Más allá de los cárteles como terroristas
Es difícil no compartir la designación como terroristas de los cárteles de la droga mexicanos, venezolanos y salvadoreños (los colombianos ya están en esa categoría desde hace años, junto con las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas). En México hemos visto masacres, ataques con drones, emboscadas a fuerzas de seguridad, asesinatos de políticos de todos los partidos, minas antipersonales en caminos, coches-bomba.
Tuvimos en el sexenio pasado 200 mil muertos y 60 mil desaparecidos. Los cárteles han movido, traficando con personas, millones de migrantes en los últimos años; a muchos de ellas y ellos los han matado, secuestrado, violado, extorsionado, convertido en sicarios.
Hay quienes dicen que los terroristas buscan objetivos políticos y los cárteles sólo ganancias. Es una verdad a medias: hemos visto a los cárteles intervenir en elecciones en forma abierta en muchos puntos del país, han designado autoridades, matado a quienes se les resisten; les interesa el poder político porque éste también es un baluarte económico. Ocurre en lo local, pero también tiene tentáculos en lo federal.
Apenas ayer veíamos un video donde autoridades municipales de Morelos están reunidos con los líderes locales del Cártel de Sinaloa. Hemos visto videos en el pasado de gobernadores y presidentes municipales de distintos estados reunidos con criminales y hay infinidad de llamadas grabadas que lo confirman. El crimen organizado, decía Leoluca Orlando, necesita la complicidad de áreas de la política para prosperar, y por eso esta designación de los cárteles como terroristas puede servir para desmantelar algunas de esas redes.
Por supuesto que eso no se aplica sólo a México: en Estados Unidos también operan esas redes y también hay complicidades políticas, pero no son tan evidentes, aunque la declaración de terroristas debería ayudar a combatir también allá esas redes, el lavado de dinero y el tráfico de armas.
¿Qué implica la designación de grupos terroristas? Según las leyes estadounidenses, cuando una organización entra en la lista FTO (Organizaciones Terroristas Extranjeras), es ilegal para una persona en EU o sujeta a su jurisdicción proveer “a sabiendas soporte material o recursos”, como “dinero o instrumentos financieros monetarios o garantías, servicios financieros, entrenamiento, asesoría profesional o asistencia, cajas fuertes, documentación, equipo de comunicaciones, armas, sustancias letales, explosivos, personal, transporte y otros usos físicos, con excepción de medicinas o materiales religiosos”.
Los representantes y los miembros de una FTO debidamente designada, si son extranjeros, no pueden ingresar a EU y, en algunas circunstancias, son extraditables. Cualquier institución financiera estadounidense, que toma conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO o sus agentes tienen intereses involucrados, debe retener dichos fondos y reportarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Son instrumentos poderosísimos, pero hay que matizar esa magnitud; por ejemplo, Colombia ha tenido entre las organizaciones designadas como FTO a las ELN, a las FARC y a las Autodefensas Unidas, involucradas en la guerrilla y el narcotráfico, y las sanciones sí golpearon a esas organizaciones, a políticos y empresarios relacionados con ellas, pero no ayudaron a depurar al país de esos grupos e intereses. Hubo profundos acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro se fueron rompiendo.
Pero también hay organizaciones FTO de Irlanda, Turquía, Chile, Grecia, Francia, China, India y Perú. Pero en casi todos los casos lo que hubo fue mecanismos de colaboración con los países víctimas de esas organizaciones, para establecer combates conjuntos contra las mismas.
La aplicación de ese arsenal de medidas depende mucho de la colaboración que se pueda establecer. El comunicado de ayer del Comando Norte respecto a la reunión que mantuvieron el General Gregory M. Guillot con el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, sobre las actividades de cooperación en la frontera entre Estados Unidos y México, es muy revelador.
Dice ese comunicado que ambos generales se reunieron recientemente para hablar sobre la cooperación para aumentar la seguridad en la frontera y que la conversación dio como resultado “la formulación de una Declaración Conjunta de Entendimiento sobre las actividades de cooperación a lo largo de la frontera, que incluirán patrullajes coordinados en sus respectivos lados de la frontera, un mayor intercambio de información y métodos de comunicación inmediata. La conversación y los acuerdos enfatizan que cada país respetará la soberanía del otro. Tanto el general Trevilla como el general Guillot esperan que su acuerdo permita más conversaciones y coordinación para garantizar la seguridad mutua de ambos países”.
Ése es el tono y la magnitud de la colaboración militar que me parece el instrumento central en estos mecanismos, a los que se deberán sumar los acuerdos que comience a trazar la Marina Armada de México con sus homólogos estadounidenses y los del secretario Omar García Harfuch con las agencias de ese país, sobre todo la CIA y el Homeland Security. Es muchísimo lo que depende de esos acuerdos de cooperación y colaboración.
