Coahuila: dilapidar lo logrado

Coahuila es un estado con enormes desafíos de seguridad. Tiene una frontera larga y relativamente despoblada con Estados Unidos, que permite el tránsito de personas, drogas, armas y todo tipo de productos, sobre todos los autos de contrabando, los famosos chocolates.

Al oeste tiene frontera con Chihuahua, una de las más peligrosas en términos de seguridad. Al suroeste de Colinda y tiene una enorme zona urbana común con Durango, donde Torreón, Lerdo y Gómez Palacios, son en realidad una misma ciudad dividida entre dos estados. Al sur está Zacatecas, un territorio en permanente disputa criminal. Más al sureste de San Luis Potosí, con problemas gravísimos en la huasteca y toda la frontera este se da con Nuevo León, aunque en plena frontera norte, donde está el puente fronterizo de Colombia, cruzar a Tamaulipas implica recorrer sólo unos metros.

Durante años, la frontera norte y buena parte de Coahuila estuvo controlada por Los Zetas, la zona sur por el cártel de Sinaloa, parte de la frontera colindante con Nuevo León por diferentes grupos criminales del Golfo enfrentados entre ellos y con los de Sinaloa, además de Los Zetas. El saldo final fue la aniquilación de este grupo criminal y un territorio con una hegemonía casi completa de los grupos de Sinaloa. Pero también, hay que decirlo, con una estrategia policial, sobre todo cuando José Luis Pliego fue su jefe de seguridad que, en estrecha colaboración con fuerzas militares, eliminará la mayoría de los grandes fenómenos de violencia que vivían hace apenas unos años en ese estado.

Una historia ilustra mejor que nada lo sucedido. La masacre de Allende, comparada con el intento de toma de Villa Unión en Coahuila y la que se efectuó en Las Pomas, Chihuahua, no demasiado lejos de allí. La contamos en su oportunidad con mucho detalle en Todo Personal.

En la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero del 2020, 150 sicarios, en 50 camionetas, atacaron el poblado de Las Pomas, en el municipio de Madera, Chihuahua. Quemaron 22 casas, varios vehículos, algunos pobladores llegaron a huir, otros aparentemente fueron secuestrados por los sicarios. Lo cierto es que no hubo la menor noticia de los atacantes y las autoridades llegaron muchas horas después al lugar de los hechos, como ocurrió cuando las mujeres y niños de las familias LeBaron y Langford fueron atacados en la frontera entre Chihuahua y Sonora, no muy lejos de Madera, donde se dio este ataque.

Unos días antes, el Presidente López Obrador había prometido el fin de la impunidad en la zona. También en gira por Chihuahua, se reunió con el entonces gobernador Javier Corral, de triste memoria en el estado, quien lo invitó a desayunar a su casa y le horneó pan. En Ciudad Juárez se realizó la reunión nacional de seguridad, donde también se habló de acabar con la impunidad.

Pero cuatro días después, la impunidad se volvió a imponer en Las Pomas. Hay extensas áreas de Chihuahua y zonas colindantes sin control alguno de las autoridades, con un crecimiento geométrico de la violencia.

Entre todas las formas de violencia que adopta el crimen organizado, la destrucción completa de pueblos es quizás la más terrible, porque no sólo se acaba, o intenta acabar con vidas, sino también con el patrimonio, el arraigo, en algunos casos por generaciones, de esas comunidades, con su historia. El caso de Las Pomas, en el municipio de Madera, fue una representación de todo eso, pero también de una cada vez mayor impunidad: 150 sicarios en 50 camionetas llegaron a ese pueblo y lo quemaron ¿y nadie se enteró, ninguna inteligencia lo pudo prever, nadie pudo perseguirlos? No hubo ni siquiera un despliegue significativo: varias horas después del ataque llegaron al lugar policías estatales y la Fiscalía local, junto con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Encontraron sólo cenizas y desolación.

Pega violencia de estados vecinos

No es que no se pueda, quizás es que no se quiere o no se tiene capacidad o decisión para encarar ese combate. Hace algunas semanas, cuando se dio algo similar en el poblado de Villa Unión, en Coahuila, la coordinación de fuerzas estatales y federales permitió rodear y perseguir hasta Tamaulipas a los asaltantes y provocarles más de 25 bajas, entre muertos y detenidos.

Villa Unión está muy cerca también de Allende, un pueblo en el que en 2011 Los Zetas cometieron la mayor masacre en la historia de la lucha contra el narcotráfico: un número indeterminado de personas, entre 100 y 300, fueron asesinados por los comandos de Los Zetas, que tomaron aquel pueblo para vengar, se dijo entonces, una supuesta delación.

El pueblo de Villa Unión se libró de un destino similar al de Allende o al que le tocó sufrir a Las Pomas, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros casos, se actuó con firmeza y coordinación en las instancias federales y estatales que no sólo repelieron el intento de toma de ese pueblo por el Cártel del Noroeste, sino que incluso se implementó la persecución por tierra y aire del grupo criminal por toda la frontera de Coahuila e incluso dentro de Tamaulipas, donde los restos del comando de 70 sicarios trataron de refugiarse.

Cuando ocurrieron los hechos dijimos en Todo Personal que si los atacantes de Villa Unión pensaban que iban a ser tratados con la misma indulgencia que los sicarios que tomaron Allende o Las Pomas, los hechos demostraron que se equivocaban: tuvieron como respuesta toda la fuerza del Estado. Eso, dijimos, era lo importante, lo excepcional.

Desgraciadamente, en Chihuahua en esas fechas se seguía sin actuar, operando mal y tarde, como con el caso de los LeBaron y en Las Pomas. La nueva gobernadora, Maru Campos, tiene en la seguridad su mayor desafío. Siendo presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua supo hacerlo muy bien, aunque sufrió todo el tiempo el acoso del gobernador, paradójicamente de su mismo partido, Javier Corral.

En Coahuila, el gobierno de Miguel Riquelme ha tenido avances notables. En una plática con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el propio secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le dijo al comunicador que esa entidad era de los tres o cuatro estados que cumplía plenamente con sus responsabilidades en materia de seguridad, pero se debe asumir que los avances que se logran se pierden si no se consolidan.

Ha habido experiencias notables que han tenido fuertes retrocesos, algunos funestos, como sucedió en su momento con, por ejemplo, Guanajuato, o en forma parcial durante la administración de El Bronco, en Nuevo León. En Chihuahua el operativo Juárez había borrado a los grupos criminales durante la administración de Reyes Baeza y César Duarte. La miopía política de Corral permitió el regreso de esos grupos.

La lucha contra los grupos criminales debe tener ajustes, pero la presión constante no puede abandonarse porque terminan regenerándose. Los presuntos responsables del crimen de los LeBarón y los Langford fueron los responsables del ataque a Las Pomas: el cártel de La Línea. Este grupo ligado al Cártel de Juárez prácticamente había desaparecido, pero los cambios sexuales en el estado y en la Federación, modificaron prioridades, cambiaron estrategias y abandonaron hacer. La consecuencia es que esos cárteles se regeneran.

Esta columna forma parte de un trabajo periodístico, en el cual se analiza la seguridad de los estados de la República Mexicana.