Las campañas y los apoyos sociales

Estamos viviendo en México un momento de campañas electorales en lo que será la elección más grande en la historia de nuestro país por la cantidad de cargos que se están debatiendo.

Sobre todo, aquéllos del partido en el poder Morena, que buscan no sólo ganar la candidatura presidencial, gubernaturas, presidencias municipales, sino tienen un reto claro que es la mayoría en el Congreso para poder gobernar con casi ningún contrapeso, y por eso declaran cada vez que pueden que necesitan un Plan C, que es tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, diciéndole a la gente que es para poder conservar los programas sociales. Esto es mentira, quieren la mayoría en las cámaras para tener cada vez menos contrapesos.

La realidad es que es puro discurso electoral el decir que, si no se vota por Morena, los apoyos sociales van a desaparecer, es mentira, es más, la mayoría no se pueden eliminar porque están estipulados en la Constitución.

Y es que la gente se está sintiendo amenazada pensando que se les pueden quitar sus apoyos sociales, sobre todo los adultos mayores y los jóvenes.

Lo cierto es que estos apoyos que entrega el Gobierno federal o los gobiernos estatales no están en peligro de desaparecer, porque además no se trata de una dádiva, sino de un derecho constitucional. Y es un dinero que no regala el Gobierno, sino que se genera de la gente que paga impuestos.

Legalmente, quien utilice los programas como una condicionante para ejercer el voto, está cometiendo un delito electoral.

De acuerdo con datos del diputado de Morena Ignacio Mier, 12 millones de adultos mayores de 65 años y más reciben este beneficio y más de 13 millones de jóvenes están recibiendo una beca para que continúen sus estudios y no abandonen la escuela.

Acceder a estos programas sociales no es difícil, siempre y cuando se cuente con credencial del INE, del INAPAM o se acredite que estás estudiando o que tienes alguna discapacidad.

Lo que no está claro es cómo este beneficio llega a las personas que en realidad lo necesitan, pues mucha de la información no está disponible y quienes se han dado a la tarea de revisar los datos que están a la mano, indican que estos presentan irregularidades.

Poco antes de fallecer el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, aseguró que “600 mil fantasmas cobran Pensión del Bienestar” criticando al actual Gobierno. Este tema se tiene que aclarar, porque si es verdad que ese dinero no llega a la gente que lo necesita, ¡imagínese esos recursos bien administrados a cuánta gente pudieran apoyar!

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 19% de los programas que impulsa el Gobierno federal no han logrado identificar adecuadamente su población objetivo. Ello significa que 66 mil 664 millones 700 mil pesos no tienen un sector claro al cual beneficiar.

En su Informe de Monitoreo de Programas Prioritarios 2023, Coneval destaca que entre los retos que enfrentan los programas está la identificación adecuada de una población objetiva o un resultado esperado.

No se sabe con exactitud, por ejemplo, los temas relacionados con la salud y medicamentos gratuitos. No sólo es un tema de repartir dinero sino cómo se reparte y cómo llega a los más necesitados.

En 2020, el 43.9% de la población del país se encontraba en pobreza y el 8.5% en pobreza extrema, en este contexto, dice Coneval, que el objetivo de los programas sociales es mejorar la calidad de vida de las personas en ámbitos particulares para reducir la pobreza. Sin embargo, para que los programas puedan cumplir su fin, éstos deben tener continuidad y adecuarse a las evaluaciones y recomendaciones emitidas, de tal forma que se cumplan las metas en la población objetivo.

Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) revela que en este sexenio (2019-2023), el monto destinado a los programas sociales aumentó 110.6% en términos reales.

Sólo en 2023, el Ramo Bienestar reportó el presupuesto estimado más alto en los últimos 11 años y, en este 2024, que es año electoral, esta dependencia fue una de las que más recursos recibió, al obtener 543 mil 933.0 millones de pesos.

Fue el 24 de marzo de 2020, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, cuando se aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional, con lo que se elevaron a rango constitucional los programas sociales.

Se ha tratado de mal informar en redes sociales que la candidata Xóchitl Gálvez habría votado en contra de incluir los programas sociales en la Constitución. Esto es mentira, la candidata Gálvez voto a favor de tener en la Constitución estos apoyos, para que llegue quien llegue, la gente no pierda lo que hoy le han otorgado.

Pero también es cierto que no todos los apoyos están llegando a quien realmente los necesita.  Por ejemplo, Coneval asegura que muchos de los programas sociales no están destinados a un sector poblacional específico.

Se tienen que ordenar los apoyos sociales para que efectivamente se entreguen, y la gente tiene que tener la certeza que vote por quien quiera votar no significará que va a perder sus apoyos sociales.

Mientras los candidatos de partidos en el poder les dicen a los votantes que van a perder los apoyos sociales, los candidatos de la oposición aseguran que éstos se van a mantener porque están en la Constitución y que se sumarán nuevos apoyos para beneficiar a los mexicanos.

Si usted está recibiendo un apoyo, tómelo y vote por quien quiera. Nadie lo puede condicionar.

De acuerdo con las leyes electorales, las sanciones para quien cometa un delito electoral como condicionar el voto a cambio de programas sociales incluyen multas de 200 a 400 días. Y prisión de dos a nueve años para aquellos que exijan el voto a favor de algún partido político, coalición o candidato como requisito para otorgar concesiones, programas gubernamentales, licencias, entre otros.