El resbalón de Olga Sánchez Cordero

BAJO SOSPECHA

Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, lleva meses utilizando todas las artimañas posibles para ampliar su mandato de gobernador, de dos años para el que fue electo a cinco años.

Algunas de éstas son desde comprar al Congreso local, hacer que legislaran en una sede alterna para que no estuvieran los legisladores que no pudieron sobornar y hacer una consulta patito, muy parecida a la que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Una consulta ciudadana para decidir si se ampliaba o no el mandato del gobernador de Baja California con preguntas sesgadas y a sólo una parte de la población, a los suyos.

Ahora la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acude en representación del Presidente de la República, a respaldar esta ilegalidad como ella llama: “una esgrima jurídica.”

Si algo nos sorprendió a todos es el descaro con el que Sánchez Cordero, al contrario del discurso de legalidad que venía manejando, festeja que se pueda ampliar el mandato de Bonilla.

Y es que apenas el jueves 31 de octubre, antes de volar a Mexicali para asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, la secretaria de Gobernación declaró ante medios que la última palabra sobre el periodo de mandato en la entidad la tendría la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un mes antes, el jueves 26 de septiembre, Sánchez Cordero aseguró ante el Pleno del Senado que la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional.

“Expresé hace meses, o hace semanas, mi opinión personal como abogada, la reforma o la llamada Ley Bonilla es en mi opinión inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto, la sostengo”, señaló la secretaria de Gobernación ante la exigencia de la senadora priista Beatriz Paredes para frenar esa reforma.

Con esa carta se presentó la secretaria de Gobernación en representación del Presidente López Obrador a la toma de protesta, la cual ocurrió a medianoche, en el primer minuto del viernes 1 de Noviembre.

Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, en sesión solemne de la H. XXIII Legislatura local.

Así tomó posesión luego del triunfo obtenido el pasado 2 de junio, cuando ganó la elección con 50.38 por ciento de los votos. Compitió a sabiendas de que la ley marcaba que el periodo de gobierno sería por dos años; sin embargo, un mes después de la elección, el diputado local de Morena, Víctor Manuel Morán, presentó ante el Congreso de Baja California una reforma para que el periodo de gobierno fuera por cinco años.

El Congreso local aprobó entonces la llamada “Ley Bonilla”.

A partir de ese momento, los reclamos no tardaron en llegar por la maniobra política, tachada por varios sectores como ilegal, pero Jaime Bonilla en todo momento se mostró sereno, parecía que el asunto no le preocupaba; tal vez ya sabía que contaba con el respaldo de la 4T. Es más, se mostraba sereno y con una sonrisa.

Y es que, tras la toma de protesta, Sánchez Cordero se reunió en “privado” con Jaime Bonilla, entre otros personajes, en un salón del edificio del Poder Ejecutivo. Ahí, la secretaria de Gobernación fue exhibida calificando de legal la modificación legal que amplía de dos a cinco años el mandato de Bonilla.

En la plática difundida a través de la red Periscope, en vivo, se pudo escuchar la siguiente conversación:

Olga Sánchez Cordero: Ahorita a cabo de hacer una declaración importante.

Jaime Bonilla: ¿Ah, sí, a ver?

Olga Sánchez Cordero: Me dijeron, ¿es legal los cinco años? Les dije, es legal porque la norma está vigente y es una norma que así está.

Jaime Bonilla: Todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con esto tengo.

Olga Sánchez Cordero: Para mí, la norma va a pervivir.

Tras enterarse que la conversación había sido difundida a través de las redes sociales, Sánchez Cordero dijo que no sabía que la estaban grabando.

Lo grave no es que haya sabido que la estaban grabando o no. Lo insólito es que lo haya dicho. Sánchez Cordero es la encargada de la gobernabilidad de México. Estamos hablando de una mujer quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es muy poco ético, por decirlo suavemente, que Sánchez Cordero sostenga una versión de la ampliación de mandato distinta en lo público, y en lo privado esté operando para violar la Constitución. Ella misma aseguró, que ampliar este mandato era anticonstitucional. Eso se llama engañar a los mexicanos.

Además, la norma para ampliar el mandato de Bonilla está impugnada y solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la decisión de extenderlo.

Pero esas palabras no fueron las únicas que dijo Sánchez Cordero durante el encuentro. Jaime Bonilla le presentó a Guillermo Ruiz Hernández, su fiscal, a quien la secretaria de Gobernación le dio unos consejos en materia de seguridad: le sugirió realizar una mesa de justicia semanal en la que participen éste y el presidente del Poder Judicial para empatar criterios.

Sobre la ceremonia de la toma de protesta, Sánchez Cordero le dijo a Bonilla que había sido un acto muy emotivo, “la felicidad de la gente, de los diputados, de las diputadas (…) lo bonito que te recibieron, mi querido gobernador”.

Sánchez Cordero también preguntó cuántos diputados de oposición había en el Congreso local; el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, respondió que siete, a lo que la titular de Segob respondió: “No, bueno, tienen una mayoría aplastante, ¿tienen mayoría calificada?” -con los aliados, sí- “No, pues ya la hicieron”.

Ya con el respaldo de la secretaria de Gobernación, Jaime Bonilla presentó a su gabinete en el Centro Cultural Tijuana.

Al evento llegaron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, César Yáñez; la diputada federal Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, así como la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, entre otros.

Hasta el momento, la SCJN ha admitido a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad de partidos contra la “Ley Bonilla”, más una controversia constitucional, promovida por el gobierno saliente de Baja California, de origen panista.

También el INE ha presentado ante la SCJN dos acciones de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla”.

 Lo cierto es que dicha reforma está cimbrando la democracia, no sólo en Baja California, sino en todo el país.

Un dato importante: no olvidemos que Bonilla es amigo del Presidente López Obrador y brindó apoyo importante para financiar su campaña presidencial.

¿Favor con favor se paga?