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La sentencia de García Luna

Genaro García Luna, quien fuera máximo responsable de la Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, y quien fuera detenido en diciembre del 2019, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo, fue condenado el día de ayer en una corte de Nueva York por el juez Brian Cogan a 38 años de prisión.

Son 460 meses de prisión los que se le han dado a García Luna, por los cuatro cargos que se le fincaron: vínculos con el narcotráfico, participación en una organización criminal continua y falsedad de declaraciones ante las autoridades norteamericanas. Además de la condena, García Luna tendrá que pagar una multa por dos millones de dólares y cinco años de libertad condicional.

Apenas el lunes pasado, García Luna había enviado una carta escrita a mano, de varias cuartillas al juez Brian Cogan, pidiendo considerar todos los factores que dieron origen al juicio, entre otros “la información falsa aportada por el Gobierno actual de México”.

“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, escribió Genaro García Luna.

Lo grave de esta sentencia, es que la Fiscalía de Nueva York se basó en testimonios de narcotraficantes, muchos de ellos quienes habían sido detenidos por el propio Genaro García Luna, mientras estuvo al frente de las instituciones de seguridad en México, primero desde 2006 en la Agencia de Investigación Criminal y después en 2012 como secretario de Seguridad Pública.

La mayoría de estos narcotraficantes hoy tienen beneficios como estar en cárceles de mediana seguridad o incluso en libertad.

La gran diferencia es que estos narcotraficantes se confesaron culpables en los juicios y testificaron durante éstos. Mucho de lo que dijeron no se comprobó, se creyó en estos criminales.

El juez que hoy lleva el caso de García Luna es el mismo que realizó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán.

En el juicio de El Chapo Guzmán, Jesús El Rey Zambada, quien fue parte del Cártel de Sinaloa y por eso está detenido, declaró en contra de su exsocio El Chapo y fue el principal testigo en contra de García Luna.

Hay un dato importante, El Rey Zambada fue detenido por la Policía Federal cuando García Luna dirigía la institución.

García Luna argumentó que durante su gestión fue incluso reconocido por Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, y mantuvo numerosos encuentros con responsables de ese país.

Otro testigo que se presentó a declarar en contra de García Luna en el juicio fue un ruso llamado Ruslán Mirvis, un hombre arrestado en 2017, acusado de explotación sexual de menores de edad: se hacía pasar por un adolescente para conseguir fotografías eróticas. Cuando sus víctimas querían parar, las amenazaba con difundir las imágenes. Según este hombre, repito, son dichos de Mirvis, supuestamente García Luna le contó que era culpable.

Con tal de reducir su condena, aceptó ser informante para la Fiscalía neoyorquina, para ello, se hizo pasar como integrante de la mafia rusa. Sin embargo, el trabajo realizado por Mirvis parece una mala broma, pues de más de 500 horas de grabación que obtuvo, solamente dos minutos han sido aportados como evidencia, la mayoría de las conversaciones son inaudibles.

De acuerdo con esas pruebas de dos minutos, García Luna contactó a un hombre, no identificado, para que lo ayudara a matar o amenazar a los testigos que colaboraban con los fiscales, entre ellos Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, uno de los testigos clave en el juicio contra el exfuncionario mexicano.

El otro testigo Zambada, dijo que le habían entregado millones de dólares en efectivo en un restaurante a García Luna, tampoco se presentó prueba alguna por esto, fue el dicho del narcotraficante.

Lo increíble es que, en un juicio en Estados Unidos, donde utilizan especialistas para abordar las acusaciones, hayan aceptado los dichos de El Rey Zambada, de entregar millones de dólares en efectivo dentro de una maleta a García Luna, en un restaurante de la Ciudad de México.

Si usted busca en Google a cuánto equivale un millón de dólares en efectivo, podrá dimensionar lo imposible que significa ese supuesto encuentro en un hotel de la Ciudad de México, que describió el narcotraficante y donde vio al entonces secretario de Seguridad. Porque una maleta o dos no son suficientes para transportar los millones de dólares que, aseguró, entregó a García Luna.

Ante el jurado en Brooklyn, Zambada asegura que hizo al menos dos pagos para garantizar la protección de su hermano, El Mayo, y evitar que fuera detenido. Según la versión de Zambada, el primer soborno fue entregado en un restaurante en 2005 y ascendía a tres millones de dólares. Dice que el primer soborno se dio cuando García Luna dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones, y el segundo osciló entre tres y cinco millones de dólares y se produjo en 2007, cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública.

Un hombre acusado de pedofilia y narcotraficantes presos en Estados Unidos, son los testigos claves en contra de García Luna.

García Luna ha recibido una sentencia mucho más alta, que la de la mayoría de los narcotraficantes quienes han sido los principales testigos.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dicen las autoridades estadounidenses, también entregó información sobre García Luna.

Lo cierto es que hoy, Ismael El Mayo Zambada está detenido en los Estados Unidos y podría fácilmente convertirse en testigo protegido.

Y es que mientas el Gobierno de México festina la sentencia de García Luna, hay que recordar que estos narcotraficantes, que fueron testigos en el juicio contra Genaro García Luna, también han dicho que han financiado campañas políticas en México de casi todos los partidos políticos.

Esta sentencia no es una buena noticia para el Gobierno de México, el actual y los pasados. En la justicia estadounidense han encontrado la forma de poder declarar culpable a alguien con los dichos de criminales confesos.