La paradoja del caso Ayotzinapa
Han pasado ocho años de aquel 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Ayotzinapa, Guerrero.
Sigue la incertidumbre
Esa noche, los jóvenes se dirigían a bordo de dos autobuses a Iguala, pero fueron interceptados por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los confundieron con integrantes del rival Los Rojos, los jóvenes fueron entregados a este clan por policías de Iguala.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían relación con Guerreros Unidos, muchas de las policías de Iguala estaban alineadas con ese grupo criminal.
Lamentablemente por lo menos 17 de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, de lo que se tiene certeza, por la intervención de los mensajes a sicarios de Guerreros Unidos quienes trabajaron para desaparecer a los normalistas, es que ellos son los responsables del caso.
El tema se politizó, la actual administración había prometido encontrar con vida a esos estudiantes, y la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue parte de la campaña de Morena en toda esa zona del país.
Llegaron al poder, se toparon con la realidad y el actual Gobierno decidió reiniciar la investigación, ahora encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración que pertenece a la Secretaría de Gobernación y que está a cargo de Alejandro Encinas.
El pasado 18 de agosto se presentó el nuevo informe, Alejandro Encinas aseguró que ya no se encontrarán con vida a esos muchachos, algo que se sabía desde hace años, pero jugaron políticamente con el tema, a pesar del dolor y sufrimiento de las familias.
Y desde la oficina de Alejandro Encinas se decidió centrar la investigación en las declaraciones de uno de los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos: Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, quien dice que varios militares están vinculados al caso Ayotzinapa, hablamos de un delincuente que ha confesado ser partícipe de la desaparición de los 43 normalistas y que ahora es testigo protegido.
Recordemos que hay testimonios y llamadas y mensajes interceptados aquella terrible noche y los días subsecuentes de cómo este sicario operó para la desaparición de los jóvenes. Gildardo López Astudillo está en libertad porque se argumentó tortura, pero no hay sentencia que sea inocente del crimen.
Pues ese sicario confeso es el principal testigo protegido de la investigación de Alejandro Encinas. Una indagatoria hecha para poder dar respuesta, aunque no sea apegada a lo que realmente sucedió hace 8 años. Pero hay una consigna y ésa es encontrar culpables.
Con los dichos de El Gil, quien consiguió dejar la prisión, pese a formar parte de un grupo de la delincuencia organizada, es que han librado órdenes de formal prisión, sin tener una prueba contundente.
La principal tarea de esta comisión era resolver la desaparición de los estudiantes, encontrar los cuerpos; sin embargo, esa parte no se ha cumplido, y desde el año pasado sólo se han repetido análisis de ADN, se ha regresado al lugar donde fueron vistos por última vez, en el basurero de Cocula, aunque hoy se dice que fue en otro sitio a 800 metros de este lugar, conocido como la Barranca de la Carnicería.
Entre los militares señalados está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el coronel José Rodríguez Pérez. Jorge Fernández Menéndez lo entrevistó desde la prisión militar en el Campo Militar número 1 y lo transmitimos en Todo Personal de ADN40.
El general Rodríguez Pérez acudió a declarar de forma voluntaria desde el primer momento en el que escuchó su nombre en las indagatorias.
Al general Rodríguez y sus cuatro subalternos les dictaron auto de formal prisión la semana pasada, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Enrique Beltrán Santes. El delito es de delincuencia organizada.
Este mando militar fue señalado por el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa como el responsable de dar la orden para asesinar a seis estudiantes normalistas que permanecían vivos el 30 de septiembre del 2014 en una bodega ubicada en la comunidad de Pueblo Viejo, Iguala.
Lo señala, reitero porque me parece absurdo, el sicario confeso, que ahora ha cambiado su versión y sobre quien sí pesan pruebas, Gildardo López.
El general Rodríguez Pérez tenía cuatro años de haberse retirado y estuvo 44 años en servicio, operó en múltiples estados, pero en Guerrero es conocido por dar el mayor número de golpes al grupo criminal Guerreros Unidos, por eso menciona que es contradictorio que lo culpen de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Negó la participación de militares en la desaparición de normalistas, porque explicó que el Ejército por ley no puede participar en asuntos civiles, como fue en su momento el enfrentamiento que normalistas tuvieron con policías municipales.
En la entrevista contó que el día de la toma de los 43 estudiantes, la intervención castrense fue bajo una petición de ayuda de la policía, que los elementos del Ejército llegaron al Hospital Cristina donde había reportes de estudiantes heridos, pero detalló que arribaron tras una denuncia de que en ese lugar había gente armada, pero nunca detuvieron a personas, porque esa tarea no es parte de sus funciones.
Además, aseguró que los militares que llegaron al Hospital Cristina no salieron del 27 Batallón de Infantería de Iguala, sino que se trataban de elementos que antes habían atendido otra solicitud de apoyo en Santa Teresa, donde habían reportado gente armada disparando contra el autobús donde viajaba el equipo Los Avispones de Iguala.
Recordó que dos días después de lo sucedido, padres de los normalistas desaparecidos acudieron a él para solicitarle apoyo, los atendió y les hizo varias propuestas para buscarlos, detalló que en esa ocasión junto a él estaba el encargado de Derechos Humanos estatal.
Mientras que el Juez de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura, exoneró de este caso a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por falta de pruebas.
Pero Abarca seguirá en prisión debido a que un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por liderar al grupo criminal Guerreros Unidos.
En medio de estas decisiones judiciales, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa continúan haciendo destrozos, sin que existan detenidos; la semana pasada, vandalizaron la embajada de Israel en México el miércoles 21 de septiembre; al día siguiente atacaron las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en avenida Insurgentes, dejando 11 policías lesionados; el viernes arrojaron piedras, cohetones y petardos al interior del Campo Militar número 1. Es una provocación.
Y para la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador con todas las promesas que hicieron en campaña de que se resolvería el caso, no lo podrán hacer. Hoy deben de dar respuestas, aunque no se tengan, y por eso hoy están Murillo Karam y los militares tras las rejas, mientras quienes los acusan, delincuentes confesos, están libres y cada día más envalentonados.
