La venganza contra el Poder Judicial
A poco más de un mes de que el Presidente López Obrador deje el poder, se aprobó la reforma al Poder Judicial en lo general en comisiones de San Lázaro. Esto forma parte de las 20 iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el Presidente, entre los cambios que se buscan lograr es la elección de jueces, magistrados y ministros por elección popular.
Fueron siete horas de debate intenso. Los legisladores de Morena y sus aliados avalaron el proyecto que plantea también la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en 2025.
Los requisitos para que se pueda participar en las candidaturas son mínimos, no se puede comparar lo que implica llegar a esos cargos en la actualidad, la carrera en el Poder Judicial es muy larga y la gente se va profesionalizando.
Claro que el Poder Judicial actual es perfectible, pero lo que se está proponiendo no se acercará nada a tener un Poder Judicial que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos en México. Imagínese, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como requisito, debe tener 5 años de experiencia y haber sacado un mínimo de ocho de promedio en la carrera, sin importar de qué universidad sea.
Los cambios que se quieren hacer en esta reforma, entre otras cosas, es la reducción de los ministros y ministras de la SCJN, que pasarán de 11 a nueve. Los ministros, magistrados y jueces de distrito serían elegidos por el pueblo, entre otras cosas, y se busca replicar en los distintos estados para los poderes locales.
Esta reforma está generando incertidumbre jurídica en los mercados y con nuestros socios comerciales. Incluso, se violan los acuerdos establecidos en el tratado comercial de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos.
Apenas el jueves 22 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó su descontento por la reforma al Poder Judicial, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende elegir a los jueces y magistrados por voto popular.
El embajador consideró que “la elección popular de los jueces es un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia mexicana”. El funcionario estadounidense considera que una reforma judicial debe estar protegida de “la corrupción política”.
Advirtió que, en caso de aprobarse la reforma al Poder Judicial, se enfrentaría a una “feroz política” que generaría una incertidumbre política que se desataría en 2025 y 2027, que amenaza la histórica relación comercial y generaría desconfianza entre inversionistas.
Ayer se publicó un comunicado de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá en México, llamaron al Gobierno de nuestro país a realizar “una mayor evaluación de las consecuencias de la Reforma Judicial y la desaparición de los órganos autónomos para las inversiones”.
A través de un comunicado, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) dijo: “Cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente prestar atención. La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos”.
La AmCham recordó que tanto las empresas estadounidenses como mexicanas generan 10 millones de empleos en nuestro país, por ello, indica que “observa en la reforma al Poder Judicial riesgos en su independencia, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión”.
Las calificadoras financieras también han alertado sobre la desestabilización que puede generar esta reforma al Poder Judicial.
Por ejemplo, el banco de inversiones Morgan Stanley adelantó que degradará la calificación para invertir en México; la agencia calificadora Fitch advirtió que la aprobación afectaría negativamente la nota soberana de México.
CitiBanamex también señalo que los mercados están subestimando el riesgo económico no sólo por las reformas al Poder Judicial, sino por la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que tendrán Morena y sus aliados y que fue avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 23 de agosto.
Además del embajador de Estados Unidos en México, el embajador de Canadá en nuestro país también ha mostrado preocupación por la reforma del Presidente López Obrador.
Sobre la revisión del T-MEC, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), mencionó que el actual acuerdo fue firmado bajo condiciones distintas a las que se enfrentará en dos años.
Los empresarios miembros de la Cámara de Comercio de Canadá en México representan una inversión directa superior a los 573 mil millones de pesos y es el tercer país con mayor inversión extranjera directa en nuestro país.
Hay un tema que debería de tener muy preocupados a los encargados de las finanzas del Gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, y es que muchas empresas extranjeras, al no tener certeza jurídica, podrían llevarse su inversión a otro país. Es verdad, por la cercanía de México con Estados Unidos sería mucho más fácil trabajar con nuestro país, pero ninguna empresa va a meter su dinero en una nación donde no tienen confianza en su sistema judicial.
El Presidente López Obrador se ha mostrado molesto en sus conferencias matutinas con respecto a las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá.
Para el Presidente, los comentarios de los embajadores fueron desafortunados e imprudentes, y dijo que “no aceptaremos injerencismos” de gobiernos extranjeros en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, y ha señalado que los comentarios del embajador “son parte de los contrastes” de la relación entre México y Estados Unidos.
Además, acusó que “Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América”.
A partir del 1 de septiembre que se instaure la nueva Cámara de Diputados, se podrá votar esta reforma que después irá a la Cámara de Senadores, donde a Morena y sus aliados sólo les faltan tres senadores para tener mayoría absoluta.
Todo indica que buscarán la forma en que tres senadores, que no son de ellos, voten a favor de esta reforma al Poder Judicial, que será muy perjudicial para nuestro país.
Mientras tanto, el Presidente quiere mostrar todo su poder a pocos días de dejarlo. Llegó a la Presidencia cancelando el aeropuerto de Texcoco, mismo que, por cierto, se terminó de pagar y no se construyó. El TUA, va directo a saldar la deuda de un aeropuerto que nunca veremos.
La reforma al Poder Judicial parece más una venganza. El Poder Judicial ha interpuesto amparos, por ejemplo, para obras como el Tren Maya, y eso al Presidente no le ha gustado.
Será este, y hasta el próximo 1 de octubre que tome posesión el nuevo Gobierno, el mes más peligroso en toda la gestión de López Obrador.
