Migrantes: la frontera como pena de muerte
Muchos mexicanos estamos consternados con la política de migración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha separado miles de familias; unos 2,600 menores estuvieron retenidos, alejados de sus padres, y 102 menores de 5 años quedaron solos.
Vimos las imágenes de los centros de detención, donde tienen a los migrantes, incluyendo niños en jaulas y en condiciones muy precarias, y nos partió el corazón.
Pero casi nunca volteamos a ver lo que le sucede con los migrantes centroamericanos cuando llegan a México.
Se estima que cada año transitan por nuestro país a Estados Unidos 400 mil personas, la mayoría centroamericanas. En 2017, mientras la Unión Americana deportó a 96 mil migrantes, México hizo lo mismo con 147 mil, lo que equivale a 293 cada día.
De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, hasta el 13 de agosto de este año, nuestro país había deportado a 24 mil 783 inmigrantes de esa nación; 110 por día.
De los 24 mil 783 inmigrantes, 18 mil 830 son adultos (14 mil 708 hombres y 4 mil 122 mujeres), 4 mil 375 (2 mil 624 niños y mil 751 niñas) son menores acompañados, mientras que los no acompañados suman mil 578 (mil 281 niños y 297 niñas).
En los últimos 6 años en nuestro país se han detenido y puesto bajo proceso migratorio —que en muchos casos incluye la separación de sus padres— a más de 138 mil menores de edad.
De ellos, casi 73 mil estaban acompañados, mientras que los otros 65 mil viajaban sin ninguna compañía.
Cuando los menores viajan con sus padres, o sólo uno de ellos, son llevados a una de las 46 estaciones provisionales que hay en el país.
Después son canalizados a las 6 estaciones llamadas “concentradoras” de migrantes, de donde son deportados y en donde se llega a dar la separación de niños y padres.
Los menores pueden permanecer con sus madres, excepto que sean adolescentes mayores; entonces son llevados a un área aparte.
Pero las niñas y las adolescentes que viajaban únicamente con su padre son separadas para prevenir posibles abusos.
De acuerdo con la UNICEF, 68 mil 409 niños migrantes fueron detenidos en México entre 2016 y abril de 2018; de los cuales, 91% fueron deportados a Centroamérica.
Unos 96 mil 216 migrantes del norte de Centroamérica, entre ellos 24 mil 189 mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos entre enero y junio de este año; más de 90% estaba en México.
Pero el riesgo para los migrantes que cruzan por México no son las autoridades migratorias que los deportan, sino el crimen organizado. La historia de centroamericanos indocumentados secuestrados es recurrente.
Hace un par de semanas un grupo de al menos 20 migrantes, algunos menores de edad, originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador, partieron de Comitán, Chiapas, a bordo de una camioneta; su destino: Puebla.
Era la ruta trazada por polleros para llevarlos a la frontera con Estados Unidos
De acuerdo con el fiscal local en materia de secuestro, Alí Reybel Arista Chávez, los polleros les cobraron 15 mil pesos a cada uno para llevarlos desde la frontera de Chiapas con Guatemala.
Todo transcurría con normalidad, hasta que el conductor se desvió y tomó un camino de terracería en el municipio de San Cristóbal de las Casas.
Los migrantes fueron ingresadas a un domicilio, donde al menos cuatro personas los obligaron a proporcionar información de sus familiares en Estados Unidos o de sus países de origen. Fue así como los criminales comenzaron a contactar a los parientes de los secuestrados para exigirles grandes cantidades de dinero como rescate.
Tras varios días privados de la libertad, el martes 21 de agosto un joven hondureño de 23 años pudo escapar y caminó varios kilómetros en busca de auxilio y llegó a la fiscalía del municipio.
Se sabe que los migrantes permanecen secuestrados en alguna comunidad del municipio tzotzil de San Juan Chamula.
Se tiene información también de que los secuestradores grabaron un video como prueba de que sus familiares se encontraban privados de su libertad y así exigir el pago del rescate. En las imágenes se observan niños, hombres y mujeres llorando.
Hasta el cierre de esta edición, no se sabía nada de ellos.
Esta situación no es nueva en Chiapas. El pasado martes 12 de junio elementos de la PGR en Chiapas, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), rescataron a 91 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Autoridades migratorias en Chiapas aseguran que las solicitudes de refugio en el estado aumentaron 300 por ciento en los últimos años.
La Comisión Mexicana para la Ayuda a Refugiados reveló que en 2015, la cifra de solicitudes de refugio en México fue de tres mil 500 personas al año; en 2016, ocho mil 500, y sólo en el primer trimestre de 2017 se recibieron más de seis mil.
La mayoría de los migrantes que piden refugio en México son originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Haití, Belice, Nicaragua y Panamá.
Llegar a México no es fácil. Uno de los episodios más trágicos se vivió en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
A las 07:00 horas del 24 de agosto de 2010, después de recorrer 22 kilómetros caminando y mal herido, un ecuatoriano llegó hasta un retén del Ejército en la carretera 101 de Tamaulipas. Dijo: “Soy Luis Fredy Lala Pomavilla, de 18 años, inmigrante ecuatoriano rumbo a los Estados Unidos. Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.
Fue así como las autoridades localizaron un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, donde encontraron 72 migrantes asesinados (58 hombres y 14 mujeres), la mayoría centroamericanos; pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Todos estaban formados en fila y maniatados.
El crimen organizado secuestra migrantes para pedir dinero por ellos o para hacerlos trabajar para los cárteles de la droga, que ha sido el caso de muchos de los migrantes encontrados en fosas comunes. Les dieron dos opciones: trabajar para Los Zetas o la muerte.
Después se supo que lo de San Fernando no fue una masacre aislada. En los ocho meses posteriores se descubrieron 196 cadáveres enterrados en 47 fosas clandestinas sólo en Tamaulipas.
Historias como éstas no cesan en el territorio mexicano. Y es que el riesgo para los migrantes es mucho en nuestro país; en el mejor de los casos se topan con autoridades migratorias y son deportados; pero en muchas otras ocasiones se encuentran con el crimen organizado, con un altísimo riesgo de perder la vida.
La migración no tiene fronteras; es un drama a nivel global y en la mayor parte de los países cada vez se cierran más a tener migrantes.
Y siguen victimizados
A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos por la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
El miércoles, el canciller ecuatoriano José Valencia se reunió con el comisionado Jaime Rochín para que se hiciera la entrega de las compensaciones, las cuales fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y por motivos de seguridad no se hicieron públicos.
Los primeros en recibir estos recursos fueron 48 ecuatorianos, aunque el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil. Hace un año familiares de las víctimas denunciaron que aún había cuerpos sin identificar y no tenían acceso al expediente del caso.
El mismo miércoles se dio a conocer que Fredy Lala Pomadilla, el único sobreviviente de la masacre, actualmente trabaja en el campo, junto a su padre, en su país natal. Dijo que regresó porque las autoridades de le ofrecieron tierras de labranza, animales para criar, una camioneta para trabajar, atención psicológica y diversos apoyos que jamás le dieron. También pide asilo humanitario porque dice sentirse inseguro en Ecuador.
