La CDHDF, una ONG radical
“Manifestarse es un derecho, reprimir es un delito”, así decía la cartulina que Griselda Pérez de Acha intentaba embarrar en la cara del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante el primer informe de actividades de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el auditorio Digna Ochoa de esa institución.
Pérez de Acha dice haberse molestado de que la titular de la CDHDF, Perla Gómez, no hubiera mencionado los actos de represión del gobierno capitalino. Señaló: “me enojé, entonces me acordé que había un Office Depot a dos cuadras. Fui a comprar la cartulina y volví a entrar a la CDHDF”.
Pudo entrar y salir del auditorio sin que nadie le dijera nada. Perla Gómez le había garantizado a Mancera que tenía bajo control el evento. Pero nunca fue así, ni tampoco existió voluntad para que así fuera.
Gisela, que incluso se ha manifestado en París, frente a la embajada de México, no opera sola, es parte de un importante grupo político que ha buscado establecer su agenda política. Lo grave es que ahora lo hace desde una trinchera como es la CDHDF que, se supone, debería de ver por los derechos de todos los ciudadanos.
Gisela fue parte del movimiento #Yosoy132, que increpó al entonces candidato Peña y si bien estaba en su derecho de hacerlo, lo cierto es que ese grupo se presentó como un grupo ciudadano, cuando era evidente que tras él existía una operación política.
Lo que no se vale es lo que hicieron el 1 de diciembre durante la toma de posesión del Presidente Peña. Ese día llegaron armados con petardos y bombas molotov que lanzaron a los granaderos que tan sólo se defendían con sus escudos. Cuando éstos últimos les fueron arrebatados, lanzaron gas lacrimógeno para defenderse.
Después de manifestarse afuera de San Lázaro caminaron por el Eje Central y la avenida Juárez. En su camino rompieron vidrios, saquearon gasolineras, golpearon policías y muy pocos fueron detenidos.
Los delitos eran graves, pero en un acto insólito la ALDF, ante el asombro del propio Miguel Ángel Mancera, que asumiría el gobierno capitalino días después, cambió el Código Penal para convertirlos en leves.
Con ello, todos los detenidos salieron en libertad bajo el cobijo de la abogada Karla Micheel Salas, quien es esposa de David Peña Rodríguez, ahora Secretario de Vinculación Estratégica en la CDHDF. Este último estuvo detrás de la defensa de los llamados anarquistas y también del acto en que fue agredido Mancera. Una comisión de derechos humanos existe para defender los derechos de los ciudadanos, no de agendas políticas particulares.
¿Cuándo ha defendido la nueva administración de la CDHDF los derechos de los granaderos, de las personas a quienes les rompieron y pintaron sus negocios, de todos aquellos que estaban disfrutando la Alameda recién remodelada con inversiones de millones de pesos? Porque ésta fue prácticamente destruida el 1 de diciembre del 2013, y dañada en numerosas acciones vandálicas de estos grupos antes y después de esa fecha.
En este momento, la CDHDF está operando como una ONG y no como la institución que debe de ser. Ha tirado por la borda la labor que hombres como Luis de la Barreda o Emilio Álvarez Icaza realizaron en ella. Y con tantos intereses encontrados, ¿quién se va a atrever a ponerla en orden?
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