A los narcos justicia y gracia …
Mientras a los más peligrosos narcotraficantes y sus operadores, los jueces les otorgaron la libertad, argumentando fallas al debido proceso, otros presuntos delincuentes reciben la justicia a secas, y en casos hasta se les falsifican documentos para mantenerlos en prisión.
Ahí están los casos: Karina Mora Villalobos que, además de mantener una relación sentimental con José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, es una de las principales operadoras del grupo criminal, ha quedado en libertad. Estuvo detenida apenas seis días
Óscar Andrés, alías El Lunares, líder de La Unión Tepito, quien al momento de su aprehensión tenía en su poder estupefacientes y diversas armas de fuego, fue liberado por una juez, y apenas pudo ser reaprehendido minutos antes de abandonar el penal. En ambos casos se adujo faltas al debido proceso.
Rosario Robles, a la cual el delito por el cual es acusada le permitiría llevar su proceso en libertad, está en la cárcel argumentando que no tenía un domicilio establecido y había mentido al respecto, para lo cual se utilizó una licencia que falsificaron sus fiscales. Tiene derecho a seguir su proceso en libertad, pero sigue en la cárcel.
Karina fue detenida el pasado 29 de enero junto con César «N», Serafina «N» y Alfonso «N», durante un operativo en la comunidad de San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato. En la casa de seguridad localizaron diversas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos, artefactos explosivos, droga y dinero en efectivo.
Días después, un juez federal determinó que los elementos ingresaron ilegalmente al domicilio donde se encontraban los “presuntos” integrantes del cártel. Contaban con una orden de cateo autorizada por un juez de control, pero de un domicilio cercano al que realizaron la captura.
Karina, originaria de Tierra Blanca, Veracruz, tiene una hermana llamada Angélica, “presunta” operadora del CSRL y quien fue detenida en marzo de 2019 y sí, también fue liberada.
Mientras tanto el 31 de enero en el municipio de Tolcayuca, en Hidalgo, fue detenido Óscar Andrés, alías El Lunares, líder de La Unión Tepito. Al momento de su aprehensión, tenía en su poder estupefacientes y diversas armas de fuego.
Su delito le costó 11 años de cárcel y $35 mil
Una semana después, Beatriz Moguel, Juez de Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ordenó su inmediata liberación por “contradicciones insuperadas e insuperables” en la detención.
De acuerdo con la juez, el informe presentado por el Ministerio Público Federal es nulo y no coincide en tiempo y hora en el que transcurrieron los hechos.
Cuando El Lunares abandonaba el penal del Altiplano, en el Estado de México, policías de Investigación cumplimentaron una nueva orden de aprehensión vigente por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado.
Lo cierto es que era la segunda liberación en menos de cinco meses, en la que un juez federal ordenaba dejar libres a “presuntos” integrantes de La Unión Tepito, con el argumento de errores en la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH), y sin tomar en cuenta los antecedentes criminales de los capturados.
La anterior ocasión, el Juez de Control del Reclusorio Sur, Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que envió a prisión a Rosario Robles, calificó de ilegal la detención de 27 de las 32 personas detenidas en un operativo realizado el 22 de octubre en La Fortaleza, ubicada en Peralvillo 33, en la colonia Morelos.
En marzo de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había reprochado a los jueces que dejaban libres a delincuentes a pocos días de haber sido detenidos; los llamó: “jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia”.
En esa ocasión, dijo, abordaría la problemática con ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la Fiscalía General; “se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. El argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que sale hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad”, criticó.
En septiembre reiteró la necesidad de no permitir la corrupción en jueces, en magistrados, al tiempo que contrastó la falta de ética de algunos juzgadores con el compromiso de elementos de las fuerzas de seguridad: “Imagínense el esfuerzo que hacen, el sacrificio. Arriesgan hasta la vida quienes detienen a delincuentes, muchos reciben amenazas; y van a la cárcel y salen porque tienen muy buenos abogados, muy buenos para sobornar (…) Muchos de ellos ni siquiera aplican la teoría del derecho, más que nada son influencias y dinero. Entonces, liberan a presuntos delincuentes”.
Lo cierto es que este problema es sumamente grave ya que en cuanto pisan la calle, los criminales vuelven a integrarse a sus grupos delictivos para seguir causando terror entre la sociedad.
Como ejemplo está el caso Ayotzinapa, en el que 77 de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, han sido liberados.
Uno de ellos fue Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, a quien se le ha relacionado con la reciente ola de violencia por la disputa entre Guerreros Unidos y Los Rojos. Se sabe que, tras salir de prisión, el liderazgo de Guerreros Unidos estaría a cargo de uno de los hermanos Benítez Palacio con quienes trabaja El Cabo Gil.
Otro caso igual de dramático es el de Alexis El Chofo, presunto jefe de plaza del CJNG en Lagos de Moreno, Jalisco. El 23 de abril del año pasado, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, pero un mes después fue liberado por el juez Enrique Velásquez Martín debido a un supuesto error en la carpeta de investigación.
Al salir de prisión, buscó al policía que lo detuvo y lo asesinó.
Hay quienes sí logran ser procesados, pero extrañamente, ven reducidas sus sentencias de manera impresionante.
En Chihuahua, hace apenas unos días, un sujeto llamado José Raymundo Quezada Sandoval, preso por la violación y asesinato de Paulina, una joven estudiante de 16 años, fue liberado por un juez.
José Raymundo Quezada confesó su crimen en 2008 y fue condenado a 60 años de prisión, pero debido a su “buena conducta”, en junio de 2018, un juez bajó la sentencia a 14 años.
Pero a finales de enero, el juez Rodolfo Romano lo liberó argumentando la buena conducta del interno. La reparación del daño que fue ordenada en la sentencia es de 60 mil pesos, pero también le fue rebajada a sólo 35 mil pesos.
En un país que está luchando para disminuir los índices de corrupción, estos casos parecen no sólo ridículos, sino que ofenden a todos los mexicanos y lastiman a las corporaciones de seguridad.
La liberación de “presuntos” delincuentes por parte de jueces, es un mal chiste que parece contarse todos los días.
