El supermartes judicial
El día de ayer, mientras en Estados Unidos tuvieron su “supermartes electoral” para definir quién gana las elecciones para la presidencia y otros cargos, aquí, en México, vivimos nuestro supermartes, pero judicial.
Hoy amanecimos con una reforma judicial que sigue en marcha luego de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se alcanzaron los votos suficientes para declarar la invalidez parcial de dicha reforma. Una votación hecha entre los propios ministros.
Se necesitaban 8 votos para poder continuar con la discusión a fondo del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respecto a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos de oposición, en contra de la reforma y con la cual se resolverían las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).
Durante cinco horas sesionaron los ministros para ver si podían llegar a un acuerdo. Comenzaron a las 10 de la mañana, discutieron y aprobaron únicamente los apartados de legitimación y procedencia.
Mientras que afuera de la Corte decenas de personas se manifestaron en rechazo de la reforma judicial al indicar que no están de acuerdo en que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.
La decisión en el máximo tribunal comenzó a acalorarse cuando los ministros no se ponían de acuerdo en si se necesitaba 6 u 8 votos de los 11 ministros para la discusión a fondo, esto debido a que cuatro votaron en contra, se trata de Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama.
Por su parte, la ministra presidenta, Norma Piña, ponía en la mesa la situación de que las nuevas reglas indicaban que con 6 votos se podía proceder, la ministra Yasmín Esquivel indicaba que al ser 11 ministros el mínimo de votos era ocho.
Tomaron un receso y a las 4:30 de la tarde reanudaron la sesión. Como no se alcanzaron los 8 votos que se necesitaban, el proyecto para modificar la reforma judicial quedó desechado.
Con lo sucedido ayer en nuestro supermartes judicial, el decreto de la reforma judicial, que entró en vigor desde el pasado 16 de septiembre, se mantiene en sus términos, pero se podrán presentar amparos en su contra, como ya está ocurriendo y, eventualmente, podrán llegar al pleno de la Corte.
Una gran alternativa para no hacer con el estómago la reforma al Poder Judicial y perjudicar enormemente la certeza jurídica del país, era el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que proponía que se mantuviera la elección de los ministros, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), tal y como lo dice la reforma judicial creada por los legisladores de Morena y sus aliados, pero a cambio, pide que los jueces y magistrados de distrito continúen sujetos al mecanismo escalonado de ascensos de la carrera judicial y no que sean votados en las urnas.
González Alcántara dice que la elección de jueces por voto directo, a partir de 2025, implica el despido masivo de juzgadores. Señala que la independencia judicial descansa en garantías que la enmienda ha borrado, como la inamovilidad en el cargo, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que contaba con un plan B, en caso de que los ministros votaran a favor del proyecto de González Alcántara, esto se debe a que la Corte necesitaba 8 de los 11 votos de los ministros para aprobar el proyecto.
Incluso, la mandataria insistió en que “ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México” y ha acusado a la SCJN de provocar un conflicto constitucional.
Debido a que ella aseguraba que la Corte no tiene facultades para “cambiar la Constitución”, sino que eso es una atribución exclusiva del Poder Legislativo, donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Lo cierto es que mientras todo parece indicar que la reforma al Poder Judicial va, lo que significa un retroceso enorme y un riesgo para la seguridad judicial en México, muchos de los ciudadanos ni siquiera saben a ciencia cierta cómo la enmienda los puede afectar.
Desde un reclamo de pensión alimentaria, la custodia de los hijos, una demanda laboral hasta que los culpen de un delito mayor.
Van a juzgar los jueces, magistrados y ministros que fueron votados por la gente, pero hay quien supone que sólo llegarán a la boleta los que convengan para los intereses del Ejecutivo y Legislativo, y alguno que otro del crimen organizado que aporten a su campaña.
Según la reforma judicial, los mexicanos tendrán que elegir entre 10 mil candidatos para tener nuevos jueces, magistrados y ministros. Tan sólo en 2025 habrá 5 mil 379 candidatos para elegir 881 juzgadores federales, además de los nueve ministros de la Corte; los cinco magistrados del TDJ, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF); tres magistrados que faltan en la Sala Superior del TEPJF y 15 magistrados de las 5 salas regionales de dicha institución. Mientras que en 2027 serán tres mil candidaturas para 436 plazas.
Y recordemos que se votará de forma distinta a lo que desde hace 100 años ocurre en nuestro país, ya que no sufragará por el logotipo de un partido, tachando un solo recuadro, sino que el elector tendrá que escribir un nombre. ¿Quién conoce a todos los participantes en esta elección? ¿Cómo sabemos el desempeño laboral que han tenido?
Por eso llama la atención una encuesta publicada el 4 de noviembre por el diario El Financiero, que muestra que 49% de los entrevistados cree que el trato que le ha dado Sheinbaum al tema de la reforma es “muy bueno o bueno”. En tanto, el 26% considera que el trato ha sido “malo/muy malo”, 14% asegura que no está ni bien ni mal y 11% respondió que no sabe.
Este sondeo respalda a otro en el que se indica que en el primer mes de gestión, en octubre pasado, la mandataria contó con 70% de la aprobación frente a un 24% que la desaprobó.
