En lo personal no sé qué es más grave, si la cantidad de personas desaparecidas o la indiferencia que tenemos con esta realidad que, sin duda, es terrorífica. Nos estamos acostumbrando a las noticias de decenas de desaparecidos y muertos todos los días y lo vivimos como parte de nuestra vida cotidiana.

Atrás de cada desaparecido hay una historia, es un ser humano, hay madres, padres, hijos, cuya vida está marcada por la desgracia.

Y generalmente son esas familias, esas madres las que buscan a sus hijos e hijas, por eso se han descubierto muchísimas de las fosas comunes.

Marcela Nallely Vázquez Pérez fue reportada como desaparecida el pasado 22 de enero. La joven de 32 años era exjefa de la policía de Celaya, Guanajuato. A diferencia de muchos otros casos, cuyos cuerpos nunca se encuentran, el de Marcela Nallely fue identificado en menos de una semana.

Estaba en una fosa clandestina en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, perteneciente al municipio de Juventino Rosas, en una zona de control de lo que queda del Cártel de Santa Rosa de Lima y donde fuerzas federales mantienen un operativo de seguridad, ya que han encontrado 14 cuerpos.

La cantidad de personas desaparecidas es interminable. Hay territorios enteros que son considerados como cementerios por el número tan alto de fosas ilegales detectadas en los últimos 20 años.

Apenas cerramos el primer mes de este 2023 y el reporte de nuevos hallazgos de fosas clandestinas ya se acumulan en los escritorios de las fiscalías estatales, sin terminar de esclarecer en su totalidad quiénes son las víctimas encontradas el año pasado, cuando registraron 241 fosas.

Los colectivos de búsqueda hacen la mayor parte del trabajo, desde rastrear, desenterrar y reportar el hallazgo de cuerpos o restos humanos, a los que tardarán semanas o meses en identificar las autoridades.

La desesperación de no saber dónde pudiera estar su familiar ha convertido a estas personas en expertos peritos forenses, que cada semana salen con sus palas a buscar restos humanos, mientras las autoridades locales y estatales sólo hacen trabajo de acompañamiento.

Éste es el panorama en un país que supera las 109 mil personas desparecidas.

Recordemos que en marzo del año pasado, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que “México tenía registrados 37 mil cadáveres sin identificar, que yacen en servicios forenses y fosas clandestinas”.

Incluso indicó que “el país atravesaba por una situación de emergencia en materia forense”, que una de las principales causas del problema es que no había una base de datos de genética nacional para cotejar las muestras de ADN, tomadas a familiares de desaparecidos, con las de los restos sin identificar.

Para agosto de 2022, Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, organización que agrupa a unos 70 colectivos de familiares de víctimas, señaló que existían más de 52 mil cadáveres sin identificar en fosas comunes y servicios forenses del país, es decir, 20 mil más de las que contabilizaba el Gobierno federal cinco meses antes.

Enero de 2023 ya tiene denuncias de al menos 20 fosas encontradas en el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Sonora, en esta última entidad contabilizaron 27 casos el año pasado, por lo que encabezó la lista.

Sin embargo, el estado con mayor número de personas desaparecidas fue Jalisco, con 15 mil 39; seguido por Tamaulipas, con 12 mil 460, y el Estado de México, con 11 mil 880 casos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Y de acuerdo con organizaciones civiles, Veracruz cuenta con las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina, con más de 600 cadáveres, encontradas desde 2012. Se trata de las fosas de El Arbolillo y Colinas de Santa Fe, de los cuales la mayoría permanece sin ser identificado.

El colectivo Solecito y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaron un informe a la Corte Penal Internacional para solicitar que las desapariciones forzadas de Veracruz se consideren crímenes de lesa humanidad.

En el documento detalló que 22 casos documentados ocurrieron entre febrero de 2011 y julio de 2016; todos fueron detenidos en el Puerto de Veracruz o localidades cercanas; el 70% son hombres menores de 40 años; la mayoría estudiantes o taxistas, electricistas, mecánicos; todos fueron desaparecidos por las propias autoridades del estado.

Veracruz, incluso, cerró 2022 con el hallazgo de 60 fosas clandestinas, además, la estrategia de búsqueda en esta entidad ha dado un giro, pues ante la demanda, un grupo de jornaleros, que no busca a familiares, se ha dado a la tarea de desenterrar restos humanos a cambio de una remuneración que le dan los colectivos.

Por desgracia, Tamaulipas también tiene campos de exterminio, el más relevante es el ubicado en la Bartolina, donde, incluso, en 2021, las madres buscadoras, encabezadas por Delia Quiroga, hicieron un llamado al crimen organizado para permitirles entrar a buscar a sus familiares.

Son tantos los cuerpos encontrados en las fosas, que las autoridades no se dan abasto para hacer los estudios de identificación de víctimas.

Pero también hay otro tema, los colectivos de búsqueda han señalado que existen carencias para encontrar a personas reportadas como desaparecidas, para evitar que la cifra de muertos en el país incremente.