El tigre ya está suelto
Nunca antes, en el preámbulo de una contienda electoral, habíamos visto tanta violencia, tantos asesinatos de candidatos y casi mil aspirantes dejar su campaña por miedo a perder la vida.
La semana pasada fue el candidato del PRI, Abel Montúfar, en Guerrero. Montufar inició su campaña con una misa, diciendo que estaba amenazado de muerte y que seguramente perdería la vida. El fin de semana pasado fue asesinado el candidato de Morena en Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre Sánchez.
Son por lo menos 18 los candidatos asesinados desde el inicio de la campaña electoral.
De acuerdo con el cuarto informe de Violencia Política, elaborado por la consultoría Etellekt, desde que inició el proceso electoral, el pasado 8 de septiembre de 2017, se han registrado 305 agresiones contra actores políticos y sus familiares.
Durante el proceso electoral de 2015 se registraron 70 agresiones y 20 asesinatos; es decir, los ataques de este tipo aumentaron 400 por ciento.
Se han reportado 94 asesinatos con tintes políticos y electorales; entre ellos, 30 precandidatos, seis candidatos, además de autoridades electas, dirigentes partidistas y 44 familiares.
El informe revela que la mayor parte de los homicidios los efectuaron comandos armados; además, un porcentaje importante de las víctimas que fueron privadas de su libertad, presentaban señales de tortura y violencia extrema.
Desde que comenzó la campaña electoral de manera formal, el 30 de marzo, 72 por ciento de los ataques fueron dirigidos a políticos y candidatos de oposición al gobierno.
El informe de Etellekt revela que Guerrero registra el mayor número de asesinatos, con 21 casos; seguido de Oaxaca, con 16; Puebla, con 10; Veracruz, 8, y el Estado de México, 7.
De acuerdo con el INE, a nivel federal, los partidos han solicitado al instituto la sustitución de 341 aspirantes que contendían por un lugar en el Senado o la Cámara de Diputados; o sus suplentes en la fórmula (158 corresponden a suplentes y 183 a candidatos propietarios).
En tanto, en los procesos electorales que se llevarán a cabo en los estados, se han reportado 660 renuncias de candidatos a cargos municipales y diputaciones locales.
Oaxaca es el estado en el que se han solicitado más sustituciones de candidatos, con 306; le sigue el Estado de México, con 225; Chihuahua, con 80; y Guerrero, con 24; este último en donde se ha registrado el mayor número de políticos asesinados en todo el país.
De los 81 municipios de Guerrero, 18 son considerados de alto riesgo para hacer campañas, 17 de medio y 46 de bajo riesgo.
De estos asesinatos, quizá lo más lamentable es que son pocas las voces que los condenan. Casi no hemos escuchado ni siquiera a los partidos políticos pronunciarse.
Pero, además, con la cantidad de recursos públicos que reciben, que son millones y millones de pesos, poco han querido invertir en la seguridad de los aspirantes.
Ante este escenario de violencia, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las medidas necesarias para que en lo que resta de las campañas, se desarrollen en paz; además de establecer protocolos de atención en caso de incidentes de violencia el 1 de julio.
Está bien, pero ¿no sería más fácil regular para que los propios partidos les brinden seguridad a sus candidatos? ¿No es suficiente la cantidad de dinero que proviene de nuestros impuestos para las campañas?
¿Con cuánto dinero se quedan los partidos políticos una vez que termina la campaña electoral?
Y es que en estas elecciones se ha conjuntado la necesidad en los actores políticos de decir lo que sea, hasta incitar a la violencia, con tal de ganar, junto con grupos subversivos y el crimen organizado. Un coctel extraordinario para generar una bomba molotov.
Pongamos el ejemplo del último candidato asesinado el viernes pasado. El abanderado de Morena a presidente municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre.
Apaseo El Alto está ubicado dentro del llamado “Triángulo de Guanajuato”; una de las zonas en donde se roba más hidrocarburo en el país.
En esa zona opera José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quien se disputa el territorio con Francisco Cerda Guillén, El Señor de la Silla, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Guanajuato. Ambos son señalados como los responsables del incremento de la violencia en el estado.
Otro caso ocurrido el pasado 8 de mayo; Abel Montúfar Mendoza, candidato a diputado local de la coalición Transformando Guerrero, por el Distrito 17, y alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, fue encontrado muerto dentro de su camioneta.
Esa zona es precisamente la del “triángulo dorado” de Guerrero, por donde se transporta heroína y mariguana. Donde operan grupos guerrilleros y narcotraficantes.
Y es que la violencia no sólo es responsabilidad de grupos criminales o armados, sino también es consecuencia del accionar y el discurso de muchos políticos.
No nos engañemos; el tigre ya está suelto en esta contienda electoral.
Llamados a la civilidad
El 13 de marzo, el candidato de Morena lanzó una advertencia acerca del proceso electoral: “el que suelte al tigre, que lo amarre”. Andrés Manuel salió a aclarar, un día después, que su frase no fue un llamado a la violencia, sino una convocatoria a comprometerse a respetar el voto el próximo 1 de julio.
Sin embargo, la frase permeó en los seguidores del tabasqueño (un mitin el pasado 28 de abril, en el municipio de Cárdenas, Tabasco), donde los asistentes corearon: ¡ya soltaron al tigre!
La convocatoria a la no violencia no ha sido atendida y las víctimas han sido candidatos de todas las filiaciones partidistas.
El pasado 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que desde septiembre de 2017 se han registrado altos niveles de violencia en contra de precandidatos, candidatos y exfuncionarios públicos, particularmente en el ámbito local, en el marco de la contienda electoral.
La Secretaría de Gobernación también reprobó la violencia política electoral. Aseguró que el único interés del Gobierno federal es que México, sus instituciones y nuestra democracia salgan fortalecidos después del 1 de julio.
Alfonso Navarrete descalificó las agresiones a candidatos y los llamados a la violencia o a violentar la ley electoral.
