Chiapas y el crimen organizado
En Chiapas parece que la ley la maneja el más fuerte, que evidentemente no es el Gobierno. Pueden matar doctoras, desplazar comunidades enteras, traficar con migrantes y drogas y ahora, hasta hacer renunciar a sus cargos políticos a quienes han sido democráticamente electos.
El pasado 30 de enero, el municipio de Aldama, Chiapas, era encabezado por Angelina Díaz Méndez, quien asumió el cargo como alcaldesa el 1 de diciembre de 2021, luego de ganar las elecciones por el Partido Verde.
Tras un año y un mes, hombres de su municipio la obligaron a renunciar con la amenaza de que si no lo hacía, sería obligada a prenderse fuego frente a la asamblea y violada debido a que piensan que una mujer no debe liderar su municipio.
Ante esta situación, Angelina interpuso una denuncia el pasado 3 de febrero, por violencia política en razón de género, ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas.
En ese mismo documento, según lo dado a conocer por medios locales, se indica que con las amenazas se busca imponer un consejo municipal integrado por hombres y que, para ello, se violentaron sus derechos como mujer y el poder participar en la vida política del municipio de Aldama.
Mientras que la organización 50+1 Chiapas, señaló que eso atenta contra el Estado de derecho y la voluntad popular del proceso electoral.
Los inconformes no quieren que una mujer esté al frente de su municipio. Prefieren que sus gobernantes sigan con la tradición de votación a mano alzada y que las mujeres sean sólo prestanombres, que luego cedan sus cargos para que los hombres sean los verdaderos gobernantes.
De acuerdo con pobladores, Angelina Díaz no gobierna Aldama porque, debido a los usos y costumbres, su esposo, Alonso Pérez Sántiz, ocupa el cargo de “presidente municipal por usos y costumbres”, que era él quien presidía reuniones.
Aldama es uno de los 17 municipios que integran la región de los Altos de Chiapas, que en medio de esta disputa tiene que sortear la violencia generada por la presencia de grupos criminales.
Desde 2019, los pobladores han denunciado constantes balaceras en la zona que colinda entre los municipios de Aldama y Chenalhó, muchos de los grupos criminales trafican droga, migrantes y armas. Han desplazado comunidades indígenas para quedarse con las tierras y usarlas para su beneficio, sin importar que los habitantes terminen perdiendo su único patrimonio.
De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios de Chiapas, y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.
Murió cumpliendo su misión
En los Altos de Chiapas existe la mayor presencia de grupos paramilitares, muchos de ellos ligados al crimen organizado, debido a las operaciones después del levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La entidad tiene al menos seis rutas para el tráfico de droga y es un estado disputado, principalmente, por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, debido a que tienen el mayor contacto con cárteles de Sudamérica para el envío de la droga. En el caso del tráfico de migrantes, Chiapas es una zona controlada por los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, uno de los negocios ilegales más redituables.
Ya en otras ocasiones le he dado detalles de cómo se transformó el negocio del tráfico de migrantes que, de ser algo local, con contactos en la frontera norte, se convirtió en un negocio global.
Por desgracia, ya no se trata sólo de hacer cruzar la frontera y trasladar migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, sino que ahora son usados y traídos desde diferentes países, con la finalidad de que sirvan en el tráfico de droga, armas y dinero.
Mientras que a las mujeres migrantes las explotan de forma sexual, incluso esos abusos se han convertido en una norma, lo mismo ocurre con el secuestro con un doble propósito: por una parte, cobrar rescate a sus familiares en Estados Unidos o en su país de origen, y, por la otra, hacerse de sicarios, de mano de obra barata y sin identificar.
Aquellos que fueron privados de la libertad y no tienen con qué pagar, porque no han podido establecer contacto con sus familiares o amigos, terminan muchas veces, por medio de amenazas y presiones, convertidos en sicarios. No es una especulación, es uno de los principales temas de investigación de las agencias estadounidenses respecto al tráfico de personas en México.
Generalmente los ponen a trabajar de “halcones”, vigilando zonas específicas e informando quién circula por ciertos territorios, mientras otros son adiestrados para utilizar armas. Si no cumplen con esas labores, simplemente no comen, o luego son asesinados. Y es que el trasiego de migrantes, hoy, es negocio del crimen organizado.
Hace tiempo documentaba en este espacio que en la comunidad en El Carrizal, ubicada en el municipio de Ocosingo, también en los Altos de Chiapas, se ganaron 20 millones de pesos por un cachito del sorteo del avión presidencial de la Lotería Nacional y empezó su desgracia. Veintiocho familias tuvieron que abandonar su población.
Los padres de familia y miembros de la comunidad querían utilizar esos recursos para la escuela preescolar José María Morelos y Pavón” que fue uno de los premiados. Las amenazas de muerte empezaron por parte de los Los Petules, un grupo criminal que opera en la zona y que exigieron el dinero para la compra de armas.
No se hicieron las mejoras al plantel, las familias tuvieron que abandonar sus tierras y estos delincuentes se quedaron con el dinero.
Tan sólo en este estado se han decomisado miles de kilogramos de cocaína en los últimos meses, porque claramente es un punto estratégico para el trasiego de droga, y ahí está metido el crimen organizado.
Apenas ayer, en San Cristóbal de las Casas, el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y de Nuestros Territorios, expresó su preocupación por “el aumento de la delincuencia organizada, la venta y consumo de drogas químicas, la circulación de armas en casas de seguridad y las llamadas de extorsión y secuestro de jóvenes”, así como por la imposición de megaproyectos que destruyen la madre tierra.
Las autoridades estatales y federales deben poner especial atención, porque en el estado de Chiapas podría haber un estallido mucho más grave de lo que se está viviendo ahora.
