Estado de México, foco rojo
En los últimos diez años, las denuncias por secuestro aumentaron 245 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con esa dependencia, en 2003 se registraron 413 plagios en México, mientras que en noviembre del 2013 la cifra fue de mil 583 casos. Esto quiere decir que cinco personas son secuestradas cada día en el país.
A finales de septiembre, también el Inegi presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, donde se estima que hubo 105 mil 682 secuestros en el 2012, y que sólo se tiene registro oficial de mil 317 denuncias en el Ministerio Público. O sea, que la cifra real es infinitamente mayor a la denunciada. Según los datos del Inegi habría un plagio, incluyendo los secuestros exprés, cada cinco minutos en nuestro país.
Lo cierto, es que el número de secuestros se mantiene al alza en México. Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestros de la Secretaría de Gobernación, ha dado las cifras del 2014. En lo que va del año, quince víctimas de secuestro han sido liberadas, 21 organizaciones criminales dedicadas a este delito han sido desarticuladas y 147 presuntos secuestradores han sido capturados.
Este año, el gobierno federal destinará 456 millones de pesos para crear y dotar de equipos y tecnología a las unidades antisecuestro. Por ley, los estados deberían ya de tener estas áreas funcionando. No es así. Sólo hay tres que realmente funcionan: Nuevo León, Puebla y Chihuahua. En muchos casos no se tienen los recursos o las ganas de implementar y construir una área antisecuestro seria en cada estado.
En el Estado de México, las estadísticas muestran que es precisamente ahí donde se ha disparado el número de delitos como el secuestro, también el robo y la extorsión. Además por la cercanía con el Distrito Federal, esta violencia ha llegado ya a la capital del país. Los municipios con mayor índice de violencia son: Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Ixtapaluca.
Finalmente, esta semana se aprobó el nuevo operativo que harán las autoridades federales para tratar de contener esta violencia. Se unirán la Marina, el Ejército, la Policía Federal y las áreas de seguridad de la Secretaría de Gobernación, junto con la policía estatal para dar resultados.
Para ello, es indispensable la depuración de la policía estatal y sobre todo la municipal, mejorar el equipo técnico, formar grupos de élite que combatan en forma especializada los principales delitos y restablecer el tejido social.
Esta medida de seguridad extrema se da en el momento más crítico en el Estado de México, cuando el propio gobernador, Eruviel Ávila, reconoció que con las fuerzas locales no puede contener la inseguridad. Por eso, en un movimiento similar al de Michoacán, los nuevos mandos de seguridad pública han sido colocados por el gobierno federal.
Para ese cargo fue designado Damián Canales, un hombre con larga experiencia en esos ámbitos, que fue jefe de la Policía Judicial del DF y que fue el encargado de la seguridad en Hidalgo, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador de ese estado. El desafío no es menor, una desestabilización política del Estado de México sería una crisis federal.
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