Jesús Reyna: ¿Otro Michoacanazo?
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha reiterado que el arraigo a Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno de Michoacán, no será un Michoacanazo.
Hoy les voy a platicar la historia completa de lo que sucedía hace ya casi cinco años en Michoacán.
Era 26 de mayo de 2009. El país estaba más preocupado ante la aproximación de las elecciones federales de medio término y aún sorprendido y asustado por el tema de la influenza AH1N1. Nunca antes se había vivido un operativo de esas características. En una mañana, elementos de la Policía Federal detuvieron presidentes municipales, funcionarios estatales y a prácticamente todo el gabinete de seguridad del gobierno local.
Algunos lograron darse a la fuga, entre ellos el medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, Julio César. Todos estaban acusados de pertenecer o apoyar al cártel de La Familia Michoacana.
Los casos más evidentes eran funcionarios de la procuraduría estatal, entre ellos Roberto Ponce, y sobre todo, la que sería la primera secretaria de seguridad pública de Leonel Godoy, Citlali Fernández González, de quien se decía que su esposo era el jefe de relaciones públicas de La Familia Michoacana.
El operativo lo realizaron las autoridades federales y se dio con total discreción. El entonces gobernador se dijo sorprendido. Por supuesto que no fue informado, la idea era acabar con una red de protección política a uno de los cárteles más importantes del país en ese entonces, una red en la que estaban involucrados muchos funcionarios estatales. No era la primera vez que se intentaba algo así. En varias ocasiones, distintos operativos se habían frustrado por filtraciones.
Cuando comenzó la etapa final de esa indagatoria se dieron golpes en forma quirúrgica, al capturar a los presuntos narcotraficantes y trasladarlos de inmediato a la entonces SIEDO, ahora SEIDO, en el Distrito Federal. El asestado en ese momento a La Familia Michoacana, fue uno de los más grandes: la aprehensión de Rafael Cedeño Hernández, el Cede; responsable de buena parte de la operación política de ese cártel.
Tampoco era extraño que, entre los detenidos del operativo realizado, también hubiera funcionarios de las áreas de obras públicas y fomento industrial. Cada vez más, los cárteles en diversos lugares del país no sólo exigían colaboración en materia de seguridad, sino también en áreas de obra pública. Así sucedía con La Familia Michoacana.
Pero exactamente un año después, casi todos los detenidos quedaron en libertad. “No hubo pruebas suficientes”, dijo un juez. La averiguación previa estuvo mal integrada, sostuvo la PGR, que no apeló a esas liberaciones.
Nunca se nos explicó por qué después de tener toda la investigación para poder hacer el operativo, y teniendo la certeza de que, efectivamente, muchos funcionarios públicos de Michoacán estaban involucrados de una u otra forma con el crimen organizado, el caso concluyó con la libertad de todos los involucrados.
Se supone que, entre otras razones, ello fue parte de un acuerdo político al que llegaron el PAN y el PRD para competir juntos en las elecciones de julio del 2010. Pero el hecho también es que el juez que le dio la libertad a todos los implicados, hoy está prófugo, acusado de relaciones con los grupos criminales.
Ahora se sabe que funcionarios actuales del gobierno local del estado también están involucrados en el tema. Hoy está arraigado Jesús Reyna; fue detenido ayer el ex diputado José Trinidad Martínez Pasalagua, y se dice que habrá más detenciones en los próximos días.
Sólo nos queda esperar a ver si lo que dice el secretario Osorio Chong es correcto, y esta vez sí están integrados de una manera adecuada todos estos expedientes. Porque esa es la única diferencia real de esta operación con el Michoacanazo.
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