La dictadura en Venezuela continuará
La aspirante presidencial en Venezuela, María Corina Machado, quien aventajaba hasta con 70 puntos a Nicolás Maduro en casi todas las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, que había recolectado más de 2.4 millones de votos en las primarias opositoras que se realizaron en octubre pasado, ha sido inhabilitada para no poder participar en la vida política de su país por los próximos 15 años.
Durante los recorridos que hizo por Venezuela, Corina era constantemente acosada y detenida por policías y militares en retenes en las carreteras, ya que el gobierno le había impedido viajar en avión. Aun así, recorrió casi todo el país.
Como el Gobierno de Maduro no la pudo amedrentar para que dejara de hacer campaña, y ella iba subiendo en las encuestas, se utilizó el aparato del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que sería el equivalente a la Suprema Corte de Justicia aquí en México, de la cual se ha apoderado también Maduro, para una vez más, eliminar a la mala a sus contrincantes, ahora con una estrategia jurídica se quita del camino electoral a la principal representante de la oposición.
El pasado viernes 26 de enero, la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó el reclamo de Machado, para que revisaran detalladamente la restricción para ocupar cargos públicos por los próximos 15 años, sanción que le había impuesto desde junio de 2023.
Corina siempre ha dicho que nunca ha recibido un aviso oficial o ha sido parte de un juicio por la inhabilitación que tiene desde 2021, por presuntamente participar en hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno interino de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023 en un intento por derrocar a Maduro; aunque realmente ella nunca formó parte de esa estructura, incluso llegó a ser crítica de la corriente que encabezaba Guaidó, actualmente exiliado en Estados Unidos.
Esto sólo fue un engaño más del gobierno de Nicolás Maduro para fingir que permitiría una elección justa, pero bajo las instituciones que él mismo controla, legalmente barrió con la oposición.
Desde que llegó Hugo Chávez al poder en el 2002 y ahora que Nicolás Maduro no ha dejado que haya elecciones democráticas en su país en los últimos 11 años, se han usado las instituciones públicas para inhabilitar a por lo menos mil 400 funcionarios públicos de la oposición que buscan un cargo público.
Desde hace muchos años Corina ha sido una de las más férreas contrincantes del oficialismo venezolano, incluso es recordada por protagonizar duros enfrentamientos con el difunto presidente Hugo Chávez.
Pero la persecución política directa contra ella inició en 2014. Ese año fue destituida de la Asamblea Nacional, controlada por Maduro, acusada de “traición a la patria”, por formar parte de la delegación panameña que acudió a Estados Unidos a hablar de la dura situación política de su país ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
En 2015, la Controlaría General de la República, también controlada por Maduro, la inhabilitó por un año para ocupar cargos públicos, apenas cinco meses antes de las elecciones parlamentarias, el pretexto en ese entonces fue una omisión de un bono por alimentación bajo una declaración jurada de patrimonio.
El poder de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido desmedido, tan es así que, tras llegar al poder de una forma democrática, no lo han dejado y esto gracias a la dominación que tienen en los tres poderes de la Unión, así como en el ámbito electoral.
Tras la llegada a la presidencia en 2013, Maduro comenzó a monopolizar el poder Ejecutivo y creó la Asamblea Nacional Constituyente, conformada por sus seguidores, lo que le daría la mayoría para aprobar y reformar leyes a su conveniencia.
Aunque el otro poder, el Tribunal Supremo, debería dar balance a la presidencia, hace un año la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una reforma para restarle el número de magistrados, pasó de 32 a 20, con lo que el legislativo obtiene más poder que el judicial.
Otra institución que se controla desde el Ejecutivo es la Fiscalía General, actualmente dirigida por Tarek William Saab, quien anteriormente fue diputado constituyente y gobernador electo por el chavismo. Este poder le sirve para perseguir, investigar y encarcelar a sus opositores.
La manera de que un presidente acumule este tipo de poder para él o su partido es precisamente desmantelando los contrapesos que existen. En México lo hemos estado viendo desde hace tiempo y el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho: “No vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos y antipopulares que son un legado de los neoliberales”.
Lo hemos visto también con los ataques al Instituto Nacional Electoral, al sistema de justica, y cómo han tratado de intervenir en la Suprema Corte de la Nación, ahora por ejemplo con la designación de una militante radical de Morena como es Lenia Batres Guadarrama como ministra.
Pero regresemos a Venezuela, ahora Nicolás Maduro está metido en otro problema, la guerra en Ucrania hizo que Estados Unidos tuviera que acercarse a Venezuela para cubrir su abasto de petróleo, le quitó restricciones en el sector energético y alivió sanciones al gobierno, a cambio de transparencia en la próxima elección presidencial.
Con esa intención, Venezuela firmó en octubre pasado los tratados de Barbados, con los que se comprometía a destrabar las inhabilitaciones políticas que el chavismo ha usado desde hace muchos años para minar el camino electoral de sus contrincantes.
Pero estos acuerdos no se cumplieron, María Corina Machado, en una sola sesión en el TSJ, se admitió su recurso de revisión, y se rechazó. La volvieron a inhabilitar sin una justificación real.
Por el fallo del TSJ contra Corina, Estados Unidos evalúa posibles sanciones a Venezuela, ya que considera “profundamente preocupante” esa decisión y perjudica los compromisos hechos con el acuerdo de Barbados.
Además, el TSJ ratificó el veto para que Henrique Capriles Radonski no pueda postularse para cargos públicos por los próximos 15 años. Paradójicamente, sí permitió la participación de otros políticos, también inhabilitados, como Leocenis García y Richard Mardo, que no tienen posibilidades reales para ganarle a Maduro.
Una vez más, violando todos los acuerdos, Nicolás Maduro se atrinchera en el poder para no dejar la presidencia de su país. Un gobierno elegido democráticamente, que hoy es una dictadura.
