El alto riesgo de ser candidato
Estamos entrando a la elección más grande de la historia en México y también la más violenta. Los ataques contra precandidatos se han intensificado desde el mes de noviembre pasado. A partir de este 2024 y tan sólo en el mes de enero 10 aspirantes a cargos políticos fueron asesinados también.
Las elecciones en México van a estar manchadas de sangre, faltan poco más de cinco meses y analistas estiman que unos 100 participantes en estas elecciones podrían perder la vida en el proceso.
Estamos hablando de candidatos de distintos partidos. En estados donde el crimen organizado es más intenso, el riesgo se intensifica porque el narco quiere tener injerencia. Si sienten que un candidato puede afectar sus intereses, ahí pueden actuar.
En estas semanas está el caso de Alejandro Lanuza Hernández, regidor de Salvatierra en Guanajuato por el PAN. Era hermano de la exalcaldesa de Salvatierra, Karla Alejandra Lanuza.
William Monje Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz, quien había sido miembro del partido Movimiento Ciudadano y quien buscaba nuevamente ese cargo, pero por Morena, también perdió la vida.
En Michoacán, Dagoberto García Rivera buscaba contender por la presidencia municipal en Maravatío por Morena, fue asesinado a tiros, dicen que porque no permitía la venta de drogas en su negocio.
En Acapulco, Guerrero, Ricardo Taja, un empresario local y aspirante a una diputación por Morena, también fue asesinado mientras comía en una pozolería en la zona de Acapulco Diamante.
La lista es enorme, aspirantes de distintos partidos, en varios estados del país, han sido agredidos. Desde Chiapas hasta Jalisco.
En la Ciudad de México, Samantha Gómez Fonseca, precandidata al Senado por Morena, fue asesinada a balazos en la alcaldía de Xochimilco.
Tenía 37 años y ese día había salido del Reclusorio Sur, a donde fue a visitar a un interno, presuntamente había recibido amenazas de internos de ese penal y de Santa Martha Acatitla.
En los primeros días de febrero, los ataques a aquellos que buscan cargos políticos han incrementado.
Apenas empezando este mes, son ya por lo menos cinco las víctimas.
En las calles del centro de Santa Clara Coatitla, del municipio de Ecatepec, Yair Martín Romero Segura, alias El Chorongo fue asesinado. Tenía poco de haberse integrado al equipo de trabajo de Ernesto Santillán Ramírez, aspirante a la alcaldía de Ecatepec por Morena, y ya había denunciado amenazas, extorsión y presión política por parte de líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).
Lo sucedido con la familia del gobernador David Monreal, y a su hermano, líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en Zacatecas, también es alarmante.
El miércoles 7 de febrero asesinaron a Juan Pérez Guardado, cuñado de los Monreal en Fresnillo, quien se desempeñaba como director de Desarrollo Social.
Se encontraba haciendo trabajos de limpieza en el camellón principal de la avenida Prolongación Sonora, cuando sujetos armados le dispararon desde una motocicleta. Se ha desplegado un operativo de búsqueda de los agresores, pero hasta ahora no hay detenidos.
El senador Ricardo Monreal interrumpió sus actividades oficiales para trasladarse a Zacatecas para acompañar a su familia; y en el pleno del Senado se guardó un minuto de silencio ante este asesinato.
Pérez Guardado fue asesor del entonces alcalde de Fresnillo, David Monreal, y tuvo papeles importantes en varias campañas electorales, convirtiéndose en un operador político importante dentro de Zacatecas. En 1985 Ricardo Monreal se casó con María de Jesús Pérez, hermana de Juan Pérez Guardado.
Ese mismo día, también en Zacatecas, pero horas después, mataron al hermano del alcalde de Sombrerete. El empresario gasolinero, Cecilio Murillo, fue herido por arma de fuego en la comunidad González Ortega poco antes de las seis de la tarde.
Chilo Murillo, como también era conocido, fue candidato a presidente municipal de Sombrerete en dos ocasiones: la primera en 2013 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después en 2021 con el Partido Acción Nacional (PAN), esta última la perdió contra su hermano y actual alcalde, Alan Murillo, quien milita en el PRI.
Apenas en diciembre pasado, Chilo Murillo había denunciado las extorsiones a los comercios del municipio de Sombrerete.
Tres días después de estos asesinatos, el sábado 10 de febrero, la familia Monreal volvió a sufrir la pérdida de otro familiar, también en el municipio de Fresnillo.
Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino de los políticos, se encontraba en la comunidad Plateros, cuando fue asesinado; se desempeñaba como funcionario del departamento de Desarrollo Social. Era hijo de Juan Monreal, primo hermano de David y Ricardo Monreal.
Este ataque ocurrió a dos kilómetros de las instalaciones del 97 Batallón del Ejército Mexicano, donde el gobernador David Monreal le daba la bienvenida a 800 militares que llegaron al estado para reforzar las tareas de combate a la delincuencia.
Y es que la delincuencia se está apoderando de muchas zonas del país entre ellas Zacatecas.
Hace unos días y para intentar proteger a los aspirantes a puestos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a los partidos políticos un esquema de seguridad para los candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a las nueve gubernaturas, municipios y demás cargos, que se renovarán este año, que en total suman 20 mil.
Pero parece muy difícil que cualquier plan para cuidar a los candidatos funcione, sin el apoyo del Gobierno federal.
El INE aclaró que sólo procesará y canalizará las solicitudes de protección con autoridades de seguridad, exclusivamente para candidaturas federales, ya que no cuenta con atribuciones de vigilancia e investigación. En el caso de solicitudes de seguridad para candidaturas locales, éstas serán canalizadas a las mesas de seguridad locales.
El documento detalla que se brindará protección tomando en cuenta los niveles de riesgo alto, medio o bajo, con base en los resultados de análisis de riesgo hecho por la Guardia Nacional, además de la incidencia delictiva en la zona y si los aspirantes han recibido amenazas.
Por ejemplo, detalló que en las zonas de alta incidencia delictiva los candidatos se supone que contarán con cuatro vehículos de escoltas y uno principal, dispondrán de 10 elementos para su protección por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para la oposición estas medidas son insuficientes y han solicitado al Gobierno federal que brinde seguridad durante todo el proceso electoral, ya que consideraron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es demasiado grave para la solución que se le quiere dar.
Morena y sus aliados avalaron el protocolo diseñado por el INE y el Gabinete de Seguridad Federal.
Son tantos los aspirantes, que los esquemas de protección son muy difíciles. Y con los índices de ataques que llevamos en estos últimos meses, hoy ser aspirante a un puesto de elección popular es de alto riesgo.
