La justicia para hacer política
En el sitio se aseguraron más de 2.5 toneladas de mariguana, laboratorios de drogas sintéticas, 50 kilos de precursor químico, 20 kilos de cocaína y cuatro kilos de metanfetamina; además, se decomisó un arsenal que incluía armas cortas, largas, un tubo lanzacohetes, cargadores, mil 500 cartuchos útiles y cinco granadas.
Se encontraron altares donde se hacían sacrificios humanos; algunos vecinos decían que cada dos días se realizaba uno. Esto como parte de un ritual para, según sus creencias, protegerse de las balas.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX certificaron que se trata de restos humanos; son alrededor de 55 cráneos que corresponden a personas adultas, algunos presentan impactos por disparo de arma de fuego en la parte superior.
También hay 40 mandíbulas, 31 huesos largos y un feto dentro de un frasco, los cuales son investigados por peritos expertos en antropología, química, criminalística, fotografía, genética y medicina. Sin embargo, aún no concluyen los trabajos, por lo que la cifra de restos podría aumentar.
¿Quiénes son las personas asesinadas en estos rituales?
Ahí mismo se aseguraron varios vehículos con reporte de robo, 1.5 millones de pesos en efectivo y se detuvieron a 32 personas, 27 hombres y cinco mujeres.
Esto no fue evidencia suficiente, porque 27 de los 32 detenidos fueron puestos en libertad.
El pasado jueves por la noche, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que lleva el caso de Rosario Robles, ordenó la liberación de éstos.
El impartidor de justicia es sobrino de René Bejarano y Dolores Padierna, el mismo que es durísimo con los adversarios políticos de su poderosa familia, pero deja siempre en libertad a delincuentes de alta peligrosidad. En marzo pasado, ordenó la liberación de Luis Felipe Pérez, El Felipillo, hijo del exlíder del Cártel de Tláhuac, El Ojos, debido a que, según él, el MP integró mal la averiguación previa.
De las 27 personas liberadas, 15 contaban con antecedentes criminales por narcomenudeo, robo, lesiones y secuestro. Nada fue suficiente para el juez.
En un análisis realizado al informe policial se detectaron inconsistencias, entre ellas, que los policías no fueron claros en las detenciones.
Pero no fueron claros tal vez por una razón, uno de los reportes habría sido firmado por el agente Juan Tomás Rangel Balderas, hoy bajo la lupa de la Procuraduría y separado del cargo junto con otro PDI por presuntamente estar coludido con El Lunares.
Y es que el operativo se realizó sin dar aviso a los agentes de la SSC adscritos a dicho sector, por lo que fueron tomados por sorpresa al igual que el oficial Rangel Balderas, separado del cargo y bajo investigación.
El operativo también se hizo para descubrir que elementos de la policía estaban dando protección a estos grupos criminales, muchos han sido dados de baja y se encuentran bajo investigación.
Sin embargo, el juez consideró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentó hacer pasar por delincuentes a personas que no están vinculadas con actividades ilícitas:
“Alguien le mintió a Omar García Harfuch, alguien le mintió al secretario de Seguridad Ciudadana sobre actuaciones que no ocurrieron conforme a la ley, alguien pretende engañar sobre un cambio en la política de seguridad pública cuando se confirma la tradición de fabricar culpables”, señaló el juzgador.
Que alguien le explique al juez Delgadillo Padierna que, efectivamente, cuando se hace labor de inteligencia de verdad, agentes se infiltran en los grupos criminales para poder tener información suficiente y detenerlos.
Pero no fue todo. También ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que se abra una investigación contra los elementos que participaron en el operativo por falsear el informe y las agresiones contra las mujeres.
Sobre esta decisión, García Harfuch mencionó: “por supuesto que no fabricamos culpables, tendríamos que haber fabricado toda la evidencia que se hallaba ahí”; pero lo que pudo haber sucedido es “una mala puesta a disposición” por parte de los elementos.
Dice el juez Delgadillo que “alguien le mintió a Omar García Harfuch”, pero la propia Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que, en diversas audiencias públicas, vecinos han denunciado actividades ilícitas en ese domicilio.
Y es que esta liberación de los 27 detenidos en el operativo de Tepito también es un golpe contra Sheinbaum, porque está poniendo en los mandos para controlar la seguridad en la CDMX a gente de su confianza y esto no le cae nada bien a sus contrincantes políticos que, paradójicamente, son los tíos del juez Delgadillo Padierna, porque las detenciones podrían afectar a miembros de su base política.
Por eso el juez en la audiencia dijo: “alguien pretende engañar sobre un cambio en la política de seguridad pública.” Se refiere a disputas políticas, sin duda.
La familia de Dolores Padierna, su esposo René Bejarano y su hermano Toño Padierna han hecho una labor política importante desde hace años con los vendedores ambulantes y mucha gente de esa zona. Son parte de sus votantes.
En 2005 obtuvimos datos que revelaban que, en el entonces Distrito Federal, el control de grupos de comerciantes callejeros afines al PRD dejaba ganancias diarias por cinco millones de pesos, de los cuales el 10 por ciento, es decir, medio millón de pesos, iba a parar a Izquierda Democrática Nacional (IDN), creada por René Bejarano, sí, el esposo de Dolores Padierna.
Esto quiere decir que, al mes, la corriente bejaranista obtenía un millón y medio de dólares, pues controlaba cerca de 100 mil ambulantes, a quienes les cobran cuotas de al menos 50 pesos diarios.
Fue en 2004 cuando salieron a la luz los llamados “videoescándalos” en los que se observaba a René Bejarano recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.
Ese mismo año, Bejarano fue enjuiciado y llevado al Reclusorio Sur, donde estuvo sólo un año.
En ese momento, diputados locales del PRD, PAN y PRI identificaron la presencia de ambulantes bejaranistas en nueve de las 16 entonces delegaciones: Coyoacán, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Pero la fuerza de ellos viene desde tiempo atrás, con los sismos de 1985; ellos recibieron recursos para la reconstrucción de vivienda, mismos que utilizaron también para fortalecer su base política. A los suyos todo, a los que no están con ellos, por supuesto, que nunca recibieron vivienda.
Utilizar la justicia a modo es corrupción.
