez determinó que esta mujer permanecerá en prisión domiciliaria, tendrá un localizador electrónico y no podrá salir de la zona conurbada de la Ciudad de México.
Brenda Quevedo llevaba 17 años en la cárcel sin recibir sentencia por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, pero lo cierto es que la defensa de Brenda había hecho hasta lo imposible para seguir presentando recursos para que no fuera sentenciada.
Muchas veces se cree que no hay sentencias por la falta de trabajo del Poder Judicial, pero lo cierto es que, en muchos casos, los acusados no quieren que se les dicte sentencia y éste ha sido el caso de los secuestradores de Hugo Alberto.
Desde 2005, Isabel Miranda de Wallace ha denunciado que Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales son parte del grupo que estuvo detrás de lo ocurrido con su hijo.
Hace años, Brenda Quevedo ya buscaba salir de la cárcel. En el 2021, en otra audiencia, un juez le negó el cambio de medida cautelar.
En ese entonces platiqué sobre este caso con Isabel Miranda de Wallace y esto es lo que me dijo:
“Brenda Quevedo Cruz, desde un inicio, se aparece con Jacobo Tagle Dobín en un cine en Perisur, y se la presenta a Jacobo y le dice a su vez, Brenda, que le va a presentar a una prima que porque le gustan las motos, mi hijo era aficionado al motociclismo, entonces ella es, digamos, el primer contacto con Hugo junto con Jacobo para poder enganchar a mi hijo y presentarle a Juana Hilda González Lomelí. Brenda le toma las fotografías a mi hijo pese a que mi hijo ya estaba muerto, las edita para tratar de obtener un rescate; Brenda redactó el comunicado junto con César Freyre Morales; Brenda iba y dejaba la correspondencia que a mí me mandaban, se disfrazaba con una peluca, pero ella era la que me mandaba los comunicados; ella fue a dejar los restos de mi hijo al Canal de Chalco, aquí por el canotaje, donde está la Marina al sur de la ciudad, y fue con Jacobo y fue con César Freyre Morales. Creo que la actividad de Brenda fue estratosférica, no hay una parte del secuestro en el que Brenda no haya participado.
“Son muchas las pruebas que demuestran que Brenda Quevedo participó en este secuestro. Su defensa ha promovido diferentes argumentos jurídicos para no ser sentenciada, incluso, en el texto de la propia sentencia, en algún momento un juez refiere que él presupone que Brenda Quevedo Cruz ha estado alargando su proceso con el fin de después argumentar que no ha recibido sentencia, y él hace una relatoría de todos los procedimientos que ella ha empleado para no tener sentencia condenatoria todavía, hasta esta fecha.
“Mi hijo muere en cautiverio. El hecho de que ella esté ligada a la delincuencia organizada, como ha quedado probado en el expediente, que estuvo ligada al crimen organizado y está ligada a gente del narcotráfico, todo esto ha sido probado”.
Tras el secuestro y asesinato del hijo de Miranda de Wallace, Brenda Quevedo huyó de México. Primero llegó a Venezuela, donde estuvo un par de años, y de ahí se fue a Kentucky, Estados Unidos, donde fue detenida en noviembre de 2007, y dos años después, en septiembre de 2009, fue extraditada a México bajo cargos de delincuencia organizada y privación de la libertad.
Brenda lleva 15 años en el Centro Federal de Readaptación Social Morelos. El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que fue víctima de tortura sexual durante su detención y privación de la libertad, por lo que emitió una recomendación.
Desde 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública se hizo cargo de su caso y desde entonces ha buscado que obtenga prisión domiciliaria. La misma Defensoría Pública dio a conocer, la noche del lunes 24 de junio, el cambio de medida cautelar.
Lo cierto es que este caso se ha vuelto muy político e Isabel Miranda de Wallace ha sido una férrea defensora de las víctimas de secuestro desde entonces. Ayudó a Nelson Vargas en el caso del secuestro de su hija, Silvia Vargas Escalera, y también al empresario Alejandro Martí cuando su hijo, Fernando, fue secuestrado y también asesinado.
Fueron años en los que hubo muchos plagios, entre el 2000 y el 2006 se dispararon los secuestros en la Ciudad de México.
Otra de las implicadas en el secuestro de Hugo Alberto es Juana Hilda González Lomelí, quien antes del 12 de diciembre, último día de sesiones de la Suprema Corte de este año, deberá resolverse el amparo que se ha interpuesto para que quede también en libertad.
El juicio de amparo fue presentado por la ministra Margarita Ríos-Farjat para revisar el expediente y determinar si la imputada deberá cumplir la sentencia de 78 años de prisión, que le fue impuesta por los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.
Esto podría abrir la puerta para que los demás imputados salgan de prisión, pues se volverían a revisar las acusaciones en contra de ellos, pese a que la mayoría ya habían recibido sentencias.
Pero también le abre las puertas a la calle a muchos delincuentes que han privado de la vida a sus víctimas.
Es muy triste que alguien tenga que estar en la cárcel, pero es mucho más grave secuestrar y matar. ¿Y la justicia para las víctimas y sus familias?
