Militares y Ayotzinapa
“Hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, son las más recientes declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso.
Así lo dijo en su conferencia matutina del pasado 24 de junio, en la que también informó que el próximo 3 de julio dará a conocer su propio informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, esto debido a que no encontró pruebas contra elementos castrenses.
El tema ha provocado confusiones y varias confrontaciones con activistas, padres de familia de los normalistas e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que regresó a México para revisar nuevamente el caso.
Lo cierto es que desde antes de la campaña presidencial del 2018, López Obrador prometía dar con los responsables y señalaba al Ejército de haber participado en la desaparición.
En marzo de 2016, cuando López Obrador no tenía cargo público, acusaba al Gobierno de Enrique Peña Nieto de tener un pacto con el narco y los militares en el caso, incluso ,ese año escribió en redes sociales que el Gobierno detenía a Joaquín El Chapo Guzmán, pero no era capaz de encontrar a los culpables del caso Ayotzinapa.
En este espacio le hemos dado seguimiento al caso desde 2014, y hemos presentado documentos con pruebas que demuestran que la desaparición de los jóvenes estaba relacionada con una confusión entre grupos criminales, uno de ellos que apoyaba al entonces presidente municipal de Iguala y su esposa.
Era un tema que le correspondía atender a los policías municipales, y fueron ellos los que entregaron a los jóvenes con los sicarios, según las declaraciones de quienes privaron de su vida a algunos de los normalistas. Los militares ni siquiera tenían autorización para actuar en este asunto.
La pregunta del millón es: ¿Por qué el Presidente López Obrador asegura que los militares no participaron en la desaparición de los jóvenes, si ha dicho en ocasiones anteriores que personal de Sedena habría participado en esta desaparición, y hace un par de meses la FGR demandó a una jueza y a los miembros de un tribunal por haber ordenado la libertad condicional de ocho de los 13 militares que están procesados por el caso Ayotzinapa?
Lo más grave es que ahora el Presidente reconoce que no participaron militares en este crimen, los culpables están libres y todavía hay inocentes detenidos por este caso por testimonios de sicarios.
Así está detenido el general José Rodríguez Pérez, un militar con 44 años de servicio, con una hoja de servicio impecable y que nunca había tenido denuncias por corrupción o violación de derechos humanos.
La prueba contra varios militares y el exprocurador Jesus Murillo Karam, quien hoy ya está en prisión domiciliaria y cuyo paso por la cárcel terminó de deteriorar su salud, fue la declaración de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, el narcotraficante que encabezaba la célula de Guerreros Unidos en Iguala, quien es el autor confeso de la desaparición de los jóvenes estudiantes.
El mismo Cabo Gil aceptó los crímenes y la DEA hace años entregó a México pruebas, porque esta banda tenía relación con grupos criminales en Estados Unidos.
Y es que el exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, con el respaldo del exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó pruebas apócrifas de mensajes que nunca verificaron, y así han mantenido a inocentes en la cárcel y a sicarios en libertad.
El Cabo Gil había asegurado, sin prueba alguna, que entre el 3 y 4 de octubre, camiones del Ejército y de sicarios, en forma conjunta, llevaron restos de los estudiantes y de los criminales muertos al basurero de Cocula. Dejaron en libertad a este sicario y detuvieron a inocentes.
En julio de 2023, cuando estaba estancado el caso, las familias de los 43 estudiantes pidieron a López Obrador que definiera “de qué lado está: si del lado del Ejército o del lado de las familias”, y esto se debía a que el Presidente, en ese momento, indicaba que no existía pruebas de que los militares estuvieran involucrados.
En septiembre de 2022, el mandatario dijo que las órdenes de aprehensión contra militares, que después el fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó que se cancelaran, fueron para reventar la investigación y generar una rebelión dentro de las fuerzas castrenses.
Entonces dijo: “En todo hay intereses, que intentaron responsabilizar a 20 militares, pero que en realidad eran 5 de alto rango y que se buscaba una rebelión para frenar la investigación, pero que eso no iba a pasar”.
Estas declaraciones las daba luego de que el GIEI había acusado que el Ejército había provocado un estancamiento en el caso, al no entregar conversaciones telefónicas, que el grupo consideraba como fundamentales.
Por esta polémica Omar Trejo, fiscal especializado para el caso, renunci, ante las acciones de Gertz Manero de frenar las órdenes de captura contra militares.
Pero un año antes su versión era otra: en enero de 2021, cuando fueron detenidos varios militares, incluido un capitán del Ejército, López Obrador corroboró la nueva versión del caso Ayotzinapa, que en ese momento se daba a conocer, en la que, según un testigo protegido, los 43 estudiantes fueron detenidos en operación conjunta de militares, policías y sicarios.
López Obrador también aseguró que no era igual a otras administraciones federales pasadas y que todos los involucrados, incluidos los militares, serían procesados.
En ese 2021, cuando Alejandro Encinas era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, El Cabo Gil logró un acuerdo con el Gobierno federal para obtener protección a cambio de dar a conocer detalles de lo ocurrido con los jóvenes y fue él quien señaló a los militares.
A casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares, estudiantes y activistas exigen que se esclarezca.
Es un caso que han enredado tanto por temas políticos, que han encarcelado inocentes, liberado culpables y no se les ha hecho justicia a los estudiantes desaparecidos y a sus familias.
Investigación documentada
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban trabajando con un grupo criminal Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo. Ella se encontraba en un mitin y se le dijo que llegarían a boicotear al acto integrantes de Los Rojos, banda enfrentada con Guerreros Unidos, por lo cual la policía de Iguala, muy ligada a Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes. Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En el 2014, el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón. Los estudiantes habían sido confundidos por Guerreros Unidos de pertenecer al grupo contrario, el de Los Rojos.
José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraban detenidos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue detenido en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que, dijo, no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos y puestos en libertad en 2019, argumentando fallas al debido proceso.
