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Adiós a la libertad de expresión

En este momento usted puede leer esta columna, acceder a cualquier red social como X, Facebook, Instagram, YouTube o TikTok o ver cualquier canal de televisión que quiera. Hoy, usted puede elegir el contenido que desee y decide si quiere ver alabanzas al Gobierno o fuertes señalamientos contra su forma de trabajar y ejercer el poder.

Hoy, usted puede escoger entre ver a los medios de comunicación del Estado, que han dejado de hacer programas de cultura y de entretenimiento para convertir su contenido principalmente ideológico.

Hoy usted puede expresarse libremente en sus redes sociales. No importa lo que usted quiera ver, pero hoy la libertad de expresión y de decisión sobre el contenido que se consume y se hace, es derecho de cada uno de nosotros, pero los derechos se pueden perder, y la libertad que tenemos para decidir qué contenido queremos ver puede llegar a su fin en México.

Desde hace mucho tiempo se ha buscado la forma de censurar a quienes no piensan como nuestros gobernantes, o a quienes tienen otros datos de los que nos quieren mostrar.

Una ley que no se habían atrevido a pasar porque evidentemente es una violación a la libertad de expresión, pero ahora han encontrado el pretexto perfecto para pasarla y hoy lunes está en el Senado de la República y será un día clave para conocer qué pasará con la libertad de expresión en nuestro país.

Los anuncios publicitarios del gobierno de Estados Unidos, amenazando a los migrantes de no llegar a su país, fue el pretexto para introducir una ley que censure y prohíba cualquier contenido que le moleste a los gobernantes.

Utilizando lo del anuncio del gobierno de Estados Unidos como cortina de humo, en las comisiones del Senado se aprobaron, el jueves pasado, reformas de fondo para que el Gobierno federal regule, sancione, asigne espectros y concesiones, fije tarifas y hasta bloquee contenidos en la tele, radio y hasta Internet, en la que incluyeron cambios más allá del combate a los anuncios publicitarios estadounidenses.

Es una ley que ya estaba hecha y que, simplemente, la adecuaron para pasarla en este momento. Contiene 300 cuartillas y fue aprobada en tan sólo 24 horas, después de haber sido publicada en la Gaceta Oficial del Senado. ¿Cuántos senadores realmente la leyeron?

La reforma se discutiría en el pleno, pero el pasado viernes 25 de abril, el Senado de la República aplazó la discusión del dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la finalidad de abrir una consulta con representantes del sector, expertos, sociedad civil y el propio Gobierno. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que la ley a telecomunicaciones podría pasar sin hacer ajustes.

¿Transformación o retroceso?

Según el artículo 65 de esta nueva ley, el Gobierno federal puede rescatar o eliminar concesiones de radio y televisión por interés público, porque tendrá las facultades, algo que desde la oposición consideraron conductas de los regímenes autoritarios.

Otra fracción peligrosa de la ley de telecomunicaciones es el artículo 109, el cual especifica que “las autoridades competentes” —es decir, toda la 4T— podrán solicitar el bloqueo de plataformas digitales, como redes sociales, servicios de streaming o aplicaciones, bajo justificaciones, como la seguridad nacional o el incumplimiento fiscal, lo preocupante es que esto podría hacerlo sin necesidad de una orden judicial.

También podría bajar cualquier plataforma o cuenta de particulares. ¿Imagínese que haga una denuncia de cualquier tipo? Si su publicación no le gusta a una sola persona que sólo le reporta a la Presidenta, y es quien preside la Agencia de Transformación Digital.

La redacción de la actual iniciativa, da la posibilidad de llevar a cabo una restricción extrema a la libertad de expresión tanto en los medios privados, como en las plataformas digitales en Internet.

Todas estas restricciones las podrá hacer el Gobierno federal a través de la recién creada Agencia de Transformación Digital, que concentrará facultades que antes se dividían entre las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual desapareció en noviembre de 2024 y su función era evitar la concentración de poder y fomentar una competencia en el sector.

Esta superagencia creada por el Gobierno de Morena surgió luego de la desaparición de organismos autónomos, incluido el IFT, y tendrá los datos de todos los usuarios de aplicaciones, es decir, casi de todos los mexicanos, y podrá bajar videos de denuncias que usuarios hagan virales, algo que ha empoderado al ciudadano frente al Gobierno, por lo que en la Cámara de Diputados la apodaron la Ley Gestapo.

Hay que estar muy atentos hoy lunes que se tiene previsto se apruebe esta ley, hoy Morena tiene la posibilidad de aprobarla solamente con sus senadores, no necesita buscar consensos o aliados para hacerlo.

De aprobarse, se limitarán las denuncias sobre corrupción, violencia, carencias en el sistema de salud, en general, todo aquello que a las autoridades les moleste o les incomode, como el campo de exterminio que madres buscadoras localizaron en Teuchitlán, Jalisco.

Los pacientes con cáncer no podrían denunciar la falta de medicamentos, o como recientemente se evidenció a un recién nacido con un botellón de agua en la cabeza para que pudiera respirar y sobrevivir, en un hospital de Macuspana, Tabasco; los grupos ambientalistas no mostrarían los daños ecológicos del Tren Maya en la selva del sureste mexicano.

La Agencia de Transformación Digital operará sin autonomía como en los tiempos de Luis Echeverría, cuando en los años 70 la Secretaría de Gobernación controlaba absolutamente cualquier contenido que se difundiera por radio, televisión y hasta en los espectáculos que se presentaban en la calle.

Organismos como el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y la Asociación Latinoamericana de Internet alertan que México se encamina a una auténtica dictadura.

La libertad de expresión es un derecho que hoy tenemos todos los mexicanos, y están tratando de quitárnoslo con esta ley.