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“Los datos reservados son un derecho humano garantizado”

A finales de diciembre, Morena y sus aliados aprobaron una nueva ley, como siempre en una fecha específica para que pasara desapercibida, en la que ahora el Gobierno de la Ciudad de México obligará a quienes tienen bienes en la CDMX, con un precio mayor a los cuatro millones y medio a declarar qué usos se les da a los predios y quién habita ahí.

¿Para qué hacer esto si ya existe el Registro Público de la Propiedad? La Tesorería tiene posibilidades, por medio de satélites, de medir las dimensiones de los predios y hasta puede detectar el espacio de las áreas verdes de los predios.

Platicamos con el notario Ignacio Morales Lechuga para que nos explique a qué estamos obligados los capitalinos con esta nueva ley.

Ignacio Morales Lechuga (IML): El Gobierno está pidiendo una serie de datos que corresponden a la intimidad familiar. Debería tener una razón más que justificada y un compromiso transparente y claro de qué va a hacer con estos datos. Porque el derecho humano a la intimidad, a la privacidad de datos, es una garantía y derecho humano protegido por la Constitución. Viola también, de alguna manera, la alteración de nuestro concepto de propiedad que debiera ser respetado por el Estado.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo es la ley?

IML: Es un artículo del Código Fiscal de la Ciudad de México, el Artículo 132, que de manera confusa y profusa dice que debemos dar datos del estado que guarda nuestra casa-habitación, sin aclarar más en qué consiste esto que llaman ‘estado’

Además, pone como obligación de todos que debíamos dar este informe a partir de los 10 días siguientes a que entrara en vigor la reforma, en un formato que, la propia autoridad establecería, formato que hasta ahora, en esta fecha, 14 de febrero, no conocemos cómo está.

BB: ¿Es una ley para tener mayor recaudación?

IML: Todo mundo cree que es exclusivamente para pagar impuestos, pero tienen el satélite, tienen los drones; la Tesorería, si va a cobrar impuestos, tiene la construcción, el tamaño de la construcción, las características del terreno, todo a través de vía satelital o vía de drones, o puede mandar una cuadrilla a hacer un levantamiento.

Pero no tiene por qué tener la firma y el compromiso del propietario de estar confesando y declarando el estado que guarda la construcción.

Al rato van a decir: “¿Y cuántos lo habitan? ¿Y cómo se llaman? ¿Y cuántas recámaras tiene? ¿Y cuántas piezas?”, etcétera, etcétera. Sobre todo, es discriminatorio, o sea, no es general, porque solamente las propiedades que valgan más de 4 millones 527 mil pesos son las que están obligadas a manifestarlo.

BB: ¿Cuál crees tú que es el fin de esta ley?

IML: No creo que sea exclusivamente de carácter fiscal, sino que hay otra intención no manifestada que puede ir hasta fines confiscatorios o expropiatorios.

Mira, no nos gusta decir esto, pero los antecedentes de este tipo de leyes se encontraban en Alemania, en la década de los 30, apoyadas por Hitler, esas legislaciones para identificar las propiedades de los judíos y confiscárselas.

Chávez también hizo un ejercicio similar y expropió y confiscó propiedades; Castro, ni se diga, expropió todo y la propiedad de todos pasó al Estado, y el Estado es el que hacía el favor de permitirte que vivieras en una parte de una casa, en una recámara, en dos recámaras. Fue terrible Fidel Castro.

Así que no sé hasta dónde quieran llegar. Ha sido un Gobierno que arranca y dice: “No, no se preocupen”, sigue avanzando y sigue avanzando, y al rato te das cuenta de que los derechos que tenías hace siete años ya no los tienes.

Ha sido un despojo permanente de derechos humanos, entre ellos, para ponerte un ejemplo, el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas

Son tres que se han ido negando, primero con criterios de seguridad nacional: “Tales datos se reservan, se reservan, se reservan”, y ahora, modificando la Constitución para quitar el Inai y pasar todo eso a un ente burocrático de secretarías de Estado, la Secretaría de la Función Pública y otras, y el ciudadano ya no va a tener la facilidad de tener un instituto autónomo e independiente que te informase.

BB: Ahora, esto es muy preocupante porque se da simultáneamente con la nueva ley del Infonavit, en donde dicen: “¿Quién va a estar en contra de que se construya más vivienda?”. Por supuesto que está muy bien eso, pero bueno, ahora lo que dicen es que se va a construir vivienda con todo el fondo de ahorros de los derechohabientes del Infonavit. ¿Está en riesgo nuestra información?

IML: Por eso decía que los datos reservados son un derecho humano garantizado por la Constitución. Pues están…, no diría yo poniéndose en entredicho, están violándose, vulnerándose.

BB: Habrá multas para quien no cumpla con este registro.

IML: De cuatro a diez mil, pero yo creo que va a haber una buena cantidad de juicios para echar abajo las multas y para echar abajo el artículo, porque este artículo tampoco cumple con los requerimientos constitucionales. El único problema es que nos toque tómbola.

BB: ¿A partir de cuándo entra en vigor?

IML: Ya entró en vigor el primero de enero, pero no han enviado el formato que tú debes llenar. Cuando envíen el formato, ése es el momento de recurrir la aplicación del artículo.

BB: Si te llega este formato, ¿qué hacer para no tener que dar estos datos?

IML: Bueno, hay que recurrirlo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y enseguida, ante el amparo por violación de derechos humanos.

BB: ¿Algo más sobre esto que te preocupe y creas que es importante que la gente lo sepa?

IML: Yo creo que deberíamos construir más ciudadanía y estar más alertas de lo que la autoridad está haciendo, porque en la práctica lo que nos ha hecho es hacernos perder presupuesto, endeudarnos más como nación y perder derechos humanos frente al Estado, garantías y derechos humanos. Estos retrocesos o esa pérdida de derechos no la vamos a recuperar en el corto plazo, y lo peor es que esa ausencia de derechos se la estamos heredando a nuestros hijos.