Leyes sin sentido
Si usted ha ahorrado, y logrado tener una vivienda para poderla rentar y así recibir un ingreso tenga mucho cuidado a quién le da posesión de ese inmueble. Si le dejan de pagar, sacar a esos inquilinos puede llegar a ser un viacrucis.
Si antes era difícil recuperar propiedades si se las rentaba a un inquilino moroso, hoy es mucho más difícil.
Una ley que pasó casi desapercibida ante los habitantes de la Ciudad de México llegó a garantizar, argumentando salvaguardar los derechos humanos de quien habita una vivienda, que ésta no podrá ser desalojada tan fácilmente, aunque incumpla con el contrato.
Si un inquilino está haciendo mal uso del inmueble, si no paga la renta o el dueño simplemente quiere su inmueble de vuelta una vez concluido el contrato, sacarlos legalmente de esa propiedad cada vez es más complicado.
Cualquiera que sea la razón, los propietarios se ven obligados a iniciar un juicio de desalojo o desahucio; es decir, la acción legal por la que se expulsa a la persona que ocupa la vivienda, sin título que lo legitime.
Estos juicios suelen ser muy largos y costosos, y cuando por fin se lleva a cabo el desalojo, éste se puede tornar violento, ya que los inquilinos hacen hasta lo imposible por permanecer en el inmueble; en fin, el proceso para recuperar una propiedad es tortuoso.
Una vez que se tiene la sentencia en la cual se declare la rescisión del contrato de arrendamiento y se le ordene al inquilino la desocupación del inmueble, éste tendrá cinco días hábiles para entregarlo de manera pacífica, de lo contrario se podrá ordenar la ejecución de la misma con auxilio de la fuerza pública y cargadores, con la finalidad de que sea restituida la propiedad a su legítimo dueño.
Pero más allá del daño y abuso que se hace contra quienes rentan su vivienda, el Congreso de la Ciudad de México pasó una ley, dicen los legisladores que para evitar la violación de derechos humanos y así salvaguardar las garantías de las personas desalojadas.
La pregunta es ¿quién resguarda los derechos humanos de los propietarios de los inmuebles, aquellos que dependen económicamente de esa vivienda y a quienes no les pagan la renta? Muchas veces, además de no recibir su dinero, los dueños de inmuebles tienen que pagar, por ejemplo, el mantenimiento y el predial.
Esta nueva ley pretendía apoyar a quienes rentan, no a los dueños. Por eso se aprobó que los desalojos forzosos o lanzamientos, sólo se “podrán llevar a cabo en casos excepcionales”.
Esta disposición fue contemplada en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, aprobada por los diputados y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de febrero pasado.
De acuerdo con lo establecido en la norma, antes de ejecutar un desalojo o lanzamiento, se deberá buscar la mediación y evitar la fuerza. Además, establece que las personas a desalojar tienen derecho a ser indemnizadas en caso de ser privados de bienes o de que sufran pérdidas inmateriales.
Además, la ley establece: “Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros, tomando como centro el lugar de origen”.
El artículo 60 señala: “El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico”.
Es verdad; los desalojos son horribles. Sacar a alguien de un techo cuando no tiene dónde vivir es tristísimo, pero los dueños de los inmuebles no tienen la culpa.
También es verdad que se han dado violaciones a los derechos humanos por los “despojos y desalojos irregulares que se han dado en los últimos meses en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo”.
Pero lo cierto es que esta ley puede fomentar los desalojos fuera de ley, cuando alguien está desesperado para recuperar su propiedad.
Y también ha habido muchos casos de integrantes del crimen organizado que simplemente se instalan en viviendas y se apropian de ellas.
Hasta marzo de 2019, la Procuraduría capitalina tenía tres mil carpetas de investigación por casos de despojo, “la mayoría se presentaron en Cuauhtémoc, donde se ha detectado la participación de integrantes de la Unión Tepito; así como en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez”.
El periodista Héctor de Mauleón ha documentado la existencia de una red ligada a poderosos intereses económicos y agrupaciones delictivas, que se valen de la corrupción y de la falta de certeza jurídica, para despojar a la gente de sus viviendas.
Si bien es cierto que muchas viviendas están intestadas y en litigio, hay muchas otras que están en orden, los dueños las rentan y recuperarlas es casi imposible.
Tres meses después de la publicación en la Gaceta de la Ciudad de México de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, el artículo 60 fue modificado.
Organizaciones que fueron parte de la iniciativa que privilegiaba el derecho a la vivienda criticaron los cambios que se aprobaron el 7 de mayo al artículo 60, sobre todo el respectivo a los despojos.
El texto de la norma obligaba a que se hicieran públicas las cifras de personas desalojadas, los lugares en los que sucedían y el impacto que tenían. Si bien es cierto que este punto estuvo el 8 de febrero en la primera publicación de la ley, el 7 de mayo fue borrado tras la aprobación de los cambios en el Congreso de la Ciudad de México.
Y no es para menos. Esta ley dejaba a los dueños de inmuebles totalmente desamparados.
Dicen que los países que funcionan correctamente y en donde están los menores índices de corrupción, es donde hay pocas leyes, pero estrictas e inquebrantables.
En México tenemos un sistema de leyes complejo, que no funciona. Y además, se aprueban y desaprueban leyes cada semana, según el estado de ánimo y los intereses de nuestros legisladores. Así que investigue muy bien quién será su inquilino, porque las leyes cambian, y pueden proteger a quien no pague la renta y use sin costo su propiedad.
Se multiplican abusos
Al menos 20 familias fueron desalojadas de un predio en San Luis Potosí, colonia Roma, el 26 de febrero pasado. Según la Procuraduría capitalina, se han registrado mil 295 casos de desalojos ilegales, cifra que representa un incremento de 18 por ciento en el número de denuncias por despojo de inmuebles en el último año.
