La corrupción y el trabajo
El Gobierno federal ha dado un golpe a la corrupción e impunidad, muy bien, pero también tiene un desafío enorme enfrente, para no dejar en la incertidumbre a miles de trabajadores.
El martes fue detenido por la Interpol en Mallorca, España, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.
Un día antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de AHMSA y de Emilio Lozoya Austin debido a que se encontró en el sistema financiero nacional e internacional, operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, por lo que se presume, son derivados de actos de corrupción.
Y es que Ancira tenía una ficha roja que solicitó el Gobierno de México, al igual que hay una orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos.
Estas operaciones están relacionadas con la venta de la empresa Agro Nitrogenados, la cual fue comprada por Pemex en 275 millones de dólares (mdd) a Altos Hornos de México, a pesar de que estaba prácticamente cerrada. Pero el costo de rehabilitación se disparó de 195 mdd a 443 mdd, 127 por ciento más de lo planeado.
El incremento en el costo de rehabilitación, además de los gastos de la compra y otros conceptos, elevaron el precio final de la adquisición a 760 mdd, frente a los 475 mdd presupuestados en un inicio. Fue así que se formalizó la compra de la planta con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.
Lo cierto es que, tras la detención de Alonso Ancira, Altos Hornos de México activó los protocolos necesarios para asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad de sus operaciones. Y esto es un tema importantísimo; todavía no se sabe que va a pasar con la empresa, pero la realidad es que sí da empleo a más de 20 mil trabajadores directos y a casi 100 mil trabajadores indirectos.
Desde luego que México ya no puede tolerar actos de corrupción, pero esa lucha contra la corrupción y la austeridad tienen que ir de la mano de un programa claro para proteger a los trabajadores.
En abril pasado, el desempleo en México aumentó a 3.5 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA), por arriba de la tasa de 3.4 por ciento registrada en el mismo mes de 2018.
Y aunque el Presidente López Obrador desestima el informe sobre desempleo del Inegi, las cifras ahí están. El mes pasado, la tasa de desempleo formal en los hombres se incrementó ligeramente, 3.43 a 3.46 por ciento, y la de las mujeres aumentó de 3.35 a 3.55 por ciento.
Después de darse a conocer la noticia de la detención de Alonso Ancira, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, mostró su preocupación por el congelamiento de las cuentas bancarias de AHMSA, y con toda la razón. El hecho de dejar así a AHMSA imposibilitaba el pago a proveedores y los miles de trabajadores afectados.
Es de tal magnitud el problema, que a través de un comunicado, el gobierno estatal solicitó que se dé certidumbre a obreros y empresarios cuyas compañías dependen de la acerera más grande de América Latina.
Además, se instruyó al secretario estatal del Trabajo, Román Alberto Cepeda, a que esté al pendiente de los acontecimientos a fin de proteger a los trabajadores, a sus familias y la fuente de empleo.
Por lo pronto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que ya se habían liberado 29 cuentas de Altos Hornos de México para pagar a trabajadores. Pero eso resuelve el problema a corto plazo. Tenemos que ver de qué forma se pueden conservar esos empleos y ver todos los que se han perdido en el país.
Y es que la situación es complicada. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que da a conocer el Inegi, la actividad económica de Coahuila mostró un decrecimiento de 0.3 por ciento en 2018.
Y a nivel nacional, desde los despidos masivos, que no se reconocen como tal en las cifras oficiales, porque muchos de esos empleos perdidos eran eventuales, también están los ajustes que se han tenido que hacer en la actividad empresarial privada por la incertidumbre económica.
El plan de austeridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador provocó, en los primeros 38 días de su gobierno, que 12 mil 817 personas perdieran su empleo.
El objetivo para lo largo del sexenio es prescindir de 222 mil 515 trabajadores, pues se plantea una reducción del 70 por ciento de las 317 mil 979 plazas de confianza.
En el Gobierno de la Ciudad de México se recortaron alrededor de mil 700 plazas de servidores públicos y alrededor del 30 por ciento de los trabajadores en el esquema de honorarios.
Además, otros miles de empleos se han perdido por empresas que han tenido conflictos laborales, se han ido a huelgas y han cerrado.
Qué bueno que se busque eliminar la corrupción, nadie puede estar en contra de eso. Qué bueno que no se derroche el dinero de los mexicanos.
Pero lo cierto es que se tiene que cuidar a los trabajadores y, de la mano que se hacen todas estas detenciones y reestructuras, no se pueden abandonar a miles de familias que pierden su ingreso.
Un desafío enorme para las autoridades, ir duro contra la corrupción mientras se cuidan a los trabajadores.
Y siguen las capturas
Otra detención importante se produjo ayer: Rafael Olvera (en la imagen), principal accionista de Ficrea y señalado como el responsable del fraude en contra de más de seis mil 800 personas fue detenido en Texas, Estados Unidos, en donde era buscado por la Interpol para que enfrente órdenes de aprehensión y procesos judiciales interpuestos por miles de ahorradores.
Desde el 2 de marzo de 2019, la Interpol había emitido una ficha roja de captura por el dueño de una escudería de automovilismo Ficrea-Vindú, así como propietario de una centena de inmuebles en Miami, Estados Unidos.
Rafael Olvera es señalado por autoridades mexicanas como el responsable del fraude de Ficrea, mediante el cual estafó a miles de personas, la mayoría de la tercera edad, más de 6 mil millones de pesos.
Fue en 2014 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervendría a Ficrea por sospechas de lavado de dinero. Al iniciar esta acción, quedaron congelados los ahorros de los perjudicados.Actualmente existen cuatro mil 340 afectados, quienes están inscritos en el concurso mercantil; sólo han recuperado el 20 por ciento de los ahorros que tenían en Ficrea.
Otro desafío más. Aplicar la ley a los defraudadores y lavadores de dinero, y que las personas que también fueron engañadas por estas personas puedan recuperar sus ahorros.
