El derrumbe de Maduro
El Gobierno de México, que tantas y tan buenas páginas de política exterior ha escrito a lo largo de su historia, ha cometido un grave error con su posición de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y darle la espalda a Juan Guaidó; y con él, a las democracias de América y Europa.
La crisis venezolana es ya irreversible y Maduro se sostiene sólo gracias a las bayonetas, a los jefes militares que están a cargo de lo que queda de la economía y de negocios ilegales, que van desde el contrabando hasta el narcotráfico. La Unión Europea ha exigido a Maduro, cuya legitimidad no reconoce, que convoque a elecciones en ocho días; Gran Bretaña le impidió a Maduro el retiro de más de mil millones de dólares en oro que estaban depositados en Londres, porque no reconoce su gobierno; Estados Unidos y Canadá hace tiempo que le han quitado el respaldo, al igual que las 14 naciones que integran el Grupo de Lima, con excepción de México.
El Gobierno federal ha declarado que mantiene su reconocimiento a Maduro, porque se rige por los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero olvida que el mismo texto constitucional dice que esos principios van de la mano con el respeto a los derechos humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha especificado que “el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no puede ser considerado por la comunidad internacional como barrera a la protección contra las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos”. Y eso es lo que está viviendo Venezuela bajo el régimen de Maduro.
También se dijo que la posición de México y de Uruguay, donde gobierna el Frente Amplio, con grupos cercanos también al chavismo, les permitiría ser considerados intermediarios para una negociación. En realidad ha ocurrido exactamente lo contrario. Maduro aceptó esa mediación porque los considera gobiernos aliados, mientras que la oposición venezolana, con Guaidó a la cabeza, rechazó, por la misma razón, esa mediación.
Como ya se ha dicho, si México hubiera querido mediar en Venezuela tendría que haber partido de la exigencia de demandar a Maduro que acabe con la represión contra su propia gente y liberara a los presos políticos, luego tendría que haber reconocido a Guaidó o, por lo menos, como se hizo en los años 80, con el tema de El Salvador, aceptarlo como parte beligerante. Si simplemente declaramos que respecto a Venezuela, para nuestro país nada ha cambiado y se sigue reconociendo como gobierno legítimo al de Maduro, no tenemos nada que hacer allí.
Hemos quedado en el mismo grupo mundial que Cuba, Nicaragua, Bolivia, China y Rusia, que no son precisamente un paradigma democrático.
La situación que se vive en Venezuela no admite parches diplomáticos. Como lo demandó la Unión Europea, la exigencia es que haya elecciones libres, y eso es imposible con Maduro queriendo detentar el poder y desconociendo al Legislativo. Con un agravante: mientras el gobierno de Maduro se montó sobre una elección en la que no participó la oposición y en la que no hubo condiciones democráticas mínimas, proceso que fue desconocido por la comunidad internacional, la Asamblea Legislativa es producto de unos comicios que si bien tuvieron muchas limitaciones, fueron relativamente abiertos y donde la oposición ganó de manera abrumadora. Maduro desconoció ese resultado y simplemente de un plumazo quiso acabar con el Poder Legislativo emanado del voto y lo reemplazó por un organismo a modo, creado por su propio partido; lo mismo que había hecho, casi al mismo tiempo, con el Poder Judicial.
La clave para el mantenimiento de Maduro, que ha perdido en un par de años 50 por ciento del PIB del país, pasa solamente por un factor: los mandos militares que siguen respaldándolo, para su propio beneficio. Pero incluso allí comienza a haber grietas. El agregado militar de Venezuela en Washington ya desconoció el mando de Maduro, rechazó la ruptura de relaciones decretada por éste y declaró que representa al gobierno legítimo, que es el de Guaidó.
Mientras tanto, nuestra política internacional languidece. Fuera de Davos, de la crisis venezolana, sin participar en los grandes debates del futuro del mundo y, aunque no lo comprendan, cada vez más fuera del circuito de las grandes inversiones internacionales, imprescindibles para el desarrollo del país.
Pero no cede…
La oposición de Venezuela inició ayer una campaña para hacer llegar a los militares y policías del país el texto de la propuesta de amnistía dado a conocer recientemente por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, jefe del parlamento. El documento fue entregado en varios destacamentos de Caracas y, en algunos casos, los militares destruyeron el material.
Según Guaidó, su iniciativa busca propiciar la transición política e incluye, entre otros puntos, la eliminación de la responsabilidad penal desde un mes antes de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, y la reinserción de los policías y militares que contribuyan al “restablecimiento del orden democrático en el país”.
Ayer, el presidente Nicolás Maduro rechazó en entrevista de televisión el ultimátum de ocho días para convocar a elecciones en su país, efectuado por varios miembros de la Unión Europea (UE), y lo consideró “una insolencia”.
También dijo que estaba abierto al diálogo y que una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era improbable pero no imposible.
La víspera, el mandatario calificó de “gran victoria” la determinación mayoritaria en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en la que 19 de un total de 35 naciones rechazaron “la injerencia extranjera” en Venezuela. “Tremenda victoria Mike Pompeo se fue de la reunión”, expresó.
